"No se trata de ninguna manera de una persecución o, como algunos han dicho, de una cacería de brujas", dijo Santos en una alocución en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en referencia al acuerdo alcanzado con las FARC sobre la jurisdicción especial que se aplicará en el denominado período de posconflicto. La misma aplicará a los civiles que "quedan en medio del conflicto y algunas veces pueden cometer, con ocasión del conflicto, conductas que sean consideradas delitos", indicó.

"Que quede muy claro: quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz", agregó.

Como parte del acuerdo entre el gobierno y las FARC en el marco de los diálogos de paz, se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más complicados de las negociaciones. El sistema integral de justicia estará formado por cinco herramientas, entre ellas la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Santos dijo que quienes voluntariamente colaboraron con grupos armados ilegales "podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz", pero "se concentrará en aquellos casos en los que haya existido una participación determinante". "La palabra determinante es crucial", remarcó el gobernante.

Asimismo, se estableció que las sanciones para quienes sean hallados culpables "no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables". Esas sanciones incluirán "acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas como el esclarecimiento de la verdad o la reparación en consonancia con aquellos que hemos dicho desde un principio que las víctimas y la satisfacción de sus derechos está en el centro de la solución de este conflicto".

En tal sentido, apuntó que los civiles que "no hayan tenido una participación determinante en estos delitos, esta jurisdicción podrá aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal".

Por último, Santos aseveró que en este momento la Fiscalía tiene más de 13.000 expedientes en los que se menciona a muchas personas que si no se benefician de esa jurisdicción especial "el día de mañana podrán ser llamados por la justicia ordinaria y sometidos a un juicio".

Por otro lado, el ministro Cristo dijo que los acuerdos sobre víctimas y justicia transicional no son de impunidad como lo aseguró Human Rights Watch (HRW), y señaló que en las próximas semanas habrá una reunión con el organismo humanitario. Cristo respondió a las críticas que lanzó desde Washington el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien calificó el pacto alcanzado por las partes la semana pasada en Cuba como "una piñata de impunidad".

"Puedo asegurar que una vez que Human Rights Watch profundice en el acuerdo y lo mire en su conjunto va a entender que es un acuerdo que vale la pena", señaló el ministro al reconocer que para lograr la paz se debe sacrificar "algo de justicia". Según Cristo, con el pacto se está "garantizando mucha verdad, reparación a las víctimas y sobre todo algo esencial: garantías de no repetición". "Muchos colombianos quisiéramos imponer penas mucho más severas, sabemos que hay sectores que no son amigos del proceso de paz, aunque no es el caso de HRW y del señor Vivanco", indicó el jefe de la cartera del Interior.

Aunque el acuerdo contiene alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad, HRW denunció que un análisis minucioso del texto revela "numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías". "Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves", recordó el responsable de HRW. "Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio", lamentó Vivanco.

HRW denunció los términos del convenio porque considera que "es importante que la sociedad colombiana e internacional sepa lo que está en juego", y pidió que "antes de aplaudir o rechazar un acuerdo de esta naturaleza, lo revisen y verifiquen si esto es tan grave como lo que estamos denunciando el día de hoy".

El gobierno de Santos y las FARC negocian desde hace tres años en Cuba y ya han llegado a acuerdos en los puntos de desarrollo agrario integral, participación política de los guerrilleros que se desmovilicen, solución al problema de las drogas y en el tema de las víctimas.