La revelación de Página/12 de que, justo ahora que tendrán de abordar las cautelares que frenaron los tarifazos de agua, luz y gas, el gobierno de Mauricio Macri les concedió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia el “derecho a upgrade (ascenso de categoría) a clase ejecutiva” en cualquier vuelos de Aerolíneas Argentinas repercutió en el Congreso. El bloque de diputados del Peronismo para la Victoria (PpV), que armaron los integrantes del Movimiento Evita, presentó una misiva en la sede del máximo tribunal en la que solicitan que los ministros de la Corte “renuncien al privilegio” porque “avasalla la confianza popular en la Justicia y extiende un manto de sospecha social”. Un tema que según los diputados “se complica más tras la reunión entre el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que no fue anunciada públicamente y de la que se desconoce su contenido”.

La carta hace referencia a la nota del periodista Horacio Verbitsky publicada el domingo 17 de julio por este diario en la que se describe que “el 9 de julio el gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido”. “Mientras millones de compatriotas hacen esfuerzos desmedidos o se ven imposibilitados de pagar las facturas de gas, sobre las cuales esta Corte Suprema debe resolver, este beneficio personal por parte de Aerolíneas Argentinas a los ministros de la Corte avasalla la confianza popular en la Justicia y extiende un manto de sospecha social y en definitiva ofende el decoro que la división de poderes requiere en nuestro sistema democrático”, reza uno de los párrafos de la misiva de los diputados a los jueces.

“Nos dirigimos a ustedes a los fines de solicitar atentamente que en un gesto de respeto por las instituciones republicanas renuncien públicamente al beneficio dispuesto por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas que otorga a los ministros de la Corte Suprema derecho upgrade a clase ejecutiva en los vuelos de dicha empresa, o bien aclaren las circunstancias que son de público conocimiento respecto del otorgamiento de tal beneficio”, sostienen los legisladores que firman la carta: Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Silvia Horne, Lucila De Ponti, Andrés Guzmán y Araceli Ferreyra.

Los diputados citan allí los Principios de Bangalore (impulsados por Naciones Unidas) sobre conducta y ética judicial para combatir los hechos de corrupción en la Justicia: “Un juez no solo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”. “La concesión de este beneficio por parte de Aerolíneas Argentinas a los miembros del altísimo tribunal violenta la apariencia de libertad ante los ojos del ciudadano de a pie”, agrega otro párrafo de la carta.

La concesión de dichos privilegios se da en medio de la disputa judicial impulsada por organizaciones de usuarios y consumidores (Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza y CEPIS y Walter Abarca en la Justicia Federal de La Plata) que lograron frenar en la Justicia el tarifazo del gobierno en servicios esenciales, y que la Corte deberá resolver en el contexto del per saltum solicitado por el Poder Ejecutivo.

“Al manto de sospecha se agrega el encuentro privado entre Macri y el presidente de la Corte, Lorenzetti, en una reunión que no se hizo pública por los canales institucionales y de la que se desconoce su contenido”, sumó Grosso ante Página/12. “Por eso pedimos que los ministros de la Corte renuncien a esos privilegios. Es una buena oportunidad para que la corte dé muestras de autonomía e independencia”, sentenció.

Desde la bancada del PpV también anunciaron que impulsarán en la Cámara de Diputados dos proyectos de ley “para paliar la situación de los tarifazos”: uno que busca dejar sin efecto los aumentos y convoca a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para analizar la situación y otro que insiste en la continuidad del subsidio al consumo de gas residencial en la región patagónica.