El proyecto de régimen de contratación con Participación Público Privada (PPP) impulsado por el gobierno de Mauricio Macri fue aprobado en general en la Cámara baja por 151 votos afirmativos, 78 negativos y 6 abstenciones.

La iniciativa ya tenía media sanción del Senado, pero deberá regresar a la Cámara alta debido a que el oficialismo debió negociar algunas modificaciones para contar con el respaldo del Frente Renovador (FR) y del Bloque Justicialista (BJ). La bancada oficialista de Cambiemos descontaba la aprobación del proyecto la semana pasada, pero sorpresivamente esas bancadas no acompañaron con su voto y la norma volvió al plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto.

Por eso ayer el bloque macrista debió incluir algunas modificaciones en el dictamen de su proyecto privatizador de la obra pública. Entre otros retoques, se aceptó circunscribir el nuevo marco a obras de envergadura e incluirla requisitos medioambientales. Además, se establecieron pautas para que se priorice a las industrias nacionales en la selección de contratistas y se especificó que se deberá garantizar que los bienes y servicios provistos tengan, como mínimo, un 30 por ciento de componente nacional.

En la sesión de hoy, en la que también se aprobará el Presupuesto y una reducción de los “superpoderes” para reasignar partidas, el oficialista Daniel Lipovetzky defendió la propuesta de Participación Público-Privada enviada por el gobierno con el argumento de que "es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país". En su calidad de miembro informante de la iniciativa, agregó que "Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen y han avanzado mucho".

Desde la oposición, Axel Kicillof (Frente para la Victoria-PJ) afirmó que "esta ley no sirve, privatiza los servicios, mata la mano de obra, mata a las PYMES". El exministro de Economía insistió con que la propuesta significa "tercerizar o privatizar el proceso de contratación de obra pública en el país" y que está diseñada "para eludir el derecho administrativo argentino". "Vamos a tener que discutir en el juzgado del juez Griesa cuánto cuesta el servicio de agua", expresó al reiterar sus críticas al sometimiento a tribunales extranjeros en casos de litigiosidad entre las empresas y el Estado.

En el mismo sentido, la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) aseguró que "el nivel de entrega” de la ley es "comparable a la ley que autorizó el pago a los fondos buitres", en tanto que Graciela Cousinet (Libres del Sur) coincidió con Margarita Stolbizer al estimar que la prórroga de jurisdicción "sin la menor duda es una entrega de la soberanía nacional a tribunales extranjeros".