14:47 › DENUNCIAN A PETROLERAS POR SUPUESTA SUBFACTURACION EN EXPORTACION DE GAS

"Argentina está dejando que un trust de empresas petroleras dilapiden un recurso escaso”

El secretario de Energía Daniel Cameron, las autoridades del Enargas, y un grupo de ocho empresas petroleras fueron hoy denunciados penalmente en la Justicia federal por supuestas maniobras de subfacturación en exportaciones de gas a Chile por alrededor de 2.700 millones de dólares, se informó en los tribunales.

La denuncia fue radicada en el juzgado federal número 12 de Sergio Torres por el ex diputado Mario Cafiero (Soberanía Popular) y el abogado porteño Ricardo Monner Sans, en base a una investigación hecha en forma conjunta por el legislador con mandato cumplido y el especialista en temas energéticos Javier Llorens.

La presentación denunció que "Repsol YPF compra gas a Bolivia a 3,2 dólar por millón de BTU y se lo venden a Chile a 1,7 dólar por millón de BTU porque del otro lado de la cordillera se lo compra Endesa, que es una empresa del mismo grupo". Sin embargo, según la denuncia, "el mismo gas es vendido a Brasil a 3,2 dólar por millón de BTU o sea que con el país vecino no habría pérdidas, aunque tampoco ganancias".

La nómina de empresas denunciadas incluye además de Repsol YPF a las firmas "Pluspetrol, Total Asutral (Sofina); Pan American Energy (grupo Bulgheroni); Petrobras, Tecpetrol (Techint); Pioneer Apache; Sipetrol" las cuales "concentran el 94 por ciento de la producción de gas natural del país".

Las presuntas maniobras infringirían las leyes de Hidrocarburos porque esa norma "establece que se puede exportar siempre que se realice a precios comerciales razonables" y la ley de marco regulatorio que "autoriza las exportaciones siempre y cuando estén satisfechas las necesidades de Argentina", agregó la denuncia.

"La secretaría de Energía y el Enargas están permitiendo que un trust viole la ley en benficio propio y en desmetro de lo nacional", comentó Cafiero. Y dijo que "Argentina está dejando que un trust de empresas petroleras dilapiden un recurso escaso y no renovable para que hagan su negocio, mientras se calcula que el país tiene reservas de gas solamente por doce años más".

Los denuciantes pidieron al juez que investigue si los funcionarios y empresarios incurrieron en el delito de “administración fraudulenta", que está castigado por el Código Penal por condenas de dos a seis años de prisión.

Fuente: DYN

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