El primero de los hechos se produjo el pasado 14 de diciembre, cuando funcionarios del gobierno de Maza ocuparon la legislatura con la intención de evitar la eliminación de la cláusula constitucional que habilitaba la reelección indefinida, lo que sucedió posteriormente.

En tanto, la ocupación de la Casa de Gobierno se produjo el 13 de marzo, horas antes de que la Legislatura dispusiera la destitución de Maza, en el marco de un juicio político por la compra irregular de tierras fiscales.

Por la causa de la Legislatura, el juez de Instrucción Miguel Angel Morales dispuso el procesamiento con eximición de prisión por presunta "sedición" contra el hermano del ex gobernador y ex funcionario provincial, Jorge Maza, y contra Natalia Celeste Alvarez Gómez, Ricardo Levedevsky, Ariel Nicolás Wassan Alí, Carlos Antonio Garrobo y Marcelo David Alvarez Bazán, alias "Tyson", todos dirigentes mazistas.

Además, Morales dictó la falta de mérito de varios ex ministros y secretarios de Estado del gobierno de Maza.

El magistrado evaluó una gran cantidad de testimonios fílmicos, fotográficos y de testigos que dieron cuenta de la presencia de estos dirigentes dentro y fuera del recinto legislativo, antes y después de la toma de la Legislatura.

Tras la toma, el recinto parlamentario quedó prácticamente destruido y parte del equipamiento tecnológico fue robado.

En el marco de esa investigación había sido procesado semanas atrás el entonces jefe de la Policía provincial, comisario Julio Nieto, a quien se lo acusó porque habría "liberado" la zona de la Legislatura.

Por su parte, el juez de Instrucción Alejandro Arce pidió la captura nacional de otro ex funcionario de Maza, integrante del Consejo de Políticas Sociales, Hugo Sánchez.

Sánchez está prófugo y comprometido en la causa por la toma y los desmanes ocurridos en la Casa de Gobierno entre el 13 y 14 de marzo pasado, cuando el gobernador resistió durante 24 horas su suspensión mientras esperaba que llegara la intervención federal, que nunca fue dictada.

Este dirigente fue citado varias veces por el juzgado de Arce para ser indagado, pero ante su negativa a presentarse el magistrado pidió la captura nacional.

Durante la ocupación de la Casa de Gobierno fueron quemados, equipos de computación y aire acondicionado, a la vez que mucha documentación, sobre todo de contaduría, habría sido destruida, según denunció el propio vicegobernador Luis Beder Herrera, tras hacerse cargo del Ejecutivo.