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Tres represores que actuaron en la ESMA, uno condenado y los otros procesados por delitos de lesa humanidad, pretenden ingresar como alumnos de UBA XXII, el programa de educación universitaria en las cárceles. Quieren estudiar Abogacía y Sociología. Uno de ellos ya está inscripto, a fuerza de una intimación judicial. Los otros dos podrían ser inscriptos en los próximos días. Los profesores, y hasta los internos alumnos del programa, expresaron su rechazo, alegando “violencia moral”. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, planteó que la situación es, “además de indignante, conflictiva con los objetivos del programa”. Mientras, desde la carrera de Sociología se impulsa un proyecto con términos y opiniones similares en la Facultad de Ciencias Sociales. Las autoridades de UBA XXII esperan un pronunciamiento del Consejo Superior de la universidad para resolver qué hacer.

Se trata de Adolfo Donda, condenado junto a Alfredo Astiz y Jorge Acosta en el primer juicio a los represores de la ESMA. Se trata de Juan Carlos Rolón, juzgado en el mismo juicio, aunque sólo por la desaparición de las monjas francesas, quien resultó absuelto, aunque sigue procesado y será juzgado por decenas de otros delitos. Se trata de Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo del ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Suárez Mason), procesado con prisión preventiva. Rolón y Donda quieren estudiar Abogacía; Suárez Mason, Sociología.

“La decana de Derecho (Mónica Pinto), la secretaria académica de la UBA (Catalina Nosiglia) y el propio rector (Ruben Hallu) han expresado su preocupación sobre el tema”, dijo a Página/12 el director del Programa UBA XXII, Ariel Cejas, aunque reconoció que aún “no hay una decisión institucional” al respecto. “Yo mal puedo como director del programa arrogarme facultades que no tengo, hasta tanto el Consejo Superior no se expida –dijo Cejas–. El problema a resolver es si jurídicamente la universidad puede negarles el derecho a estudiar a ciertos detenidos.”

El camino del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA quieren transitar los represores de la Marina. El primer aspirante fue Rolón, alojado en la cárcel de Marcos Paz, quien pidió su inscripción a fines del año pasado. La UBA, en principio, no lo inscribió, por lo que recibió una intimación judicial para que habilitara el derecho del detenido al estudio. “La universidad resolvió entonces inscribirlo libre, para que no tenga que cursar con los demás internos”, contó Cejas. Rolón debía rendir en marzo su primer examen, pero la mesa fue levantada ante la falta de profesores.

Hace dos semanas llegaron los pedidos de inscripción de Donda y Suárez Mason, desde el hospital del penal de Ezeiza. “Cada unidad académica es independiente. Yo me comuniqué, en este caso, con las autoridades del CBC, que habilitaron la inscripción –dijo Cejas–, así que se los va a inscribir como libres en el transcurso de este mes”, siempre que el Consejo Superior no decida lo contrario. Si esto no sucediera, Donda y Suárez Mason comenzarían sus exámenes libres a mitad de año, al igual que Rolón, cuya primera mesa fue levantada.

La cursada de los internos regulares empezó el 26 de marzo. Entre carreras, CBC y cursos extracurriculares, este inicio lectivo reunió alrededor de 550 inscriptos. Del total, más de cien firmas de alumnos solicitaron no cursar con detenidos por crímenes de lesa humanidad. El rechazo también llegó desde la docencia.

“Hay un malestar muy fuerte. Hubo un caso (Rolón) en que hubo un recurso judicial, y la UBA no apeló”, dijo el coordinador y docente de Sociología del programa Marcelo Langieri. “Hay una violencia moral muy grande. A mí mismo, la Marina me reventó la casa. Y pudo haber sido el propio Donda. En la dictadura la carrera de Sociología fue cerrada, intervenida. Es un pasado que está presente”, dijo.

La Facultad de Filosofía y Letras recibió una carta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre alertando sobre “posibles usos indebidos y repudiables del Programa UBA XXII”. El decano Trinchero consideró que el hecho de que “personas que han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar” pretendan formarse en UBA XXII “constituye una situación, además de indignante, conflictiva con los objetivos de dicho programa”.

La directora de la carrera de Sociología, Alcira Daroqui, Langieri y el consejero y profesor Lucas Rubinich redactaron un proyecto que será presentado en Sociales, donde argumentaron que, por estatuto, la universidad tiene la potestad de “establecer las condiciones de admisibilidad” de sus estudiantes, y que los crímenes de lesa humanidad “plantean la inhabilidad moral de sus responsables para convivir en el seno de la UBA”.

Cejas destacó la complejidad del problema y se preguntó: “¿Por qué sería posible que estudie un violador, un policía que mató a un chico en el Riachuelo, un corruptor de menores y no un tipo que cometió delitos de lesa humanidad?”. El debate sigue abierto en la universidad.

Informe: Agustín Saavedra.