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Hace dos años el Tribunal Constitucional de Ecuador dejó sin efecto la ley que protegía a los funcionarios de su Banco Central de la persecución penal por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su función. A su juicio, violaba la Constitución ecuatoriana. Como corresponde a un floripondioso país latinoamericano que se precie el texto anulado no se llamaba “Ley de impunidad para los banqueros centrales solicitada por los organismos financieros internacionales” sino “Ley para la promoción de la Inversión y la participación ciudadana”. Un texto similar exige en la Argentina el Fondo Monetario, en vísperas del terremoto que arrasará con los bancos actuales y por medio de quiebras y fusiones establecerá un nuevo sistema financiero. Ecuador es el primer país sudamericano que adoptó el dólar estadounidense como su moneda.
El artículo 116 de la fallida ley ecuatoriana establecía que antes de iniciarse cualquier proceso penal, administrativo o civil contra el Superintendente de Bancos, los miembros de la Junta Bancaria, los directores del Banco Central, los directores y gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos, en actividad o retirados de la función, una comisión de “técnicos en materias bancaria, contable y legal”, debían autorizar el proceso y escuchar la defensa de los imputados. Esa “comisión de técnicos” se integraría con candidatos designados por el Presidente de la República. Pedro Pou no se hubiera sentido incómodo si su desempeño hubiera sido sometido al criterio de una comisión designada por Carlos Menem y que hubieran podido integrar Emilio Cárdenas, Manuel Solanet y Alfredo Iribarren. Además, según la ley ecuatoriana el juez de primera instancia para tales casos debía ser el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y una sala de la propia Corte actuaría como alzada. Como quien dice Julio Nazareno en la instrucción, con Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez y Guillermo López como alzada. Los banqueros centrales hubieran podido declarar por escrito, sin la incomodidad del desplazamiento, el semblanteo y la repregunta de juez y fiscal. El artículo 117 incluía una disposición transitoria pero oportuna: también los procesos civiles o administrativos ya en trámite ante otros jueces, pasarían al presidente de la Corte Suprema y continuarían de acuerdo con el nuevo procedimiento. Pero el 29 de diciembre de 2000 el Tribunal Constitucional ecuatoriano declaró la inconstitucionalidad de esos artículos. “El ejercicio de la administración de justicia es una potestad y una garantía estatal, y es ejercida por laFunción Judicial la cual no admite la formación de comisiones especiales, por expresa prohibición de la Constitución”, dijo.
Los proyectos argentinos para escindir del Banco Central la Superintendencia de Entidades Financieras comenzaron a circular en los últimos años de la presidencia de Carlos Menem, junto con la propuesta de dolarizar también la economía argentina. Junto con la moneda argentina, hubiera desaparecido la autoridad monetaria, como se denomina al Banco Central, y sólo hubiera subsistido el sector que ejerce, con persistente discrecionalidad, el poder de policía sobre el sistema financiero. El actual ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien hace dos décadas fue uno de los autores intelectuales del convenio de integración con Brasil firmado por los ex presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney se opone a la dolarización, que acabaría con el Mercosur. Lavagna también dijo en una reunión con el bloque de diputados justicialistas que no apoyaba la inmunidad para los funcionarios del Banco Central. Pero sin el respaldo del senador Eduardo Duhalde, no pudo impedir que desde el Banco Central resurgiera la propuesta de desdoblar la Superintendencia de Entidades Financieras, cuyos integrantes sí recibirían el antídoto contra el veneno judicial. Su autor es Alejandro Henke, un ingeniero electrónico con aptitud especial en gastronomía, que ingresó sin concurso al Banco Central durante la gestión de Roque Fernández y Pedro Pou. Vinculado con la UCR de San Isidro e investigado por la Oficina Anticorrupción, Henke no obtuvo acuerdo del Senado para sumarse al directorio del Banco Central, como pretendía Mario Blejer, con quien, pese a ello, continuó colaborando como vicesuperintendente.
El proyecto de autonomización de la Superintendencia de Entidades Financieras fue presentado esta semana en el Senado por el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich. Enviado en 1994 a Formosa por el ministerio del Interior, Capitanich participó con rango de ministro en la privatización del banco provincial. La provincia se había hecho cargo del pasivo: 290 millones de pesos. Los activos cayeron de 369 a 153 millones. Con lo que quedaba se formó el banco residual, a cargo de Capitanich. La jueza Judith Sosa de Lozina pidió los balances para verificar si se habían cobrado las deudas del pasivo. Le respondieron que entre 1996 y 2000 “no se inscribieron los estados contables” y le adjuntaron el balance de 2000, con todas las cuentas en cero: los 153 millones del residual había desaparecido. Massa se basó en la auditoría de la consultora Suárez-Méndez, contratada por el banco. Su informe aduce que sólo contó con un “suministro parcial de inventarios y documentación”, que no pudo “presenciar o efectuar arqueos”, y que no le presentaron “el estado de origen y aplicación de fondos”. Por esas razones “no estamos en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad con que los estados contables mencionados” presentan la información, ni con “los resultados y la evolución del Patrimonio Neto”. Massa denunció el vaciamiento ante el procurador formoseño Carlos Ontiveros , la SIGEN Nacional y el juez provincial Ceferino Arroqui Garay, quien espera obtener pasajes oficiales para viajar a Buenos Aires, donde se propone tomarle declaración a Capitanich y al otro imputado por Massa, que tuvo a su cargo “eficientizar la gestión de captación de recursos”. Se llama Aldo Pignanelli , es vicepresidente del Banco Central y a partir de mañana quedará a cargo de su presidencia.