La coalición gobernante salió fortalecida de las últimas elecciones legislativas. El espaldarazo ciudadano insufló de optimismo al oficialismo. Sin embargo, la poda a jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales vía modificación de la fórmula de movilidad inauguró otro escenario. Los sondeos de opinión, realizados por diferentes consultoras, confirman la erosión del crédito ciudadano. La atribución de culpas a la administración anterior ya no genera tantos réditos. El gobierno nacional es consciente de que la tribuna reclama menos discurso y más resultados. No es casual que el Presidente Mauricio Macri desistiera de hablar de la “herencia recibida” en la última apertura de sesiones legislativas.
En ese marco, el titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, reconoció que “necesitamos mostrar para 2019 más resultados económicos”. El gobernador mendocino percibe que el “crecimiento invisible” es insuficiente. ¿Qué pasará en 2018? El Fondo Monetario Internacional estima que la economía argentina crecerá 2,5 por ciento. Por su parte, los investigadores del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala (ITE-GA) sostienen que “el 2017 fue finalmente un año de progresiva recuperación del nivel de actividad, dejando un importante arrastre estadístico para 2018. Sin embargo, a comienzos de año, la economía real vuelve a arrojar dudas. A pesar del impacto transitoriamente expansivo de la cosecha de trigo, la sequía que afecta a la zona núcleo complica tanto el nivel de actividad como el panorama externo. Esto, sumado a la demora que exhibe la recuperación del consumo masivo, anticipa un crecimiento muy moderado entre puntas para 2018”.
Lo cierto es que si se profundiza el ajuste fiscal y salarial eso repercutirá negativamente en la actividad. Así, el modesto crecimiento –aún en el caso de lograrse– coexistirá con incremento de la conflictividad social. El grado de movilización de la sociedad argentina, aún en períodos “tranquilos”, es muy alto en términos internacionales. La Consultora Diagnóstico Político relevó 6491 cortes de vías públicas en 2016 y 5221 en 2017. La mayoría de esas acciones estuvieron ligadas a reclamos sindicales (protestas por despidos, acuerdos salariales) o reivindicaciones de movimientos sociales.
El director del Área de Estado y Políticas Publicas de FLACSO, Daniel García Delgado, sostiene en Ajuste, Desigualdad y Resistencia ¿Hacia donde vamos? que “en los primeros dos años estas protestas no lograron mucho en correr la línea del proyecto ni de las políticas públicas, por su falta de articulación horizontal y con lo político. Pero algo cambió a fines del 2017, cuando se produjo un punto de inflexión en la relación de fuerzas, al menos de la opinión pública, con la represión para aprobar la Ley previsional y el impacto que ésta tuvo en la misma base social de Cambiemos. Un cambio en la opinión pública acrecentado por el Triaca–gate, con “los tarifazos permanentes”; el manejo de las fuerzas policiales, su legitimación en algunos actos criminales; la aceptación y no control institucional de la corrupción cuando involucra a funcionarios estatales (como el caso del subsecretario de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan), y los ataques mediáticos al papado. Todo esto empezó a mellarse la relación de fuerzas entre las elites y la sociedad”.
El principal desafío de las fuerzas opositoras es canalizar políticamente esas muestras de disconformidad social.
@diegorubinzal
