Tras la derogación de los protocolos represivos de Bullrich

La Correpi, con la ministra de Seguridad

La Coordinadora contra la Represión Policial consideró un avance las medidas, pero sostuvo que seguirá "en la calle hasta el cumplimiento de toda nuestra agenda antirrepresiva".

"Fue una conversación franca, la ministra nos explicó las diferentes medidas que trascendieron por el Boletín Oficial, que consideramos un primer paso importante pero no suficiente. Por eso nosotros le entregamos una copia de nuestro boletín antirrepresivo con la agenda urgente de la calle, el detalle de una decena de medidas que faltan". La abogada María del Carmen Verdú, miembro y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sintetizó así ante Página/12 el encuentro mantenido con Sabina Frederic, junto a su colega Ismael Jalil en el ministerio de Seguridad adonde los convocó la funcionaria.

"Hablamos de nuestros planteos, a partir de preguntas de la ministra y sus asesoras, tales como el hecho de que la defensa de los policías imputados de gatillo fácil está a cargo de abogados del ministerio, el Estado policial y el uso del arma en todo momento, y la intervención en las manifestaciones, entre otras", enumeró Verdú. Y agregó: "Dejamos claro que Correpi es una organización independiente, no vamos a integrarnos a ningún espacio de cooperación, nuestra información es pública, si quieren la pueden bajar de nuestro sitio web, donde incluso está el archivo actualizado de casos de muertos por represión estatal desde 1983". 

Ese informe fue presentado el 13 de diciembre en Plaza de Mayo. Frederic les dijo que algunas de esas medidas ya las están analizando, por ejemplo el programa Restituir, por el cual durante el macrismo los acusados de violencia institucional podían volver a sus cargos. Verdú consideró que, más allá de que en la cuestión de fondo están en posiciones opuestas dado que ellos son una organización popular y el ministerio representa al Estado que denuncian, "fue una reunión cordial" cuyo único antecedente se remonta a 1993 cuando acompañaron a familiares de Walter Bulacio y Sergio Durán a un encuentro con el entonces ministro José Luis Manzano.

Según pudo reconstruir este diario, se detuvieron puntalmente en la cuestión del entrenamiento policial. "En los juicios es muy frecuente que los policías argumenten que tienen obligación de llevar el arma en situación de disparo inmediato, es decir con bala en la recamara y sin seguro. Sus defensas argumentan que se les cayó, que fue sin intención el disparo, es una constante", describió la letrada al referirse a una disposición cuestionada pero nunca derogada por las fuerzas de seguridad.

Hace tres días fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1231/2019 del Ministerio de Seguridad, que, con la firma de la ministra Sabina Frederic, deroga cinco resoluciones dictadas en los últimos dos años por su antecesora, Patricia Bullrich. "A esas resoluciones de Bullrich, así como al conjunto de su política represiva, incluyendo la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el intento de liberar a los genocidas con el 2x1, las hemos enfrentado en las calles junto al conjunto del movimiento popular", había dicho Correpi en un comunicado el mismo día. "La derogación actual afecta, concretamente, a la Resolución 956/2018, que habilitaba el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas; la 395/2019, que disponía el uso de pistolas Taser por las mismas fuerzas; la 598/2019, que establecía el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería Nacional; la 845/2019, que creó el programa “Ofensores de trenes” y la 923/2019, que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en el Complejo Turístico de Chapadmalal", enumeró la organización. 

El comunicado agrega que "las cinco resoluciones derogadas son parte de la agenda que el movimiento popular viene desplegando en la lucha contra la doctrina represiva de Bullrich, y se incluyen en el pliego de medidas que CORREPI viene planteando, desde antes de las elecciones generales, como urgentes e imprescindibles para revertir el criminal legado dejado por el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional".

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