A 15 años del desastre de Cromañón , tres de los abogados querellantes expresaron a Página|12 sus opiniones acerca del resultado de los cuatro juicios penales que se realizaron. José Iglesias, que además es padre de una de las víctimas, consideró que “el resultado fue tibio porque muchas cosas quedaron afuera”, mientras que Fernando Soto señaló que fue “un proceso emblemático porque se llegó por primera vez a la condena de algunos funcionarios”. En cambio, Marcelo Parrilli sostuvo que “las condenas fueron leves y no se avanzó en la escala superior para sancionar las responsabilidades políticas”. Por otra parte, Iglesias subrayó que “lo más grave son las chicanas del gobierno (de Horacio Rodríguez Larreta)” en las 2.000 causas civiles por reparación de daños, de las cuales “sólo dos tienen sentencia firme” a 15 años del incendio en el que murieron 194 jóvenes y 1.400 sufrieron lesiones de gravedad.

Fernando Soto, que representó a más de 350 víctimas entre familiares de fallecidos y sobrevivientes, consideró que la causa fue “emblemática porque se llegó por primera vez a lograr condenas para funcionarios, como fue el caso, entre otros, de (Fabiana) Fiszbin”, quien era al momento del hecho subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño. Agregó que “fue emblemático, en lo jurídico, a partir también de los planteos de la defensa de Callejeros porque se implementó el doble conforme, que establece que tiene que haber un segundo control, que ahora la Corte dijo que debe pasar por un segundo Tribunal”.

Sobre el monto de las penas, recordó que “la mayoría de los padres reclamaban condenas más altas, pero de todas maneras fueron importantes y se han cumplido en todos los casos, por lo menos parcialmente”, porque algunos lograron la libertad condicional”. Soto mencionó como ejemplos negativos el caso de Marcela Iglesias, la nena de 6 años que murió al caer sobre ella una estatua del Paseo de la Infanta, en 1996, y el incendio en el boliche Kheyvis, en diciembre de 1993, donde fallecieron 17 estudiantes. Las dos causas prescribieron sin condenas.

“Por eso considero que nuestro trabajo no fue en vano, porque hemos logrado condenas penales que terminaron con medidas de reclusión”, resaltó Soto.

Sobre la situación actual de los sobrevivientes, precisó que “muchos han quedado con secuelas hasta el día de hoy. Aunque son los menos, algunos tienen secuelas físicas, muchos estuvieron internados con serios problemas respiratorios, en terapia intensiva, y otros con estrés postraumático y siguen hoy con cierta discapacidad laboral”. Respecto de las causas civiles contra el Estado porteño, informó que son “muy pocas” las que tuvieron un resultado favorable “con montos de resarcimiento que son una vergüenza, por 300 mil pesos y además, la mayoría de los juicios no tienen sentencia todavía”. Agregó que “no se aplica la indexación (por inflación real) sino una tasa fijada por el Banco Nación, que no responde a la realidad”.

El querellante Marcelo Parrilli se centró en el análisis de “lo que fueron las responsabilidades penales de los funcionarios políticos y creo que eso fue lo que quedó pendiente, porque las penas fueron leves y no avanzaron en la escala de responsabilidades”. Desde su punto de vista “esa fue la gran falencia que tuvieron los juicios, que se centraron en las responsabilidades directas, pero no se hizo nada para subir en la escala de las responsabilidades de los funcionarios” de mayor jerarquía.

“Cromañón se produjo porque en la Ciudad de Buenos Aires estaba el campo propicio porque el gobierno había resignado el poder de policía y no había control” sobre el funcionamiento de los locales donde se realizaban eventos multitudinarios sin las condiciones necesarias de seguridad. “Lo que pasaba era que no había control, porque todo se terminó con lo que (Aníbal) Ibarra llamó en su momento el ‘focazo’ de la corrupción de los inspectores (de la antigua comuna porteña). A ese sistema se lo liquidó, pero en su lugar se puso otro que en el que prácticamente se dependía de las denuncias particulares para recién entonces poner en funcionamiento los mecanismos de fiscalización y control”. Estimó que “al perderse la posibilidad de actuar de oficio el control se transformó de malo en nulo. Por eso, lo que ocurrió en Cromañón podría haber ocurrido en otros lugares, y de hecho siguió ocurriendo durante el gobierno (en la Ciudad de Buenos Aires) de Mauricio Macri, pero lamentablemente a veces las cosas se miden por la cantidad de víctimas fatales y los casos pasaron desapercibidos”. Señaló que este tipo de problemas con los controles “son difíciles porque hay ciertos niveles de connivencia, de corrupción, y el sistema de control es una vía abierta a la recaudación ilegal”, como quedó demostrado en el proceso por Cromañón.

José Iglesias, además de querellante, es padre de Pedro Iglesias, uno de los fallecidos en el incendio de Cromañón. “Creo que el resultado de los juicios fue tibio. Muchas cosas quedaron afuera, pero el resultado fue mucho mejor que lo que ocurrió en otros casos similares”. Aclaró que el resultado “todavía no es completo, porque tenemos el caso de (Roberto) Calderini”, ex inspector del gobierno de la Ciudad “cuya condena está en etapa de revisión, en la Cámara Nacional de Casación”, cuando el juicio se hizo en 2016. “Ha pasado mucho tiempo y todavía no tenemos una sentencia firme”, cuestionó. “Es escandaloso que todavía estemos esperando, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona muy vinculada al tema de la habilitación” del boliche Cromañón.

Iglesias insistió que siente “el gusto al que podemos acceder en Argentina con la justicia, aunque es cierto que tuvimos más que el resto”.

Más allá de su postura frente a los juicios penales, recalcó que “lo más grave son los juicios civiles, que son el primer lugar de la justicia donde se analizan los costos sufridos por cada una de las víctimas, porque allí se analiza qué le pasó a cada uno en forma personal y hasta hoy los resultados de esos juicios son una verdadera vergüenza”.

“Pasaron quince años y van a pasar muchos más, porque el gobierno de la Ciudad los sigue chicaneando de una manera vergonzosa”. Iglesias puntualizó que “esas chicanas se producen en juicios donde el margen para la duda es inexistente porque hasta el jefe de Gobierno de entonces (Aníbal Ibarra) fue destituido por ese motivo, hay condenas en los juicios penales, de manera que no hay vacíos como para que hagan chicanas, pero de todos modos, hasta intentan llevarlos a la Corte Suprema” de Justicia.

Estimó que en los juicios civiles “las sentencias firmes, terminadas, debe haber dos”, cuando el total de las causas “llegan a unas dos mil”. Denunció que “los argumentos son una vergüenza, por parte del gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta”.

El padre de Pedro Iglesias recordó que fue abogado de los familiares de la tragedia de Kheyvis “donde la primera sentencia en los juicios por daño tardó 19 años y en ese momento yo dije ‘espero que no nos pase lo mismo a nosotros, tener que esperar 19 años’, pero ya llevamos 15 y no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a los 19 por lo menos”.