La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche, que viene sufriendo agresiones por parte de quienes decían ser propietarios del predio en el que viven. "Esto significa que después de analizar las circunstancias y pedir informes al gobierno argentino, la CIDH decidió que hay un caso de extrema gravedad", resumió a Página/12 el abogado Matías Schraer la resolución 23/2020 del órgano de la OEA. 

"La CIDH solicita a la Argentina que tome todas las medidas necesarias y adecuadas culturalmente para proteger los derechos a la vida y a la integridad física de la comunidad Buenuleo, lo tiene que hacer en consenso con sus integrantes y debe informar en forma periódica cuáles son esas medidas", agregó el letrado que había pedido esa intervención al organismo internacional tras los sucesivos hechos de violencia de los que fueron víctima los mapuche en el Cerro Ventana, a pocos kilómetros de Bariloche, y donde se abrió una mesa de diálogo con funcionarios nacionales y provinciales. 

La Comisión recordó que “de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger a las personas del accionar cometido incluso por parte de terceros o particulares”; y enumeró en su resolución a los integrantes de la Comunidad -que agrupa alrededor a 60 personas entre ancianos, adultos y niños-, alcanzados por su intervención. La CIDH remitió su dictamen al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y a la comunidad Buenuleo, con la firma de su secretario ejecutivo, Paulo Abrao.


"Esta resolución sobre la Lof Buenuleo es muy importante, aparece en un momento justo. El conflicto iba creciendo y motivó la intervención del Estado nacional y provincial la semana pasada, a través del INAI y el Ministerio de Seguridad", recordó el secretario de Articulación Federal de la cartera, Gabriel Fuks, ante este diario. "Lo que viene a señalar es que el rol del Estado debe tener como norte quién es el más desprotegido y marginado durante el proceso de debate sobre las tierras, lo cual el aplicable a la situación que se vive en Mascardi, donde cada vez hay mayores niveles de violencia que es necesario acotar", completó el funcionario, mencionando la búsqueda de un acuerdo que contemple a todas las comunidades afectadas.

El ataque del 29 de abril por parte de un grupo que reclaman la propiedad sobre las 90 hectáreas recuperadas por la comunidad en septiembre de 2019 fue el más violento, pero no el único. La CIHD ya había requerido informes al Estado nacional en febrero pasado. La respuesta llegó en marzo. “Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas propuestas como beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”, indicó el organismo. 

Por la agresión de abril hay cuatro imputados por los delitos de lesiones leves, violación de domicilio, daño calificado, robo, y violación de la cuarentena. Se trata de Víctor Hugo Vera, Facundo Alexis Vera, Antonio Mario Puñalef, y Víctor Eduardo Sánchez, según informó el portal En estos días.


Por otra parte, la ministra Sabina Frederic se reunió con las investigadoras de la Universidad de Río Negro Laura Kropff y Lorena Cañuqueo con el objetivo de que la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, formada en febrero en Tucumán, pueda ser esa solución definitiva cuya necesidad persiste. 

De hecho, algunos medios volvieron a adjudicar actos de vandalismo a las comunidades que recuperarn territorio en la zona de Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017 a manos de la Prefectura. Al mismo tiempo, este diario pudo saber que la cartera de Frederic está al tanto de la represión sufrida por mujeres de la comundad wichí en Chaco, en las últimas horas.