“La manifestación, que expresa
demandas y a la vez afirma la
identidad del grupo que las porta
introduce una relación diferenciada
con el tiempo de la política (…)
intenta demostrar su fuerza para
evitar la violencia.”
“La manifestación. Cuando la
acción colectiva toma las calles.”
Olivier Fillieule
Danielle Tartakowsky
El libro citado comienza recordando que la revista Time eligió como personaje del año 2011 “al manifestante”. Es presumible que la revista autóctona Gente no imitará el ejemplo en 2017 porque sus criterios para los castings son diferentes. De todos modos, la cita viene a cuento en este marzo vibrante, signado por cinco actos masivos en menos de veinte días, contando solo la Plaza de Mayo y sus inmediaciones. Hubo muchas otras, entre frutazos y las conmemoraciones del 24 de marzo en todos los confines del país.
Las cifras son secundarias y muy estimativas. Millones de personas, en cualquier caso. Cada convocatoria tuvo su pliego de demandas, oradores o documentos vinculados a ellas, personalidad propia si se admite la expresión. No se recuerda una seguidilla de estas características desde la recuperación de la democracia.
Fuerza y no violencia, ese fue el signo que el potente aparato de propaganda oficialista intentó vanamente distorsionar. El espacio público se ocupó con respeto, una serena alegría. Los incidentes fueron mínimos, considerando la cantidad de gente congregada.
Los manifestantes salen en defensa propia. Es válido debatir sobre sus reclamos a condición de advertir que todos encuadran en la lógica institucional. Paritarias docentes, aumentos de salarios, cambios en la política económica, respeto a la igualdad de género, protección contra la violencia machista y siguen las firmas.
El gobierno del presidente Mauricio Macri ganó las elecciones y arrancó con la condigna legitimidad de origen que confiere cargos, espacios políticos… y responsabilidades. Lo que viene después, de cajón, no es apenas el “fin de la luna de miel” sino la medición popular de la legitimidad de ejercicio. Con quince meses largos de gestión, el macrismo recoge día tras días los frutos de su propia siembra. Prima el descontento, extendido en el vasto espacio de las clases medias y populares.
Cuando todo era promesa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich imaginó un minucioso protocolo para las manifestaciones. Entre otros recaudos, los organizadores debían ponderar la cantidad de participantes con antelación. Causa gracia retrospectiva imaginar que se hubiera llevado un formulario así a los gremios docentes, a la CGT, las CTA y las organizaciones sociales, a los pequeños productores agrarios del Alto Valle o Misiones, a las promotoras locales del 8M. Ni hablar de quienes lideraron la formidable jornada por la Memoria, Verdad y Justicia.
El Gobierno que vetó la ley anti despidos, que demoró la reglamentación de la de Emergencia Social, que “duerme” a las representaciones de trabajadores o de industrias, no tiene derecho a reclamar a las muchedumbres que se dispersen y que no vayan al Congreso o a la Casa Rosada. Los pone en la calle, con su política económica en especial y con todo su programa en general.
La acción directa y el ejercicio del derecho de expresión encuentran catatónico al oficialismo. La ideología le sale por los poros y lo denuncia. Ni un acto pequeño el 24 de marzo, ni una baldosa, ni una placa recordatoria. Existen silencios tan estentóreos aunque menos valiosos que las voces de la calle.
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Debates negados: El acto central de anteayer expresó una preeminencia del kirchnerismo, sin excluir otras posturas. Un inventario de todas las convocatorias del viernes seguramente arrojaría una policromía mayor. Por lo pronto, en la Plaza de Mayo se citaron también, por separado, organizaciones de izquierda que vituperaron de modo más o menos parejo al kirchnerismo y al macrismo. A aquél por la designación del general César Milani, con toda razón a los ojos de este cronista. Y por otros reproches más controvertibles como ser responsable por la desaparición de Julio López, que se supone motivada para frenar los juicios contra la impunidad que el kirchnerismo restauró, en una de sus mejores vidas. Pero, volviendo al núcleo, la discusión estuvo presente.
Lo que no se encontró fuera del staff oficialista, porque es imposible, son elogios a la política de Cambiemos en materia de Derechos Humanos. Una cita en el Facebook de Macri no fue bastante. Ni hablar de la foto de los diputados de Cambiemos con dos carteles penosos. Uno, francamente infame: “Nunca más a los negocios con los DD.HH.” (sic). Del terrorismo de estado, ni mención. Nora Cortiñas, ejemplar e infatigable militante de Madres Línea Fundadora, lo describió como “un acto espantoso… de fascismo explícito”. El diputado Pablo Tonelli (PRO), de ordinario un soldado de Cambiemos, se retiró del equipazo macrista que posó para la posteridad porque le dio un, bienvenido, ataque de vergüenza propia. No hizo escuela en la coalición, desde ya.
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Caso testigo en peligro: El conflicto entre los gremios docentes y los gobiernos nacional y bonaerense mantiene tensión y es prematuro predecir desenlaces. La gobernadora María Eugenia Vidal, describen sus apologistas, lo ha tomado como una prueba de autoridad. Aspira, dicen, a quebrar al adversario como lo hiciera la primera ministra británica Margaret Thatcher contra los trabajadores mineros.
Los paros en el sector público generan un riesgo para los huelguistas. Su lesividad, por definición, afecta a personas del común. Los gobiernos pueden hacerse los distraídos respecto de sus acciones y proponerse como voceros de “la gente”. La incidencia en la vida cotidiana de las familias cuando el conflicto se dilata es un desafío para los dirigentes gremiales.
Es imposible calibrar el clima social en tantas provincias pero una mirada impresionista sugiere que la bronca del gobierno hacia los huelguistas es mucho mayor que la de los ciudadanos. Hay empatía con los maestros y tal vez la ostentación de los mohines de clase de Mauricio y sus CEOcratas les juegue en contra. La sobre exposición puede ser funcional en campaña pero suele volverse búmeran cuando se gobierna y la coyuntura es ingrata para las mayorías.
Las mamás y los papás quieren que los pibes se eduquen o llanamente vayan a la escuela para organizar la vida cotidiana. Pero su valoración del “caso piloto” elegido por Vidal también está condicionada por la pérdida de poder adquisitivo del salario, el temor (sabio y creciente) de perder el trabajo.
Con solo convocar a la Paritaria Nacional Docente, Macri y Vidal privarían de una bandera unificadora a los maestros y, de paso cañazo, cumplirían con la ley. La obstinación es mala consejera, el ensimismamiento también… suelen acechar a los gobiernos en malos trances. El apego a la ley no es costumbre ni pulsión en la cultura macrista.
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Votar, ese mal hábito: De nuevo: las protestas son sistémicas, con peticiones institucionales, protagonizadas por gentes de distintas banderías, anche por personas poco afectas a movilizarse. El oficialismo denuncia “manos negras” que mueven a las masas como ganado, con afanes destituyentes. Mal que le pese, la acción directa es un derecho que, por ahí, también anhela conculcar.
Es bueno que se retomen las enseñanzas de grandes pensadores aunque, por ahí, la vicepresidenta Gabriela Michetti erró el vizcachazo cuando reversionó al filósofo epicúreo Luis Barrionuevo. El líder gastronómico predicó, años ha, que había que dejar de robar por dos años. Michetti, que a menudo funge como vocera del subconsciente oficial, propugna dejar de votar por cuatro o por seis años. No detalla a qué mecanismo institucional acudiría. Tal vez piense en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Constitución. Hubo ya una tentativa para hacer ese gambito con dos jueces de la Corte. No funcionó, aquella vez.
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Los protagonistas obstinados: El 30 de marzo la CTA de los Argentinos, la CTA Autónoma, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán confluirán en una movilización. Es otra característica recurrente, la unidad en la acción de organizaciones sociales y sindicales de distinto signo.
El 6 de abril llegará el paro general de la Confederación General del Trabajo.
La nómina incluye también a los laburantes que defienden puestos de trabajo en empresas que amenazan cerrar sus puertas o ya lo hacen.
Un tono de época tiñe el activismo ciudadano. El mismo 30 habrá un paro de migrantes, a quienes se convoca frente al Congreso. La protesta es contra la construcción del primer Centro de Detención migrante en América Latina, y en contra el DNU 70/2017 que priva de derechos básicos a los migrantes, dos hallazgos de la administración macrista.
El chauvinismo y la xenofobia sintonizan con tendencias muy expandidas el centro del mundo. Por ahí, tiene más acogida en sectores de la opinión pública que otras acciones del gobierno. De cualquier forma, es inconstitucional, viola “derechos humanos del presente” y traiciona las mejores tradiciones argentinas, que nacen del Preámbulo.
“La gente”, “los manifestantes”, distintas vertientes del movimiento popular (elija usted el sujeto de la frase) defienden con ahínco sus derechos y son grandes protagonistas de la política argentina. Las elecciones de medio término también cifrarán el año que, aunque no parezca, recién comienza.
