El abogado de los motociclistas atropellados por Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada Carolina Píparo, advirtió que pedirán que declare en la causa por atropellamiento que investiga la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata. "Si las causas estuvieran unidas, como le solicitamos a la fiscal, podría haber participado de la declaración", explicó De Vargas en diálogo con Página/12. En la declaración, tomada durante la noche del miércoles, que estaba enmarcada en la causa 21/21 que investiga el robo del que la diputada fue víctima en la madrugada del primero de enero, Píparo dedicó más de la mitad del tiempo a hablar sobre el atropellamiento. 

"Por la cercanía de los hechos y la conexión entre las personas sostenemos que se deberían vincular las causas", señaló el abogado. La conexidad subjetiva, figura que el letrado presentó ante la fiscal, permite que, para evitar sentencias que puedan resultar contradictorias, se unifiquen procesos en los cuales intervienen las mismas personas. "Consideramos que hay un intento de homicidio agravado por alevosía, porque al utilizar el auto no había posibilidad de defensa alguna", explicó el abogado que representa a las víctimas en la causa por atropellamiento, y agregó que, en cuanto a Píparo, "en principio le cabría el delito de falso testimonio y de incumplimiento del deber público" como funcionaria de la Municipalidad de La Plata, a cargo de la Secretaría de Asistencia a la Víctima. Este lunes, familiares de víctimas de tránsito solicitaron la renuncia de Píparo por considerar que "hizo todo lo contrario a lo que debería haber hecho". De Vargas coincidió con este pedido: "No entendemos por qué todavía no la apartaron del cargo. Tenía la obligación de atender a la víctima y la dejó abandonada".

Según el abogado, actualmente existen los peligros procesales necesarios para detener de forma preventiva a Buzali. Por el hecho del cual se lo acusa, "la pena consiste en al menos cinco años". 

En la declaración sobre el robo, donde Píparo se explayó especialmente sobre el momento del atropellamiento, afirmó que la persecución se trató de un "seguimiento tranquilo" en el que iban "rápido pero frenando en las esquinas". Sin embargo, en uno de los videos de esa noche se puede ver el auto que manejaba Buzali avanzando a gran velocidad, detras de las motos. "Los chicos no estaban huyendo, estaban circulando a una velocidad normal. El auto pega una acelerada violenta y ahí los embiste", señaló De Vargas y advirtió que Píparo y Buzali "salieron a perseguir lo que para ellos es el estereotipo de un chorro". Según el letrado "hay pruebas de que Buzali los embistió en una cacería humana". 

Si bien Píparo estableció una conexión entre las personas responsables del robo y los motociclistas al afirmar que recuerda que uno de ellos tenía una campera turquesa, el mismo color de la prenda que llevaba uno de los atropellados, De Vargas aseguró que "estaban a 13 kilómetros cuando sucedió el robo" y que "las contradicciones de Píparo se pueden ver con las declaraciones que hace con el correr de las horas. No tienen ningún asidero con la realidad". 

Esta semana la fiscal Di Lorenzo seguirá tomando testimoniales y reuniendo pruebas, entre las que De Vargas solicitó el peritaje de los celulares de Buzali y de Darío Ganduglia, el secretario de Seguridad que asistió a la pareja esa noche. "Con el intercambio de mensajes y el registro de llamadas podemos determinar si Ganduglia estaba allí de casualidad o si fue convocado para ayudar a una persona que es funcionaria de su mismo municipio", advirtió el abogado, haciendo referencia a Píparo. Para De Vargas, el caso denota una clara estigmatización social: "Si los que iban en la moto hubieran sido Buzali y Píparo, el proceso hubiera sido totalmente diferente. Acá se ve la diferencia entre el tratamiento cuando se defiende a gente humilde y el tratamiento cuando hay involucradas personas con poder".

Informe: Lorena Bermejo