A un año de haber imputado a la empresaria Silvia Susana Magno por realizar viajes sin autorización durante el aislamiento, la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, le pidió al juez que entiende en la causa que “decline su competencia y, consecuentemente, ordene se remitan las actuaciones al Juzgado Federal que por turno corresponda, para su radicación”.

La fiscala justificó su pedido al juez de Garantías de 4ta Nominación en que “el hecho endilgado a la encartada Magno implica que se han violentado las formas y requisitos impuestos por las autoridades nacionales en virtud del DNU 297/20 y las excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por lo que entendió que debía recaer en la Justicia Federal, “máxime considerando que en el presente caso se trata de transporte interjurisdiccional”. Ahora, el juez deberá decidir si declina la competencia de la Justicia provincial.

Magno había sido imputada el 16 de junio de 2020 por la entonces fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, que la había imputado provisionalmente del delito de “violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Según se desprendía de la investigación preliminar que realizó la fiscala, la empresaria dueña de la firma Flor Azul Sociedad por Acciones Simplificada había realizado viajes para traer de vuelta a la provincia a salteños que habían quedado varados en otras ciudades del país infringiendo “la normativa impuesta por la autoridad de aplicación para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la Ciudad de Salta”.

En aquella oportunidad Simesen había intervenido de oficio luego de que una madre denunciara en una radio que la empresa de Magno había cobrado 3.500 pesos para trasladar a 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba “tras lograr una demorada autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta”, lo que luego fuera negado por el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz.

Fue entonces que la fiscala le pidió a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte la lista de pedidos de autorización solicitados por Flor Azul SAS, y se dio con que no había registros de pedidos de DUT (Documento Universal de Transporte, el documento electrónico que debía generar la empresa) para los viajes realizados el 2 y 9 de abril, y el 10 de mayo.

En otros viajes en los que la empresa sí había tramitado el DUT, se pudo determinar que la cantidad de pasajeros superaba al número manifestado por la firma, y también que en algunos casos los nombres de los conductores no coincidían con los consignados en el documento electrónico.

Competencias

La causa Magno no es la primera que plantea conflictos de competencia entre las Justicias provincial y federal, algo que ocurrió con bastante frecuencia durante la pandemia de coronavirus.

En diálogo con Salta/12, la fiscala penal Ana Salinas de Odorisio aseguró que “hubo durante todo 2020 una cuestión bastante reñida entre ambos fueros por muchísimas causas, empezando por el primer caso de covid en Salta, y todas las cuestiones que se presentaban como violación de normas de cuarentena, donde comenzó interviniendo la Justicia provincial”. Salinas agregó que “hasta que se resolvió eso pasaron muchos meses y creo que esta causa quedó en ese grupo, hasta que hubo ya una definición de que debía ser competencia federal”.

La fiscala justificó el pedido de incompetencia planteado ante el juez: “sabiendo que es una empresa que realiza viajes interprovinciales que son regulados por organismos nacionales, además de que la acusación tenía que ver con violación de las normas de pandemia, solicité que intervenga la Justicia Federal para que siga con este trámite”.

Consultada sobre por qué demoró tanto en pedir la remisión al fuero federal, Salinas explicó que las diligencias realizadas con posterioridad a la imputación demoraron mucho tiempo como consecuencia de las restricciones dictadas para evitar la propagación del virus, sobre todo, la información vinculada con las autorizaciones de los viajes cuestionados y con los choferes que conducían los vehículos.