A fines de abril se hicieron elecciones en el Centro de Estudiantes del Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia", que eligió a Candelaria Peano como su presidenta. El Instituto, que depende de la Universidad Nacional de Salta, es uno de los pocos centros de estudiantes que funciona actualmente en la provincia.
Esta realidad de escasa organización de estudiantes se da a pesar de que en noviembre de 2020 la Legislatura salteña sancionó la ley con la que los alumnos de los niveles secundario, de educación superior y modalidad adultos de gestión estatal o privada ganaron el derecho a constituir centros de estudiantes autónomos.
Salta/12 dialogó con Peano, quien aseguró que, además de responder a las demandas de los estudiantes de su institución, el desafío máximo es garantizar que se reconstruya el movimiento secundario en la provincia.
En 2018, con el debate público del aborto legal, la juventud salteña jugó un papel importante llegando a exponer a favor de la futura ley en el mismo Congreso nacional.
En ese sentido, la nueva presidenta del IEM reconoció que guardan el privilegio de ser uno de los pocos colegios de la provincia que mantiene su centro de estudiantes. Si bien esta posibilidad se da por su dependencia de la Universidad nacional, Peano dijo que no sucede lo mismo en el Instituto que está en la sede regional de Tartagal, en el norte de Salta.
No hay información sobre la cantidad de centros de estudiantes que hay en la provincia. Uno de los más activos se encontraba en una escuela técnica de la localidad de General Güemes. Por otro lado, en 2019, sonó fuerte la idea de crear uno en el Bachillerato Artístico Tomás Cabrera de la capital salteña.
"Si los hay, no tienen actividad", sostuvo Peano señalando que una de las necesidades es contar con una espacio físico para su funcionamiento. El movimiento estudiantil empujó varias veces distintos proyectos para que la provincia adhiriera a la Ley Nacional 26.877, sancionada en 2013. Los intentos fueron sin éxito hasta que en noviembre de 2020, lo lograron con un proyecto que devenía de la legislación nacional.
Lamentablemente su sanción se dio durante el primer año de la pandemia, cuando aún había fuertes medidas restrictivas de circulación, sumado al contexto social, económico y emocional que transitó la sociedad durante ese período. En este sentido, Peano sostuvo que esa inactividad también se debió a la despolitización que percibe en el nivel secundario.
"Es triste, pero (volver a activar a las y los estudiantes) es un trabajo que hay que empezar porque los chicos tienen que ocupar esos lugares de representación", expresó la estudiante. Insistió en que el hecho de que no haya centros de estudiantes lleva a que "sea muy fácil que vulneren nuestras necesidades y nuestros derechos".
Desde que existe la ley nacional, los distintos gobiernos provinciales no mostraron interés en seguir su espíritu, que a grandes rasgos defiende la total autonomía estudiantil.
Sin embargo, lo que sí regía en Salta, hasta 2020, era la ley provincial N° 6616, que fue sancionada en 1990, pero que era fuertemente resistida por el movimiento secundario, principalmente porque en su artículo 8 establecía que cada centro debía conformar su estatuto, pero que éste debía ser "remitido al Ministerio de Educación quien supervisará su adecuación a la legislación pertinente". Y, en caso de no considerarlo adecuado, el Ministerio solicitaría que se reforme hasta contar con la aprobación por parte de la cartera. Estos requerimientos eran considerados autoritarios y violatorios de la garantía de la autonomía estudiantil.
La ley ganada en 2020 fue impulsada desde la Federación de Estudiantes de Salta (FES), que hoy se encuentra inactiva. Por eso Peano afirmó que es necesario volver a la organización estudiantil porque, a dos años de su sanción, falta acompañamiento del Estado y de los directivos de las instituciones. "Necesitamos la implementación y que los profesores acompañen en este proceso para que no se tengan más trabas" en la creación de los centros, dijo.
"Esperamos que realmente se pueda volver a crear una organización de todos los estudiantes de Salta, y que los chicos y chicas empiecen a hablar de sus derechos y de lo que pasa en sus colegios", sostuvo la presidenta del IEM.
El instrumento de participación
Peano dijo que la creación de los centros de estudiantes es importante no sólo para dar cumplimiento a las leyes que los amparan, sino porque es el instrumento que les permite plasmar las problemáticas y demandas que están presentes en cada institución, en la voz de las y los alumnos.
"Somos los estudiantes quienes conocemos nuestras problemáticas, y yo no puedo decir que es lo mismo un colegio de Capital, que uno del interior", subrayó, señalando que en muchas instituciones aún se tienen que resolver necesidades básicas como el agua, la luz o el gas. "Ahí también es donde vemos afectados a los estudiantes porque hay un montón de colegios públicos que cuentan con muchas necesidades, que no les permiten estudiar", agregó.
Por eso, sostuvo que la participación estudiantil en los distintos reclamos sociales es importante porque "todos esos temas nos atraviesan de una manera impresionante". A modo de ejemplo, dijo que la falta de amparo del Estado hacia las estudiantes embarazadas es un problemática presente y sobre la que no se trabaja de manera más intensa.
En ese sentido, se refirió al cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, creada en 2016. Si bien volvió a destacar que su situación es de privilegio porque en su institución se da una implementación efectiva, reconoció que su aplicación en la provincia es dispareja y bastante distorsionada en relación a los contenidos reales que propone. Ese diagnóstico se expresó a este medio a inicios de 2021, cuando el estudiantado salteño denunció que no se dio ESI durante 2020.
"Al estar en un colegio pre universitario, que depende de Nación y no de provincia, estamos en una situación de privilegio importante porque vemos que en la mayoría de los colegios de primaria y secundaria (la ESI) no se está dando como debería", aseguró Peano. Su preocupación es también por los casos de acoso y abuso sexual dentro de las instituciones educativas que se empezaron a visibilizar en octubre del año pasado.
Peano reconoció incluso que el IEM estuvo ausente durante ese reclamo porque venían de una inactividad de dos años. "Eso fue un problema gravísimo que tuvo el instituto", que en el período más fuerte de la pandemia no se diera una mayor contención al alumnado, afirmó.
Similar situación se vivió a nivel provincial e involucró un gran número de deserción en los secundarios. El Ministerio de Educación de la provicia, a cargo de Matías Cánepa, informó que 8.397 estudiantes del nivel secundario se desvincularon del sistema educativo en la provincia de Salta en 2020.
Peano cuestionó precisamente la falta de políticas públicas de parte del gobierno provincial para evitar esa situación, ya que aseguró que a la circunstancia personal de cada alumno, se agregaron otras problemáticas como el acceso a la conectividad. Eso provocó "una deserción escolar altísima, con muchos estudiantes llevándose materias y donde vimos la falta de acceso a la educación".
Por ello, afirmó que bajo su conducción en el centro de estudiantes del Instituto, buscará "reconstruir un centro que verdaderamente ampare a todo el estudiantado, que pueda estar presente dentro de la institución y que sus problemáticas sean escuchadas".
