El proyecto de “ley de libertad religiosa” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso encendió alertas en sectores de la sociedad civil que advirtieron que el texto, lejos de tender a fortalecer el Estado laico, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos ciudadanos y lo público. Referentes de distintos espacios coincidieron en señalar que el texto, que amplía para religiones evangélicas algunos privilegios hasta ahora detentados solo por la Iglesia católica, también abre una puerta peligrosa al sostener que la objeción de conciencia puede ser, además de individual, institucional, y que permite incumplir con obligaciones jurídicas a cambio de “una prestación sustitutiva”. De acuerdo con algunas lecturas, la iniciativa, que ingresó al Congreso el 12 de junio tras ser elaborado por la Secretaría de Culto, a cargo de Santiago de Estrada, podría avalar, por ejemplo, negativas a practicar abortos no punibles o entregar métodos anticonceptivos, y hasta abrir la puerta a las tesis creacionistas en las aulas, de la mano de la objeción que algunos cultos hacen a la teoría de la evolución. Además, modifica el Código Penal, considera automáticamente como entidad de bien público a todo culto inscripto en el Registro y estipula que ministros de todas las religiones puedan ingresar libremente a “lugares de internación, detención y cuarteles”. Por ello, los referentes consultados coincidieron en definir a la iniciativa como “un retroceso”.
El proyecto lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la recientemente renunciada ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra. Los fundamentos aseguran que busca “consagrar una protección más completa de este derecho fundamental (N. de R.: a la libertad religiosa), adecuando la legislación en la materia a los estándares internacionales”. Será tratado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto (presidida por Cornelia Schmidt Liermann), de la Cámara de Diputados; aún no fue establecido si también será tratado por otras Comisiones, como podrían ser Justicia y Legislación General. Fue elaborado y presentado por la Secretaría de Culto, a cargo de Santiago de Estrada, quien contó, para ello, con la Mesa Consultiva de las Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas (integrada por Faei, Feceo, bautistas, adventistas y Aciera, que tuvo responsabilidad en convocatorias como la “jornada nacional Argentina Ora”, que reunió a miles el 25 de mayo en las inmediaciones del Obelisco y, según sus propios comunicados. “nuclea a más de 12.000 congregaciones en todo el país), DAIA, AMIA, la Conferencia Episcopal Argentina y el Centro Islámico.
“Ante todo, es una ley que no hace falta porque la Constitución Nacional prevee la libertad religiosa y de conciencia, y tenemos también una ley antidiscriminatoria y un organismo especial que la aplica. El proyecto habla de ‘la moral pública’, en lugar de convicciones filosóficas o éticas, como uno que presentamos de la Federación Argentina LGBT y llegó a tener dictamen y media sanción. En cambio, habla de moral pública y quiere equiparar la moral a la religión”, señaló Analía Más, referente del área de Género y laicidad de la Federación Argentina LGBT (Falgbt). “La idea debería ser eliminar estas prerrogativas que hasta ahora sólo son de la Iglesia católica y que este proyecto, en cambio, quiere habilitar también para otras religiones”, observó, antes de puntualizar en el articulado acerca de la objeción de conciencia.
En el artículo 7º, el texto protege el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario”, y establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica” y que “el objetor debería ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”. Más advirtió que “la objeción de conciencia es de personas, no de instituciones, y surge para que los ciudadanos podamos oponernos a decisiones del Estado que invaden nuestras esferas de decisión: ir a una guerra, jurar la bandera, hacer el servicio militar, matar a alguien. Pero no es algo para avalar que los funcionarios públicos se nieguen a cumplir la tarea para la cual fueron contratados, como podría ser el caso de una jueza que se niegue a casar a dos personas del mismo sexo por razones religiosas”. Además, añadió la referente, “el proyecto contempla la posibilidad de que el objetor ofrezca una prestación equivalente, pero si fuera el caso de una mujer cuya vida está en riesgo, acaba de ser violada, está embarazada, y el objetor se niega a practicar un aborto, ¿qué alternativa le puede ofrecer?”.
Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, alertó sobre que “lejos de construir más laicidad, este proyecto implica más injerencia de lo religioso en lo público”. La objeción de conciencia, añadió, “puede ser grave en la práctica de un aborto no punible, pero también en la entrega de métodos anticonceptivos. Sabemos que, con los años, hemos avanzado en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, pero que a la vez los sectores religiosos y conservadores usan la objeción de conciencia como excusa para obstruir el acceso a derechos. Esta iniciativa legitima eso de modo amplio”.
“El proyecto retoma otros textos anteriores, como el de (la ex diputada) Cynthia Hotton, del que abandonó algunas cosas, aunque establece penas de entre 3 meses y 4 años de prisión por dañar un bien que pertenece a un culto, y de hasta 6 años de prisión por hurto de un objeto de culto. Eso es un despropósito”, señaló Fernando Lozada, de la Campaña Argentina por un Estado Laico. “Además, lo del acceso libre de ministros del culto a lugares de internación, detención y cuarteles también habla de desigualdad: eso es darles el privilegio de entrar a lugares donde los propios parientes de las personas internadas, por ejemplo, tienen vedado el acceso (y en la Ciudad de Buenos Aires ya sucede). Si una persona privada de su voluntad quisiera recibir tratamiento psicológico en su lugar de reclusión, encontraría trabas. Si quisiera un cura, aparecería de inmediato. Es más de lo mismo: la ley dice que habla de ‘libertad’, pero está lejos de hacerlo y de buscar igualdad”.
