La Fiscalía de Ecuador confirmó este miércoles la detención del juez Banny Rubén Molina, quien el viernes pasado concedió un habeas corpus en favor de Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa y con dos condenas firmes por casos de corrupción. El habeas corpus presentado por Molina, quien argumentó que los padecimientos de salud del exvicepresidente "no fueron atendidos de forma especializada e integral", había sido rechazado este martes por el gobierno de Guillermo Lasso alegando supuestas irregularidades en el proceso.
La postura inflexible del gobierno ecuatoriano fue denunciada por la defensa de Glas, que alega una intromisión del presidente en la justicia que podría derivar en un "escándalo internacional". Incluso el Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García Sayán, señaló este miércoles que una "orden judicial firme debe ser cumplida", pero "no estaría siendo acatada por las autoridades del Ejecutivo".
Los argumentos de la detención
"La noche de ayer, como parte de las diligencias oficiadas por Fiscalía, se ejecutó la detención con fines investigativos del juez Banny M., en San Jacinto (cantón Sucre-provincia de Manabí), quien fue denunciado por presunta usurpación y simulación de funciones públicas", indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter. El Ministerio Público agregó que sigue recolectando "elementos de convicción que permitan determinar la existencia o no del presunto delito y la responsabilidad del denunciado".
La investigación fue abierta a raíz de una denuncia presentada por el director del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, quien asegura que el magistrado se encontraba inhabilitado de sus funciones en el momento en que emitió los habeas corpus. De acuerdo a la denuncia citada por la Fiscalía, Molina, juez en la ciudad de Portoviejo, emitió tres órdenes de excarcelación, entre ellas la de Glas, a las 16:46 horas locales del cinco de agosto "cuando ya se encontraba inhabilitado, debido a que fue llamado a juicio en otra causa, a las 13:00 de ese día".
Las órdenes de excarcelación se encuentran en manos del servicio penitenciario (SNAI), encargado de administrar y controlar las prisiones, que advirtió que estos documentos presentan "varias inconsistencias". Luego de conocerse la decisión del juez Banny Molina, el Ejecutivo, a través de un comunicado compartido por Guillermo Lasso en sus redes sociales, manifestó su negativa a proceder con la liberación de Glas.
El mandatario aseguró que existen distintas irregularidades en el habeas corpus concedido al exvicepresidente y anunció que el Estado recurriría la decisión para evitar lo que tildó de "anarquía judicial". Según el gobierno, la decisión fue emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, pero el juez "la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, sin que ellos hayan presentado la acción".
"Escándalo internacional"
Carlos Alvear, uno de los abogados de Glas, mencionó que le hizo llegar información tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como al Relator Especial de la ONU sobre Independencia Judicial de la ONU, Diego García Sayán, respecto a la situación que atraviesa su defendido. García Sayán confirmó estar siguiendo de cerca el caso, y desde su cuenta de Twitter pidió recordar los Principios Básicos de la Independencia de la Judicatura, que están vigentes desde 1985.
"Una orden judicial firme debe ser cumplida. La judicatura debe garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes", aseguró el exjuez de la Corte IDH, quien agregó que la orden de excarcelación de Glas "no estaría siendo acatada ni ejecutada por las autoridades del Ejecutivo".
Por su parte la abogada Sonia Vera, integrante del equipo que defiende al exvicepresidente, advirtió que si el gobierno no cumple con la liberación "sería un escándalo internacional". Vera aseguró que el estado de salud de Glas "es extremadamente grave e imposible de tratar en un entorno carcelario" y remarcó que es "inadmisible la intromisión del Estado en decisiones judiciales" al considerar que también las hubo en otro habeas corpus otorgado a Glas en abril.
Esa primera medida le permitió al exvicepresidente salir en libertad 40 días hasta que la Corte de Justicia de la provincia costera de Santa Elena lo revocó por no ser la jurisdicción correspondiente para tratar el asunto y por no haber notificado a la Procuraduría General del Estado.
Glas, quien fue vicepresidente de Correa y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a fines de 2017 y tiene una condena firme en dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama del gigante brasileño Odebrecht (con seis años de cárcel) y otro por cohecho por presunto financiamiento ilegal para su movimiento político (con ocho años).
Glas también fue condenado por malversación de fondos públicos en un contrato petrolero denominado el caso "Singue", que todavía está en fase de apelación. El exvicepresidente siempre negó las acusaciones y denuncia una persecución política en su contra.
