El fiscal Federal de Tucumán Antonio Gustavo Gómez, solicitó que el juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, sea apartado de la investigación que tiene como acusados a Edgar Bacchiani y sus socios, quienes son investigados por intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita.

Además de verter críticas sobre cómo se desarrollaron las pesquisas contra el CEO de Adhemar Capital -compañía que tenía sucursales en La Rioja, Tucumán y Córdoba-, Gómez aseguró que una deficiencia clave de la investigación tiene que ver con determinar de dónde provenían los fondos que fueron invertidos, ya que, por las características de estas transacciones, habría fuertes indicios para sospechar que estos fondos eran producto del lavado de activos.

En este sentido, Gómez considera que la investigación de Contreras se limita a vislumbrar la operatoria denunciada como una simple intermediación financiera no autorizada, pero sin recalar en la estructura societaria montada y tampoco en el monto dinerario captado, puesto que incluso los imputados (Bacchiani y asociados), en sus declaraciones indagatorias, hablaron de cifras mayores a las que finalmente figuran en la causa, lo que explicita que un gran número de inversores no hicieron las denuncias pertinentes, pese a tratarse de la pérdida de cifras millonarias.

“La cartera de inversores ‘no bancarizados’ supera en cuatro veces la cantidad de inversores ‘bancarizados’, que rondan los 1500 y que el pasivo de la empresa ascendería a los U$S 50.000.000. Resulta llamativo -destaca- que un porcentaje reducido de inversores se hayan apersonado y requerido participación activa en la pesquisa”, analiza el fallo.

“Contreras resolvió procesar a un grupo de imputados por considerarlos presuntos coautores del delito de intermediación financiera no autorizada, mientras que consideró que no hay mérito para procesar ni para sobreseer al resto de los encartados. Finalmente, declinó parcialmente la competencia, en razón de la materia respecto a los delitos de estafa y asociación ilícita, descantado la figura de lavados de activos”, expresa también el documento de agravios emitido ayer por el magistrado tucumano en su dictamen sobre el conflicto de la declinación de competencia de Contreras en los delitos de “estafa” y “asociación ilícita”.

“Si bien la actividad de compraventa de criptomonedas no es una actividad ilícita a priori, resulta altamente eficiente para ocultar divisas obtenidas de un hecho ilícito. Este anonimato garantiza un nivel de impunidad que es casi infalible, ya que resulta harto difícil acceder a la información encriptada de las operaciones de compra y venta de las partes que se registran en los “blockchain” guardados en “nodos” (sitios digitales que resguardan información compartimentada). Los imputados desplegaron una serie de actos, con apariencia de legalidad, para hacerse de dinero y así poder transformar esos activos en criptomonedas con la finalidad de asegurarse la impunidad que brinda” este sistema de inversiones online.

Es importante recordar que meses pasados, Edgar Adhemar Bacchiani fue acusado de los delitos de delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita, luego de que cientos de personas le entregaran dinero en pesos y dólares para que “milagrosamente” los multiplique; lo que este prometía hacer mediante la inversión en criptomonedas.

La conmoción social que se generó, puesto que muchas de estas personas invirtieron los ahorros de sus vidas, o vendieron sus pertenencias para poder lograr ganancias, lo que el “Trader god” aseguraba, sería en tasas altísimas; causaron innumerables protestas, que hasta el día de hoy se concretan en las calles de Catamarca mediante marchas, caravanas y piquetes.

Bacchiani, tras ser detenido, aseguró que si lo dejaban en libertad o le concedían prisión domiciliaria, cumpliría con los pagos, pero los frustrados inversionistas aún siguen a la espera de su dinero.