Desde Santa Fe

El Colectivo Nacional Mario Bosch de abogados querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina denunció ayer la “manifiesta ilegalidad” de la persecución judicial contra su colega Nadia Schujman, la reconocida defensora de los derechos humanos que milita en la agrupación HIJOS Rosario desde hace más de 20 años. Un “Lawfare a la santafesina” -lo calificó- que obedece a su trabajo al frente de la Agencia de Control Policial en el Ministerio de Seguridad, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, y al intento de “desarticular el entramado mafioso santafesino” y sus vínculos con sectores de la política, el Poder Judicial y la Policía de la provincia. Un “ejemplo” de esas acciones –reveló el Colectivo- es la denuncia judicial -en agosto de 2020- que en la gestión del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro (que hoy es querellante en la causa contra Schujman) se destinaron “fondos reservados” de Asuntos Internos para pagar honorarios de los abogados defensores de policías imputados “en el juicio oral por la desaparición forzada de Franco Casco”, en octubre de 2014. “Sin dudas se tocaron intereses demasiados poderosos”, alertó.

Ya en diciembre de 2021, el Colectivo Mario Bosch había denunciado el allanamiento ilegal de oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario –que operó el fiscal de Santa Fe Ezequiel Hernández- y el secuestro, entre otros dispositivos, del teléfono personal Schujman sin orden de un juez. Hernández llevó adelante “medidas procesales sin observar las garantías constitucionales más básicas”, dijo. Es un “claro caso de lawfare santafesino”.

Ayer el Colectivo ratificó su solidaridad con “nuestra compañera Nadia Schujman” y volvió a denunciar públicamente la “manifiesta ilegalidad del proceso judicial que se está llevando en su contra”, que no es otra cosa que “lawfare” o guerra judicial.

“Nadia Schujman ocupó la Dirección de la Agencia de Control Policial de Santa Fe entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021”. Desde su cargo, “junto con otros ex funcionarios” del equipo del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, “hoy también perseguidos, se propusieron lograr el control político y civil de la policía”. Y “desarticular el entramado mafioso santafesino que incluye un importante sector de los dirigentes políticos de diversos partidos, la Policía de la provincia y un sector del Poder Judicial, todo esto amparado por el titular del mayor multimedios local”.

“Desde este lugar denunciaron, por ejemplo, que la anterior gestión del Ministerio de Seguridad, a cargo del hoy diputado radical Maximiliano Pullaro, había pagado con fondos reservados a los abogados privados de los policías que se encuentran afrontando un juicio oral por la desaparición forzada de Franco Casco. Sin dudas se tocaron intereses demasiados poderosos”, advirtió el Colectivo.

“Como abogados y abogadas que somos no podemos dejar pasar que la causa es una seguidilla de violaciones a las garantías constitucionales más básicas: un allanamiento (al Ministerio de Seguridad, en noviembre de 2021) sin orden ni testigos, pericias telefónicas realizadas en Brasil que no pudieron ser controladas por las defensas, la restricción al acceso fiscal durante meses y cadenas de custodias falsificadas, entre tantas otras”.

“Como si todo eso fuera poco, transcurrió más de un año entre el inicio de la investigación y la audiencia imputativa que se ha fijado finalmente para el 29 de noviembre, por lo que todavía al día de hoy los imputados no saben de qué deben defenderse. Y durante ese año se los linchó mediáticamente por espionaje ilegal, a pesar de no haber una sola prueba en ese sentido”.

Por lo tanto, el Colectivo Mario Bosch exigió “el cese de esta persecución política-judicial y el respeto irrestricto de los derechos y garantías constitucionales de nuestra compañera Nadia Schujman y de todos los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe”.

Schujman “es una reconocida defensora de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, milita en la agrupación HIJOS Rosario desde hace más de 20 años -colectivo al que representa como abogada-. Trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde se desempeñó como subsecretaria en la zona sur”, en el gobierno del Frente Progresista.

“Tiene un vastísimo recorrido en materia de derechos humanos, intervino en decenas de investigaciones y juicios orales por delitos de lesa humanidad ad honorem y en representación de más de 50 víctimas” del terrorismo de estado.
“Los hechos que se le imputan resultan incompatibles con su historia y trayectoria, y por ello manifestamos nuestra solidaridad con la compañera afectada y sostenemos, una vez más, nuestra profunda convicción de seguir denunciando estas prácticas de persecución política, características de las épocas más oscuras y siniestras de nuestro pasado reciente y absolutamente contrarias a un estado democrático de derecho”.