No es la primera vez que Victoria Villarruel arremete contra Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien calificó esta semana de ser un "personaje siniestro", como parte de su onda expansiva después de haber encabezado un acto pro-impunidad en la Legislatura porteña. Ya lo hizo en plena pandemia, cuando declaró por primera vez como testigo “experta” en un juicio por crímenes de lesa humanidad que se seguía en Tucumán por lo sucedido en el Operativo Independencia, la antesala del genocidio que se implementó a gran escala en el resto del país después del 24 de marzo de 1976. En esa oportunidad, la actual candidata a vicepresidenta de Javier Milei dijo que no le constaba que Carlotto y Hebe de Bonafini hayan sido víctimas de la última dictadura.
El 17 de julio de 2020, Villarruel se sentó ante su computadora para declarar en el juicio que se estaba llevando a cabo en Tucumán. Había sido convocada por la defensa para que hablara de sus libros en los que acusa a las organizaciones armadas de izquierda de haber provocado más de 17.000 víctimas entre 1969 y 1979. En otras palabras, para justificar que la represión a la guerrilla en Tucumán había sido necesaria.
Generosa a la hora de los cálculos, Villarruel mostró ser, al menos, desconocedora de parte de la historia trágica más conocida de la Argentina. O directamente negarla.
Al promediar las tres horas de declaración –y pérdidas de conexión varias– tomó la palabra el abogado querellante Rodrigo Scrocchi, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que le preguntó a Villarruel si consideraba que eran víctimas las personas que habían sido torturadas en los centros clandestinos. “Los derechos humanos son abarcativos. Yo no le quito la condición de víctima a nadie”, se atajó la abogada. Pero Scrocchi insistió si consideraba que Carlotto y Bonafini lo eran porque ella públicamente las había catalogado como “madres de terroristas”.
– Son madres de combatientes de organizaciones armadas. Eso es innegable. (Sus hijos) habrán sido victimizados, pero son los victimarios de las víctimas que yo represento –se mantuvo Villarruel.
– ¿Usted considera que la señora de Carlotto y la señora Bonafini son víctimas? –repreguntó el representante de Andhes.
– No me consta –lanzó Villarruel.
Scrocchi se quedó sin preguntas –y sin palabras.
La tragedia de Hebe de Bonafini comenzó el 8 de febrero de 1977, cuando se llevaron a su hijo Jorge. A Raúl lo secuestraron el 6 de diciembre de ese año. Los dos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Antes de los secuestros de sus hijos, Hebe casi no había pisado la Capital Federal. Con el tiempo se convirtió en el emblema de la presencia de las Madres en la Plaza de Mayo.
Laura Carlotto, la hija mayor de Estela, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977. Estaba embarazada de dos meses. Su compañero, Walmir Montoya, también fue privado ilegalmente de la libertad y asesinado. Laura dio a luz a su hijo en cautiverio. Le sacaron a su bebé, la devolvieron al campo de concentración conocido como La Cacha y finalmente la asesinaron. Estela buscó a su nieto durante 36 años. Cuando lo encontró, la felicidad fue colectiva –pero a la diputada de La Libertad Avanza "no le consta" lo que sufrió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Después del acto que encabezó el lunes pasado, Villarruel atacó a Carlotto al llamarla “personaje siniestro” y le reclamó que dijera que su hija había integrado Montoneros. Una simple consulta a la web de Abuelas le habría ahorrado parte de la diatriba: allí consta que tanto Laura como “Puño” Montoya militaban en esa organización.
Los baches de la memoria
Villarruel se presentó como abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y como excoordinadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dijo que, entre 2008 y 2015, ejerció como secretaria de la Federación Internacional de Víctimas del Terrorismo y que hizo un curso de Contraterrorismo en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos. Cuando le consultaron si tenía alguna formación en Historia, contestó que era nieta de uno de los más reconocidos historiadores de la Armada, Laurio Destéfani.
Villarruel no mencionó a su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, ni una sola vez. No dijo ni que era hija de un militar y mucho menos que recibió un diploma por su actuación en el Operativo Independencia, donde ejerció como instructor de comandos. Le atribuyó su interés al estudio de las víctimas de lo que ella llama “terrorismo” a que su abuelo hubiera sufrido “tentativas de bomba” por parte de Montoneros.
Al comenzar el interrogatorio, el fiscal Agustín Chit le preguntó si había integrado la Asociación Unidad Argentina (Aunar) –creada en 1993 por militares que habían actuado en la represión y no lo escondían– y dijo que sí. Cuando el fiscal le consultó si sabía que su máximo dirigente Fernando Exequiel Verplaetsen había sido condenado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, solo respondió “desconozco”.
Villarruel tampoco logró contestar muchas de las preguntas de la fiscalía –representada por Chit y Julia Vitar:
No pudo decir cuáles eran las fuentes “indubitables” que la llevaban a hablar de 17.380 víctimas. El fiscal le dijo que sus fuentes eran publicaciones, no información oficial;
No pudo explicar por qué dentro de la nómina de víctimas incorporó a aquellas que murieron en las protestas del Cordobazo o en la masacre de Ezeiza --y mucho menos por qué le atribuiría esas muertes a las organizaciones armadas de izquierda;
No logró explicar por qué no se abrieron causas en los años ‘80 por las que ella denomina “víctimas del terrorismo” cuando aun era posible hacerlo y sí lo hicieron a partir de 2003 o 2004, que es cuando se reimpulsó el proceso por los crímenes de la dictadura.
No consiguió explicar por qué en ninguna instancia habían conseguido fallos favorables en las causas que habían pedido la reapertura, sobre todo en el del Coronel Argentino Larrabure –que ahora está a estudio de la Corte Suprema y en el que el Celtyv actúa como Amicus Curiae (amigo del tribunal). En esa misma calidad, se presentó la organización en la causa por la bomba de Coordinación Federal que, pese a que la Cámara Federal porteña le había hecho un guiño a los sectores pro-militares el año pasado, la jueza María Servini sostuvo días atrás que estaba prescripto.
Pablo Gargiulo, el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, le preguntó si consideraba que el muestrario de crímenes del terrorismo de Estado –que incluía desde la tortura, el robo de bebés y los vuelos de la muerte– le parecían formas discutibles o injustificables para combatir al “terrorismo”.
Villarruel, después de varias objeciones de la defensa, finalmente contestó. “No puedo hablar de hechos que no conozco”, dijo la abogada que minutos antes había relatado al Tribunal OralFederal de Tucumán que desde la adolescencia estudiaba lo que había sucedido durante los años '70 en la Argentina.
