Miles de campesinos se sumaron a una protesta en apoyo al exmandatario Evo Morales, inhabilitado por la justicia para las presidenciales de 2025, que ya deja dos civiles muertos y 23 policías heridos a causa de los cortes de ruta que se realizan desde el lunes. Los cocaleros y otras organizaciones campesinas exigen la renuncia de los jueces del Tribunal Constitucional que fallaron contra Morales, así como la convocatoria inmediata de elecciones judiciales. Los magistrados de esa y otras cortes se autoprorrogaron en sus mandatos, que debían concluir el año pasado, ante la falta de un acuerdo en el Congreso para llamar a nuevos comicios.
"El pueblo está indignado"
"Hay más bloqueos, estamos avanzando. Nuestros movimientos ya le están haciendo temblar a este gobierno", dijo el líder cocalero Leonardo Loza a la radio RKC desde Parotani, en el departamento de Cochabamba, la cuna política de Morales. Este jueves la Administradora de Carreteras registró 22 puntos de bloqueo en rutas de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz, motor económico de Bolivia, frente a los 16 que había el miércoles.
Miles de manifestantes se fueron sumando a la protesta que agudizó todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía y a quien acusa de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.
"El pueblo está movilizado e indignado porque los magistrados violan flagrantemente la Constitución", escribió Morales en la red social X, elevando la presión para que el Congreso, de mayoría oficialista, apruebe el llamado a elecciones judiciales antes de 90 días. En otro comentario, el expresidente arremetió contra el sector del Movimiento al Socialismo (MAS) que no acompaña las protestas: "El pueblo tiene memoria, estoy seguro que recordará siempre a quienes han traicionado sus principios y se han alejado de nuestras convicciones revolucionarias".
Dos civiles muertos y 23 policías heridos
El miércoles el gobierno boliviano había dado cuenta de la muerte de una mujer de 53 años que tenía problemas de presión arterial y no pudo viajar por tierra de La Paz a Santa Cruz. "Queremos denunciar la segunda muerte a causa del bloqueo evista", señaló este jueves el viceministro de gobierno, Roberto Ríos, en conferencia de prensa. La nueva víctima es René Pauasi, un transportista de 57 años, quien sufrió un paro cardíaco en la zona del Chapare, departamento de Cochabamba, y no pudo ser auxiliado por los cortes de ruta.
También 23 policías resultaron heridos por manifestantes que los atacaron con piedras y explosivos en un punto de la protesta en el departamento de Potosí. "La federación de campesinos originarios de Potosí, en una cantidad de 200 personas aproximadamente, han procedido a emboscar a nuestros efectivos policiales", dijo el coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante de la policía regional. El viceministro Ríos denunció daños a sedes de organismos del Estado y responsabilizó por los hechos al diputado Antonio Colque Gabriel y al senador Leonardo Loza, afines a Morales.
Las manifestaciones dejan pérdidas diarias por 128 millones de dólares, según las estimaciones del ministerio de Economía. Morales quedó inhabilitado para la carrera presidencial de 2025, a raíz de una sentencia emitida en diciembre según la cual Morales ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas. El máximo líder de los cocaleros fue presidente entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por un golpe luego de que se celebraran unos comicios en los que buscaba obtener un cuarto mandato.
Proceso electoral polémico
La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo. En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un "vacío de poder". El gobierno de Arce defendió la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Morales criticó la decisión del Constitucional al igual que la oposición.
Ante un escenario de tensión el vicepresidente de Bolivia y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, convocó a los titulares de ambas cámaras y los representantes de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria a dialogar la próxima semana sobre el curso de las elecciones judiciales. Al diálogo están convocados entre otros el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, y el titular de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, también del MAS.
Rodríguez pertenece a la facción oficialista cercana a Morales y Huaytari es del sector leal al presidente Arce. "Se convoca al diálogo bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos como el único camino para viabilizar los consensos", señala la nota de la vicepresidencia que fue enviada a los legisladores.
