“Es difícil hacer cumplir el Sistema Interamericano de Derechos humanos en Argentina cuando el Gobierno se burla de eso de una manera sistemática y militante”, advirtió el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, durante la presentación del séptimo informe que ese organismo realiza sobre el estado del cumplimiento de esos derechos en el país. La nueva edición del documento que ya es ritual y guía en la materia realiza un análisis de elementos de la coyuntura político, social y económica nacional durante los últimos dos años. La detención arbitraria de Milagro Sala, la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de una represión de la Gendarmería a una comunidad mapuche y el hallazgo de su cuerpo sin vida 78 son algunos de los casos resonantes que ejemplifican la erosión de “aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país”. “Sabíamos que Jujuy era un tubo de ensayo, que si era posible detener arbitrariamente a la dirigente de la organización social más importante del país todos estábamos en libertad condicional y no nos equivocamos”, planteó Verbitsky, y concluyó: “El jueves rociaron de gas lacrimógeno en gran parte de la ciudad. Nuestra tarea es seguir luchando para que los conflictos se resuelvan a través del derecho y no a través de la violencia”.
En la presentación, que se llevó a cabo en el Parque de la Memoria, tuvo su homenaje especial la Madre de Plaza de Mayo y fundadora del CELS Carmen Lapaco. Verbitsky la recordó como una “militante feliz”. “Tras el episodio terrible del secuestro de su hija, que permanece desaparecida, encaró la búsqueda con tenacidad y alegría. La suya fue una militancia alegre, un ejemplo a tener en cuenta en estos tiempos oscuros”, la homenajeó.
Por su parte, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, destacó la sentencia en el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex ESMA como “una de las pocas buenas noticias de este año”. Su exposición también osciló entre la detención de Sala y la represión del jueves a la manifestación en rechazo a la reforma previsional. “Ese enero marcó lo que vendría en términos de políticas y prácticas gubernamentales relacionadas con la protesta social. Todos vimos la represión brutal descomunal de cuatro fuerzas de seguridad con toda la violencia reprimiendo la manifestación de todo el pueblo en contra de una ley de ajuste. Desapareció Santiago y apareció muerto, también mataron a Rafael Nahuel. Ambos puntos evidencian lo que vivimos estos dos últimos años de apoyo corporativo y político a la represión”.
“La protesta social está en peligro en Argentina y eso marcó el trabajo del CELS”, continuó Chillier. Dos puntos relacionados con la protesta son analizados en el primer y segundo capítulo del informe que presentaron ayer. El primero recorre “el impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales”.
Esto se complementa con el segundo capítulo, que refiere a la “Criminalización de la organización social, política y sindical”. Para el organismo, entre el año pasado y el que termina “se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos”. En este apartado advierten que esta estrategia “muestra el modo en que los poderes Ejecutivo y Judicial utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, y exhibe si el sistema judicial protege o, por el contrario, persigue la organización social, política y sindical”. El informe se complementa con análisis en términos de seguridad interior y aumento del abordaje punitivo de las fuerzas, una serie de “rasgos de un cambio de época en el discurso, las sentencias y las políticas” en términos de Memoria, Verdad y Justicia; la criminalización de los migrantes y el “recrudecimiento del dispositivo manicomial”.
“Los tiempos son sombríos para los derechos humanos, pero no nos va a ganar el pesimismo”, anunció Chillier. “Episodios como el del jueves son alentadores”, añadió Verbitsky. “Hay una resistencia social muy fuerte frente a la política que quieren imponer. No van a poder engañar a todo el mundo. Nosotros, desde CELS, estamos siguiendo la línea que marcaron sus fundadores”.
