Aunque pase inadvertido, octubre suele ser un gran mes para la Asociación del Fútbol Argentino. Con superávit holgado o más acotado, con mayores o menores ingresos de tevé, con Julio Grondona que va hacia su 35º aniversario en el gobierno (lo cumplirá el 6 de abril de 2014), la AFA aprobó su ejercicio 120 correspondiente al período 2012-2013. Como si viajara en piloto automático, el viejo dirigente adelantó hace unos días que su sucesor tendrá “el colchón hecho para vivir tranquilo económicamente” (ver aparte). En efecto, el último balance arrojó una ganancia de 4.458.848,35 pesos, y aunque muy alejado del cierre que tuvo el período anterior (28.533.123,62 a favor), se explica porque los gastos operativos aumentaron en todos sus rubros: administración, funcionamiento y competencias deportivas, entre otros. Pero la AFA no sólo se entiende por sus números. De la memoria elevada a la asamblea, también se sacan conclusiones.

En la página 18 de la esmerada presentación impresa del ejercicio, se informa a los asambleístas que las autoridades de la casa mantienen conversaciones con diferentes organismos nacionales, provinciales y judiciales “con el objeto de adoptar nuevas medidas de prevención y seguridad que, en su conjunto, procuren la erradicación de los grupos que encienden con sus aberrantes actitudes la chispa de la agresión e impiden que un partido de fútbol resulte, como la gran mayoría con su concurrencia masiva lo demuestra, una verdadera fiesta de nuestro querido deporte”.

La AFA atrasa varios años, que ya se cuentan por décadas, en su deuda con los familiares de las víctimas. A hoy son 273, según los registros de la ONG Salvemos al Fútbol que preside Liliana García, la mamá de Daniel, asesinado en 1995 durante la Copa América de Uruguay.

Una prueba del retroceso de la conducción de Grondona es el párrafo siguiente sacado de la memoria y balance de 1997-98, hace quince años: “...la dirigencia del fútbol está permanentemente cumpliendo todas las resoluciones, que se adoptan en el seno de la Secretaría de Seguridad Interior, con el objetivo de alcanzar el fin perseguido por todos, de erradicar la violencia en los espectáculos deportivos”. Desde el homicidio de Diego Mata Díaz, el 30 de enero de 1999 en el partido Platense-Huracán, hasta ahora, se produjeron 83 asesinatos en el período que va desde el cierre de aquella memoria y balance hasta la actual.

Pero no todos son retrocesos en el gobierno del fútbol nacional. El ejercicio que acaba de finalizar menciona logros como la ratificación de Grondona en la vicepresidencia de la FIFA por parte de la Confederación Sudamericana (“la vicepresidencia del mundo”, según el dirigente); el comodato que le extendió el gobierno nacional para que la AFA conserve las tierras del Complejo de Ezeiza hasta 2030 y el traslado de las oficinas administrativas del viejo edificio de la calle Viamonte hacia aquel distrito (financiado por la empresa española Santa Mónica), donde domina Alejandro Granados desde la década del ’90. El ex presidente del club Tristán Suárez es el actual ministro de Seguridad bonaerense de mano dura. Otro directivo surgido del Ascenso, aunque todavía no cruzó la frontera del fútbol hacia la política, es el tesorero de la AFA, José Lemme, hombre de Defensa y Justicia. Una considerable porción del poder de Grondona desde 1979 reside en ellos, los representantes de clubes llamados chicos o de las ligas del interior.

En su informe sobre los estados contables de la asociación, declaró ingresos en 2012-2013 por 483.342.193,55 pesos y egresos por 478.883.345,20. La diferencia son los 4.458.848,35 pesos de superávit. Otro punto destacado de su presentación fue la gestión de la AFA ante la AFIP para que los clubes afiliados obtengan facilidades de pago. Se inscribieron 37 hasta el cierre del ejercicio. Además, Lemme les notificó a los asambleístas que aprobaron el balance que “en el presupuesto económico del próximo ejercicio se consideraron los ingresos y egresos por la participación en el Mundial 2014, al haberse logrado ya la clasificación para este evento”.

En el estado de flujo de efectivo de la tesorería se comparan los ingresos al 30 de junio de 2012 y 2013, respectivamente. De esa información se destaca que la AFA recibió al cierre de este año, por derechos televisivos, 862.148.253,13 pesos y en el período anterior 804.346.143,93. O sea, 57.802.111 pesos más del Programa Fútbol para Todos, un dato que no se compadece con el estado calamitoso de muchas instituciones. Y, sobre todo, cuando en la columna denominada Erogaciones por Derechos Clubes en el Ejercicio consta que a 2012 la AFA les pagó 578.486.948,21 pesos y este año la cantidad subió a 728.619.133,55 pesos.

Generosa, la asociación que preside Grondona también les dio préstamos a sus clubes y ligas por 75.879.953,98 pesos contra los 41.112.414,80 que les otorgó a junio de 2012. Puede hacerlo sin temor a un quebranto. Además de los ingresos que recibirá por la participación de la Selección nacional en el Mundial de Brasil, entre otros recursos, atesora dos plazos fijos en el Banco Credicoop que ascendían al 30 de junio del año pasado a 75.730.958,90 y 50.765.027,58 pesos. También, aunque por un monto sustancialmente menor, mantiene una inversión en Bocones de la 6º serie.

Es tan holgada la situación económico-financiera de la AFA que su Tribunal de Cuentas, en el dictamen redactado el 17 de septiembre pasado y que figura en el balance, señala que dos juicios entablados por empresas del Grupo Clarín no han sido previsionados “por importe alguno fundado en el avance del estado procesal” y a juzgar por “la opinión de los asesores jurídicos de la Asociación del Fútbol Argentino que estiman como poco probable que ambas causas prosperen en sede administrativa o judicial...”

Se trata de la demanda de Televisión Satelital Codificada SA (TSC) del 23 de junio de 2010 por el contrato principal de derechos televisivos y del litigio generado por la rescisión del que se mantenía con Tele Red Imagen SA (Trisa) y Torneos y Competencias (TyC). Ambas compañías rechazaron esta última decisión de la AFA mediante cartas documento en agosto de 2011. Desde entonces, los expedientes judiciales no arrojaron novedades sustantivas.