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Mucho se especuló antes del discurso de Cristina Kirchner del jueves 1° de marzo sobre eventuales anuncios de reestatización o intervención de la empresa YPF. Y mucho se especuló después de ese discurso acerca de por qué no se hicieron esos anuncios. Hay una preocupación real del Gobierno por las restricciones de la oferta energética, altamente dependiente de los recursos hidrocarburíferos, pero hasta ahora la única línea de acción claramente definida desde el oficialismo es la ofensiva de los gobiernos provinciales dueños del subsuelo desde la reforma constitucional de 1994–sobre las productoras petroleras, YPF en particular, para que presenten en forma urgente un plan de inversiones o bien se atengan a una inmediata devolución de las áreas. De nacionalización o intervención de YPF, se habló en cambio más en Madrid o en Wall Street que en los pasillos oficiales. Y no es por casualidad.

El fin del idilio entre el Grupo Eskenazi y el gobierno kirchnerista desató toda una serie de especulaciones y juego de intereses. El grupo elegido para administrar la filial local de la española Repsol, que apareció en el firmamento petrolero como el ejecutor de la política pensada por Néstor Kirchner, terminó defraudando a quienes lo apoyaron, al sumar sus apetencias propias a las ya manifestadas por Repsol desde 1998, cuando se apropió del control de la ex petrolera estatal. Apetencias que, lógicamente, se antepusieron a los intereses de la Nación y del gobierno que los impulsó al podio.

Haciendo un poco de historia: Repsol se adueña de YPF en 1998, como culminación del proceso de desregulación y privatizaciones iniciado por el menemismo a comienzos de esa misma década. El ejecutor de esa política fue José Estensoro hasta su muerte, luego sucedido por Roberto Monti hasta el arribo de Repsol. La apertura de la explotación petrolera al capital privado durante la gestión de Estensoro logró rápidamente alcanzar el autoabastecimiento e, incluso, saldos para exportar hidrocarburos, pero sacándole el último provecho a los yacimientos que ya estaban en producción y sin el mínimo esfuerzo por reemplazar las reservas que se consumían.

Lo que mostraba el gráfico que Cristina exhibió durante su discurso, con una curva de producción que alcanzaba su máximo en 1998, no fue más que el resultado de esa política de liquidación de las reservas que, con el tiempo, se convertiría en el inicio de los dramas actuales. La Presidenta elogió la gestión de Estensoro contrastándola con la posterior de Repsol, aunque, en perspectiva, hoy podría decirse que una posibilitó la otra.

Cuando Repsol se adueñó de YPF, prácticamente no tenía reservas en el resto del mundo, por lo que el aporte que le hizo a los libros de la petrolera española fue sustancial. Más todavía lo fueron sus utilidades, que Repsol reinvirtió en países con áreas de exploración geológicamente más atractivas que el agotado subsuelo argentino. Así, continuó el proceso de desinversión de YPF en exploración, y comenzó paralelamente el de estancamiento y declinación de la producción.

La apertura del capital de la filial YPF a empresas argentinas, ya en tiempos del kirchnerismo, abrió expectativas de una confluencia de los intereses nacionales con los del capital privado local. El Grupo Eskenazi (con origen en la industria alimentaria, pero más recientemente adquirentes de ex bancos públicos provinciales) corporizó esa ilusión. Sin embargo, la particular arquitectura financiera que posibilitó su ingreso a la petrolera también condicionó su estrategia. Compró su participación accionaria con un préstamo de la propia Repsol, el que debía devolver con su parte de las utilidades futuras. No es curioso, entonces, que la acumulación de dividendos y su giro al exterior para cancelar la deuda se convirtiera en la prioridad, antes que la reinversión en yacimientos. De paso, fue la forma en que Repsol continuó asegurándose la succión de las utilidades totales.

Agotada la chance del actual esquema, el Gobierno apura la construcción de otro de reemplazo. Para revertir el déficit de abastecimiento de petróleo, el Gobierno necesita inversiones en las áreas menos explotadas, lo que no se resuelve sólo nacionalizando YPF. Sí, en cambio, revirtiendolas áreas al manejo de las provincias y consiguiendo los capitales, que son elevados y de lenta recuperación, dadas las condiciones geológicas de las reservas. Pero ello dentro del marco de una política energética, que no sólo pasa por definir el destino de YPF. En este último plano, también abundan los intereses que se mueven en la sombra alimentando versiones o provocando fuertes oscilaciones de Bolsa– buscando su lugar en el nuevo escenario.