“La política de inclusión social y previsional de este gobierno me parece muy buena. Es algo que reconozco y que hay que destacar. El menemismo había dejado un tendal de excluidos a lo largo y ancho del país. No hay duda de que la inclusión es positiva. Lo cuestionable es que el pago de pensiones no contributivas y asistenciales se financie con dinero de la Anses. Se ha llegado a la distorsión de que el 60 por ciento de las prestaciones que liquida la Anses son este tipo de pensiones, que no obligan a trabajar a quienes las reciben. Hay mucha gente joven en condiciones de trabajar que no lo hace para no perder la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros beneficios. Eso trae un problema nacional, porque hay un sector que trabaja y aporta para financiar a otro que no trabaja.”

Quien lo dice es el juez Luis Herrero, integrante de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social que esta semana consiguió un espaldarazo de la Corte Suprema en su pulseada con la Anses. El organismo previsional lo venía recusando sin causa desde mediados del año pasado, por interpretar que se maneja con “parcialidad” en sus fallos, con “animadversión” hacia la política oficial. El máximo tribunal rechazó esa estrategia de la Anses, que en los hechos le impedía al magistrado intervenir en las nuevas causas que recaían en la Sala II. Herrero aclaró en diálogo con Página/12 que el último año siguió ejerciendo como juez, resolviendo los expedientes acumulados en su juzgado –“unos 20 mil”– de años anteriores. También pudo dictar medidas cautelares para ordenar el reajuste de haberes en un plazo de 30 días, porque en esa instancia no lo alcanzaban las recusaciones. Otras 10 mil demandas, estimó, se amontonaron mientras su situación no se definía y ahora quedarán destrabadas.

Herrero fue un juez crítico de las AFJP y del menemismo, y ahora lo es –desde hace años– del kirchnerismo. En la entrevista con este diario fue al fondo de sus diferencias con el Gobierno: rechaza que la Anses destine parte de su presupuesto al pago de la Asignación Universal por Hijo –hay 3,3 millones de beneficiarios en la actualidad– y a financiar pensiones no contributivas y asistenciales, las cuales treparon de 175 mil en 2003 a 1,2 millón en septiembre último. El Gobierno defiende esa política como parte de una estrategia de reparación, de recomposición del mercado interno y de protección social. Para Herrero, desalienta la cultura del trabajo. Su otra objeción básica es que esa política de inclusión se hizo al mismo tiempo que un sector de los jubilados, aquellos que ganaban más de 1000 pesos entre 2002 y 2006, quedaron relegados en los aumentos de haberes que decretó el Gobierno durante esos años. “Está bien incluir, pero acá no se contemplaron los derechos de todos. Se afectó a quienes aportaron toda su vida y cumplieron todos los requisitos. Es un castigo al que trabaja, ése es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes”, cuestionó.

–El problema es que quienes cumplieron con todos los requisitos para jubilarse resultaron los perjudicados por esa situación. Ahí viene la crítica. Eso fue lo que generó la litigiosidad. Esos jubilados sufrieron la pérdida de valor adquisitivo de su jubilación de manera exponencial.

Para Herrero, la Anses no debería pagar la AUH y las pensiones a sectores vulnerables, y asignar esos recursos a quienes pudieron ser trabajadores formales y completar los aportes.

–Hay que distinguir esto que ideológicamente tiene una gran significación. La distinción es entre un sistema contributivo y otro asistencial. El sistema contributivo propende al trabajo, al ahorro, al crecimiento, estimula la capacitación y la superación, porque todos quieren ganar mejores sueldos para tener después una mejor jubilación. El sistema asistencial puede generar un estado de meseta, un achatamiento social, donde todos esos valores quedan desactivados. El sistema asistencial debe ser para casos excepcionales, para proteger la pobreza extrema, pero en la Argentina el 60 por ciento de las prestaciones que paga la Anses son de tipo asistencial, eso es una distorsión.

–Sí, es así. Sin dudas. Los problemas no los generó este gobierno. La hambruna que dejó la salida de la convertibilidad y las políticas antisociales que se implementaron en los ’90 produjeron esta situación que estamos analizando. Pero el Gobierno tiene que acatar los fallos de la Corte Suprema. Así es como deben funcionar las instituciones.

–Es cierto, una parte de la Anses se financia con impuestos, pero esos impuestos ya adoptan la naturaleza previsional. Son impuestos destinados al sistema de jubilaciones, no para un sistema asistencial.

–A un sector que goza de la garantía constitucional de la movilidad no se lo puede considerar como privilegiado. Es ridículo. Lo que hay que bregar es que esa garantía llegue a todos. En lugar de mirar para arriba miremos para abajo. El sistema especial de los jueces exige 30 años de servicio, 20 años en el Poder Judicial, los jueces deben aportar un punto porcentual más de su salario que los afiliados al régimen general, y sobre la totalidad del haber, sin topes. Por esas razones y por lo que le dije al comienzo creo que es lamentable que se lo califique como privilegio.

–Es deficitario porque se administra mal. Ahí está el problema, en que la Anses financia planes de vivienda, da préstamos a las automotrices, compra letras de Tesorería. Hace inversiones que no tienen la rentabilidad necesaria.