Marcos Rebasa, ex director del ENRE, miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, señaló a Página/12 algunos aspectos de la reciente crisis eléctrica, que resumimos en los siguientes párrafos:

“La ola de calor puso en evidencia la ausencia del mantenimiento adecuado y de las obras de aliento necesarias para abastecer el crecimiento de la demanda en la distribución del área metropolitana. Una visión ubica como causantes a las concesionarias Edenor y Edesur, como responsables por contrato de brindar el suministro a todos los usuarios en cantidad y calidad. En una actitud incomprensible de esas empresas, salvo que estuviera guiada por el cálculo y la expectativa de prebendas, su silencio ante la crisis, que no desmienten solicitadas tibias y confusas, y su reacción tardía en las soluciones, pone en duda su capacidad para enfrentar los desafíos que vienen por delante. Durante años han solicitado la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es su remuneración por las tareas a su cargo. Han esgrimido, a menudo, la falta de ajuste de ese valor como argumento para explicar las escasas inversiones en mantenimiento y obras de ampliación. Debemos preguntarnos por qué entonces continuaron su tarea ante esa circunstancia que les impedía cumplir adecuadamente los contratos de un servicio público.

El Ministerio de Planificación, responsable último del área y conocedor de esta situación, encontró maneras para mantener a los concesionarios con los fondos necesarios para el desarrollo acotado de sus tareas, sin que faltara para pagar los gastos corrientes y algún mantenimiento. Esta fórmula alcanzó para que los cortes fueran circunstanciales, aunque en crecimiento, y que los veranos e inviernos tuvieran sofocones cada vez mayores pero sin llegar a una crisis como la actual.

Se ha deslizado la responsabilidad del ENRE, en tanto regulador del sector, en los hechos acaecidos. No puede desconocerse que ese organismo, intervenido por Planificación, carece actualmente de las atribuciones de independencia que le otorga la ley.

Podemos preguntarnos entonces por qué no se acordó otorgar a las concesionarias un VAD adecuado a las inversiones necesarias y un control estricto del ENRE en ese proceso de inversión, sin esperar los resultados y las multas consiguientes, que no resuelven los daños sufridos por los usuarios. La respuesta es clara, precisa, aunque difícil de exponer: porque la tarifa que pagan los usuarios está subsidiada y no alcanza para pagar la remuneración que se abona a los concesionarios ni tampoco el costo de la energía que suministran las generadoras.

Quedan interrogantes, que sería productivo debatir para bien del proyecto nacional: 1) ¿Por qué mantener el subsidio a las tarifas de electricidad en estas proporciones, sobre todo a sectores sociales con amplia capacidad para asumirlas? Existiendo mecanismos para diferenciar sectores, debidamente estudiados, y fórmulas para no producir ajustes al estilo del Gobierno de la Ciudad. 2) ¿Por qué no lanzar una campaña seria e importante de uso racional, responsable y eficiente de la energía, que es tan necesario para la evolución de nuestra economía? 3) ¿Por qué no evaluar los costos-beneficios de lo anterior, frente a desarrollos posibles del sector energético que significarán un beneficio general para la población y nuestra economía?