ECONOMíA › FALTA DE INVERSIONES EN EXPLORACION DE GAS

Horizonte de reservas limitado

 Por Cledis Candelaresi

La falta de inversiones en exploración de gas dejó a la Argentina con un horizonte de reservas muy limitado. Según el optimismo del especialista que se consulte, y de acuerdo con cuánto aumente el consumo en el futuro inmediato, éstas alcanzarán para 9 o, a lo sumo, 12 años más. Si el nuevo sendero de precios que el Gobierno está definiendo con las petroleras las lanzara a una supuesta búsqueda frenética, quizá podría eludirse la necesidad de diseñar un plan que permita ir reemplazando esa fuente de energía por alguna otra, aunque sea contaminante o más costosa.
La primera dificultad es que no existen auditorías públicas de reservas, lo que obliga al Estado a tomar decisiones en base a la información que le acercan las empresas. Según el último registro privado, Argentina hoy dispone de reservas por un total de 700 mil millones de metros cúbicos (algo más considerando las “probables”) y, a falta de tareas exploratorias, éstas no tienen chances de aumentar. Con un consumo de alrededor de 55 mil millones de metros por año, el ex director del Enargas, Andrés Repart, hace una cuenta sencilla: a menos que medie un hallazgo providencial, Argentina sólo podría atender sus necesidades con gas propio por un poco más de una década.
Y esto, sin considerar que cuando se llega a cierto punto en la extracción, el gas remanente en un yacimiento sólo puede ser extraído con un trabajo tan costoso que vuelve antieconómica su explotación y, por consiguiente, es mejor abandonarlo en las profundidades.
Los 5 millones de barrilles de fuel oil que se comprometió a enviar Venezuela podrían ser un buen paliativo para la crisis que estalló en manos de Néstor Kirchner, ya que permitirían atender durante tres meses la demanda de las usinas térmicas que utilizan el gas como principal insumo. Pero se trata sólo de una salida de emergencia y con alto costo fiscal, ya que es el Estado el que terminará subsidiando a las generadoras por la diferencia entre el precio de ese carburante y el del combustible venezolano, alrededor de cinco veces más caro.
El problema mayor, sin embargo, subsistirá indemne, ya que no hay ni siquiera en proyecto ninguna inversión para buscar gas. En alguna medida, porque en Argentina ni Gas del Estado habría encarado búsquedas sistemáticas del fluido, cuyo hallazgo siempre estuvo asociado al del petróleo. También, porque no hay norma alguna que obligue a las petroleras privadas a encarar ese rastreo del subsuelo.
Las leyes vigentes dejan muchas puertas abiertas para las operadoras privadas, tanto en la producción como en el transporte. Si bien este segmento de la actividad está considerado como “servicio público”, los contratos de concesión no imponen a los adjudicatarios inversiones para ampliar la red y admiten gran discrecionalidad para definir obras.
El resultado, según destaca el ex subsecretario de Combustible alfonsinista Gustavo Calleja, es nítido: las transportadoras aumentaron la capacidad de transporte imprimiendo mayor presión en los caños y no con tendidos de relevancia. Por el contrario, sólo habrían hecho algunos pequeños ductos paralelos a los troncales, básicamente utilizados como almacenamiento, u otros apropiados para exportar.
Con la producción las cosas no son demasiado diferentes. Desde la devaluación, las productoras de hidrocarburos advierten que no invertirían un centavo en exploración, algo que en realidad tampoco hicieron durante los últimos años de la convertibilidad. Aunque el precio de gas boca de pozo quedó desregulado, el congelamiento aplicado sobre las tarifas del otro extremo de la cadena, la distribución, no les permitía seguir ajustando el precio del gas a valor dólar, lo que consideraron absolutamente desalentador.
Desde entonces, la exportación fue sin dudas un atractivo muy poderoso para las compañías. Más aún si se considera que casi no hay restriccionespara hacerla y, de broche, que las empresas están eximidas de liquidar en el país el 70 por ciento de las divisas que consiguen por sus ventas en el exterior. La ley vigente sólo permitiría interrumpir esos contratos generalmente entre privados si peligra el abastecimiento interno. Pero nada dice de quién afrontará los costos en esa eventualidad.

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