EL MUNDO › EL EJECUTIVO MEXICANO QUIERE ENDURECER EL CODIGO PENAL

Calderón pide perpetua para secuestradores

 Por Gerardo Albarrán de Alba

Desde México, D. F.

El hartazgo nacional contra la inseguridad pública, particularmente en delitos que afectan directamente a las personas, como el secuestro, que se ha disparado desde el año pasado, se ha reflejado esta semana en México con posiciones que van desde sancionar con cadena perpetua a los plagiarios hasta aplicarles la pena de muerte.

Ante voces radicales como la de empresarios y hasta el coordinador priista en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, que se pronunciaron por condenar a muerte a los secuestradores, luego de que fuera encontrado el jueves pasado el cadáver del hijo de un notorio empresario, un adolescente de 14 años asesinado mes y medio antes por sus plagiarios, el presidente Felipe Calderón reaccionó ayer y pidió al Congreso que retome una iniciativa de reforma penal enviada en marzo de 2007, a la que ahora hizo un agregado: cárcel de por vida a los secuestradores, que sean o hayan sido policías que plagien a menores de edad o asesinen a sus víctimas. Esta reforma podría ser aprobada en septiembre, según el acuerdo al que llegaron horas después legisladores del PAN y del PRD.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran 438 secuestros denunciados en todo el país durante el primer año de administración del panista Felipe Calderón, lo que representa 113 plagios más que en 2006. Sin embargo, esta cifra podría quedarse muy corta, pues según expertos en la materia, dos o tres personas más son secuestradas por cada caso denunciado. En lo que va de este año, el mayor repunte de este delito registra 60 casos en el estado de México, 20 en Guerrero, 17 en Morelos y 12 en Hidalgo y Veracruz. Se conocen por lo menos cuatro casos en los que las víctimas fueron asesinadas pese a que se pagó un rescate.

Ni siq

uiera las cifras oficiales son plenamente conocidas, pues la Procuraduría General de Justicia las oculta, al punto que ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información le ordenó difundir las estadísticas sobre la incidencia del secuestro durante 2007 y 2008, datos que la dependencia había clasificado como reservados hasta 2014, así como especificar cuántas bandas dedicadas al plagio tienen detectadas, explicar el modus operandi y dar a conocer las identidades de los principales líderes de dichas organizaciones delictivas, información que había sido declarada como “inexistente”.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sumó al debate cuando los diputados locales priistas anunciaron que promoverán la pena de muerte contra secuestradores, idea que de inmediato fue rechazada por el ombudsman de la capital del país, Emilia Alvarez Icaza, para quien estas posturas no resuelven el problema y sí enrarecen y conflictúan el ambiente social. El tema no está exento de matices políticos y se ha convertido en moneda de cambio para que el propio presidente Calderón ataque el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Varios analistas coinciden en que el objetivo de Calderón no es reducir la incidencia de este crimen, sino debilitar al principal bastión electoral de la izquierda con miras a las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la República en 2009.

Esta suerte de populismo judicial contrasta con el inmovilismo de la administración calderonista, a la que no pareció importar que su iniciativa de reforma penal permaneciera congelada 17 meses en una comisión legislativa presidida por un diputado de su propio partido, el PAN, y que además parezca redundante: actualmente, un secuestrador puede enfrentar una pena máxima de 70 años de prisión, cuando la víctima es asesinada. La pena mínima es de 15 años.

La renovada atención pública sobre el repunte de los secuestros en México coincidió con las instrucciones que dio Calderón la semana pasada al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para realizar ajustes en la estructura de mandos de esa institución, lo que derivó en la salida de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, y de Noé Ramírez Mandujano, fiscal de combate a la delincuencia organizada.

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