EL MUNDO › EN PERú HABRá QUE CONSULTAR A LAS COMUNIDADES EN PROYECTOS CON TIERRAS

Una ley a favor de los indígenas

La palabra de los pueblos originarios tendrá que ser considerada por la clase política peruana a la hora de dar luz verde a la explotación de recursos naturales. La norma había sido vetada por el ex presidente García.

 Por Carlos Noriega

Desde Lima

Los pueblos indígenas peruanos obtuvieron una histórica victoria con la aprobación en el Congreso de la ley de consulta previa. Esta ley obliga a que las comunidades indígenas sean consultadas antes de darse luz verde a la explotación de recursos naturales en sus territorios o a la aprobación de leyes que los afecten. Es un triunfo que a las comunidades originarias les ha costado años de lucha y varios muertos. La norma fue aprobada por unanimidad en el Congreso unicameral. Hace un año, el Parlamento había dictaminado esta ley, pero el ex presidente Alan García vetó su promulgación alegando que afectaría las inversiones privadas para explotar recursos naturales. Instalado el nuevo Congreso el pasado 28 de julio, la actual bancada oficialista de Gana Perú impulsó el debate sobre esta ley y logró sacarla adelante por unanimidad. Esta fue la primera victoria del oficialismo en el Congreso, en el cual, con 47 representantes de las 130 bancas del Parlamento, no tiene mayoría absoluta.

El oficialismo obtuvo una segunda victoria en el Congreso cuando, el pasado jueves, el gabinete ministerial consiguió un voto de confianza luego de presentar los planes de gobierno. En su presentación ante los legisladores, el primer ministro Salomón Lerner saludó la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, destacó el carácter pluricultural y multiétnico del Perú y propuso que los pueblos indígenas tengan representación propia en el Congreso. Lerner reiteró que el eje principal del gobierno de Ollanta Humala es un crecimiento económico –que estimó en un promedio de 6 por ciento anual para los próximos años– con inclusión social. El primer ministro anunció la creación de un nuevo impuesto a las grandes utilidades de las empresas mineras, que para este año se estiman en unos nueve mil millones de dólares, con el que se espera recaudar aproximadamente 1,100 millones de dólares al año, dinero que se destinará, fundamentalmente, a los programas sociales.

Al momento de votarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, la derecha, que inicialmente se había opuesto, finalmente cedió y terminó votando a favor de la misma, aunque con la salvedad de que la consulta a las comunidades nativas no debe tener carácter vinculante. Respondiendo a esta postura que pretende minimizar la consulta a los pueblos indígenas, los representantes del oficialista Gana Perú han dicho que si bien la ley, que recoge lo que dice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, no le da carácter vinculante a la consulta a estas poblaciones, sí señala que su opinión debe ser tomada en cuenta y respetada. En la campaña electoral, el presidente Humala se comprometió a no permitir el desarrollo de ningún proyecto que no tenga el consentimiento de las comunidades indígenas.

En los últimos años se dieron centenares de concesiones para explotar recursos naturales, especialmente a empresas mineras y petroleras, en los territorios indígenas sin ninguna consulta a estas poblaciones, lo que desató una serie de conflictos sociales, varios de los cuales terminaron en hechos violentos. La Defensoría del Pueblo tiene registrados en la actualidad cerca de 120 conflictos sociales entre poblaciones indígenas y empresas que operan en sus territorios sin su consentimiento, contaminando sus aguas y tierras y afectando su salud. El punto más grave de estos conflictos ocurrió en junio de 2009, cuando el gobierno de García reprimió un paro de las comunidades nativas amazónicas, que habían bloqueado varias vías, dejando un saldo de 34 muertos. Los nativos rechazaban la decisión del gobierno de promover la concesión de sus tierras sin consultarles para la explotación minera, petrolera y maderera, y exigían que se promulgue una ley de consulta previa, como la aprobada en estos días.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a las comunidades nativas amazónicas, y que encabezó el paro indígena de 2009 que terminó con 34 muertos, calificó la aprobación de la norma como “un gran salto adelante”. Señaló que esa decisión demuestra “la voluntad del gobierno para llevar adelante los grandes cambios que el país necesita”, y definió esta norma como una forma de “impulsar el verdadero desarrollo armónico del Perú”. Eduardo Nayap Kinin, dirigente indígena amazónico de la comunidad awajún –la que tuvo participación central en las protestas de 2009– y elegido congresista por el oficialista Gana Perú, calificó la sanción de esta ley como “un acto patriótico” y como “una muestra de la inclusión social que tanto hemos proclamado”. “Estamos dando señales de que tenemos que incluir a los pueblos amazónicos y andinos, que ya no son ciudadanos de segunda categoría”, señaló Nayap, en alusión al calificativo de “ciudadanos de segunda categoría” que utilizó durante su gobierno el ex presidente García para referirse a los pueblos indígenas y desconocer sus derechos. El ministro de Ambiente, Ricardo Giesecke, ha dicho que la aprobación de la ley de consulta previa le “pone una lápida” a la política de García de desconocer los derechos indígenas.

Compartir: 

Twitter
 

Ollanta Humala (centr.) se comprometió a consultar a los aborígenes.
Imagen: AFP
 
EL MUNDO
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.