El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (foto), entregó a 304 familias desplazadas por la violencia un terreno que pertenecía a lugartenientes del extinto narcotraficante Pablo Escobar, como inicio de la aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras en el departamento de Córdoba (noroeste).

Santos advirtió que la entrega de la finca Las Catas, de 4225 hectáreas, en el municipio de Ayapel, es una muestra de la “gran evolución agraria” que busca cambiar la situación de las zonas rurales del país que afrontan “los conflictos, la pobreza y el subdesarrollo”.

El mandatario de línea dura con los grupos rebeldes siguió explicando la medida: “Desde la campaña propusimos que a este sector rural le diéramos un vuelco y que al mismo tiempo pudiésemos aclimatar la paz. Que al mismo tiempo pudiésemos devolverles a esos campesinos, desplazados por la violencia, su tierra”. Santos agregó que el propósito del gobierno es apoyar además a los campesinos para que los predios vuelvan a ser productivos, generen ingresos y les brinden una vida digna. Las Catas fue incautada en 2005 por la Dirección Nacional de Estupefacientes (entidad liquidada que administraba bienes de narcotraficantes) a los hermanos William, Francisco y Gerardo Moncada.

El predio les fue asignado a las familias desplazadas de la región, quienes desde ahora desarrollarán allí proyectos productivos de cacao y caucho con el apoyo del gobierno local y el Servicio Nacional de Aprendizaje. La ley para restituir las tierras y reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano fue sancionada en junio de 2011 por Santos, quien considera este punto como el principal objetivo de su gobierno que empezó en agosto de 2010, y que ya ha devuelto a sus legítimos propietarios 750 mil hectáreas de tierra, lo que ha beneficiado a 30 mil familias. De acuerdo con la legislación, se hace efectiva la entrega de reparaciones económicas a las víctimas desde el 1º de enero de 1985 y la restitución de las tierras a quienes han sido despojados desde la misma fecha de 1991.

Al menos 4 millones de colombianos obtendrán los beneficios de la norma, quienes deben comprometerse a no demandar al Estado, con el objetivo de que las reparaciones se hagan de forma rápida por vía administrativa. Se estima que más de 2 millones de hectáreas han sido robadas por paramilitares y guerrilleros, mientras que 4 millones fueron abandonadas por sus dueños y usurpadas por miembros de grupos armados a raíz de problemas de seguridad en diversas regiones.