El Tribunal Supremo español archivó ayer por prescripción la tercera causa abierta contra el juez Baltasar Garzón, denunciado por un delito de cohecho impropio por haber recibido financiación de grandes bancos y empresas españolas para unos cursos que dictó en Nueva York en 2005 y 2006.

La decisión de cerrar este proceso llega cuatro días después de que Garzón fue condenado a once años de inhabilitación al ser hallado culpable de un delito de prevaricato –dictar a sabiendas una resolución injusta– por haber ordenado escuchas telefónicas entre los abogados y principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, ligado al gobernante Partido Popular (PP). Además, el juez español, mundialmente famoso por perseguir a violadores de los derechos humanos, espera la sentencia del segundo juicio en su contra por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien el pasado 27 de enero imputó a Garzón un delito de cohecho impropio, es decir, haber recibido regalos o fondos en razón de su cargo, considera ahora que los hechos por los que el magistrado fue denunciado “han prescripto” y “procede archivar la causa”. En su resolución de nueve páginas, Marchena acepta el pedido de la Fiscalía de archivar el caso por prescripción, argumento que fue planteado por primera vez la semana pasada, una vez que el juez instructor limitó la imputación a cohecho impropio descartando el prevaricato.

Los abogados que iniciaron la demanda, José Luis Mazón y Antonio Panea, solicitaban penas de 5 años de prisión y 30 de inhabilitación al acusar a Garzón de cohecho y prevaricato por haber recibido dinero del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y poco después haber archivado una querella en su contra, cuando debía abstenerse.

Pero según el magistrado del máximo tribunal, Garzón había cometido sólo un delito de cohecho impropio al pedir personalmente y obtener de “importantes empresas y bancos españoles” un total de 1,2 millón de dólares para patrocinar las actividades que dirigió durante su permanencia en la Universidad de Nueva York (UNY) en 2005 y 2006.

Este dinero, proveniente principalmente del Banco Santander, pero también del BBVA y otras empresas como la petrolera Cespsa, la eléctrica Endesa y Telefónica, le fue entregado a Garzón “en atención a su condición de juez”, dijo el instructor al procesar al juez.

Pero en su resolución, Marchena señala que “el último pago efectuado a Garzón por el BBVA se realizó el 17 de mayo de 2006”, mientras la querella fue presentada el 12 de junio de 2009, transcurridos 3 años y 25 días de la fecha de comisión del delito, “rebasando el plazo prescriptivo”. La resolución supone un respiro para Garzón, quien tras ser condenado a 11 años de inhabilitación vio cómo se acaba su ascendente carrera judicial de más de 30 años.