La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó ayer a nueve años de prisión al ex presidente del Congreso Javier Cáceres, por crear alianzas con grupos paramilitares del departamento de Bolívar a cambio de apoyo político. Además de la sentencia por el delito de concierto para delinquir contra Cáceres, la Corte ordenó investigar posibles desvíos de dinero de la alcaldía del municipio de Campo de la Cruz, en el departamento de Atlántico (norte), hacia miembros del desmovilizado grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según los ex paramilitares José Gélvez y Uber Banquez, principales testigos del caso conocidos con los alias de “El Canoso” y “Juancho Dique”, el entonces congresista se reunió en 2003 con varios miembros de las AUC para hablar sobre la desmovilización del grupo y las amenazas que líderes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) habían recibido en la región. “Me reúno con Cáceres y se tomó el tema del señor Germán González, candidato a la alcaldía de Turbaco (poblado de Bolívar), que era del PDA, no era de nuestra gente. Yo le dije que a ese señor había que apartarlo del camino, pero él me pidió que no hiciera nada”, contó Dique durante una audiencia en noviembre de 2011.

El desmovilizado jefe paramilitar había negado sus relaciones con Cáceres al inicio de la investigación, sin embargo desde junio de 2009 cambió su versión y afirmó haberse reunido con él. Por su parte, El Canoso indicó que en 2004 sostuvo tres encuentros en Bogotá con Cáceres y otros ex senadores como Eleonora Pineda, Rocío Arias, Vicente Blel, Zulema Játtin y Miguel de la Espriella. Esos encuentros tenían como objetivo, según El Canoso, la aprobación de los puntos de la Ley de Justicia y Paz que les permitirían a las AUC desmovilizarse entre 2003 y 2006, durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2010).