EL MUNDO › OPINIóN

Un nuevo corralito democrático

 Por Alfredo Serrano Mancilla e Iñigo Errejón *

No es ningún secreto afirmar que estamos ante una profunda crisis. La mayoría de los análisis se empeñan en representarla como un fenómeno económico atmosférico, “neutro”. Pero la crisis es otra cosa, es una falla orgánica del sistema capitalista, de su estructura productivo-distributiva. La crisis debe ser entendida también como ofensiva política. Debe ser entendida como operación de desposesión de las capas su-balternas y de redistribución regresiva de la renta. Pero, además, la crisis también debe ser entendida como reestructuración política de los Estados centrales de la economía-mundo. En ese sentido, se vive en los Estados europeos, en particular en los del sur, un proceso acelerado de “oligarquización” de sus sistemas políticos. Esto es, de primacía de los poderes no elegidos democráticamente, en un estrechamiento de las posibilidades de decisión democrática, manifestado de dos formas: 1) la reducción de la soberanía popular a un principio legitimador del recambio periódico de élites, y 2) la ilusión de una política sin antagonismo, sin opciones enfrentadas y, finalmente, sin las pasiones de masas, entregada ya a una mera actividad de administración “técnica” en manos de expertos.

Al presentar como “técnicas” razones necesariamente políticas, la pospolítica pone las ideas dominantes a buen recaudo de la discusión política y por tanto del alcance popular. En Europa, la integración económica neoliberal no fue ajena a este estrechamiento democrático. La financiarización de la economía permitía que las finanzas dominaran el rumbo de la economía. En este escenario, España hizo todo lo acordado en medio de esta nueva arquitectura neoliberal mundial que somete la política a una economía para unos pocos. España construyó un orden político estable como resultado del pacto entre las izquierdas mayoritarias y las élites del franquismo, y asumió su papel en la división internacional del trabajo de la UE. La crisis hace tambalear este pacto de reparto de ganancias entre las transeuropeas. El negocio ya no es el mismo si lo comparamos con el gran big bang financiero. He aquí donde el capitalismo se reforma o se reinventa. Los técnicos se ponen a ello, la política queda subordinada a variables y parámetros decididos en otro lugar, lejos de la soberanía popular. Ante este escenario, crítico y en transición, el neoliberalismo se reacomoda. La nueva propuesta es una mezcla explosiva: capitalismo corporativo (o intervencionismo selectivo) y neoliberalismo plus. El Estado vuelve a participar para salvar a una suerte de super entidad sostén del actual sistema económico. En España, este intervencionismo selectivo reescribe la funcionalidad del Estado; por ejemplo, en el caso del sistema financiero, el gobierno español intervino, en una primera etapa, con su salvataje bancario mediante préstamos a la banca con fondos públicos. Por otro lado, el neoliberalismo plus es la salida neoliberal a la crisis de neoliberalismo. Esto es, la profundización del neoliberalismo en la periferia disponible. El consenso de Washington ya fue implementado en América latina, en esa periferia disponible de las décadas perdidas. Ahora no. Ahora América latina es una región más soberana, más emancipada, que decide insertarse estratégicamente en el mundo multipolar. América latina ya no es periferia disponible. Por el contrario, en el seno europeo, la periferia disponible es, por ejemplo, España. Es, entonces, cuando Alemania usa a la Unión Europea para imponer su revisión del programa neoliberal, una suerte de nuevo consenso neoliberal del siglo XXI. La periferia europea sigue siendo objeto de sus planes de (des)ajuste y (des)estabilización, permitiendo así el nuevo negocio para los acreedores de la deuda (banca privada alemana y francesa). En España, la deuda total en 2010, según el Bando Internacional de Pagos, asciende al 400 por ciento del PIB, donde la deuda privada de las empresas representan el 63 por ciento de ese valor. El problema es la deuda privada, y sin embargo, el pago de la deuda pública se convierte en el eje de la política; entre 2007 y 2012 el pago de intereses de deuda pública ha crecido un 80,3 por ciento. El nuevo episodio, pero no el último, se produjo a la hora de la siesta española el pasado sábado: nuevo corralito democrático disfrazado como rescate a cargo de la troika europea. Rescatada la banca, hundida la población española. Así se podrá saldar la deuda privada de la banca española con la banca alemana y francesa. Abusando del discurso de lo técnico y de lo neutro, evaluadores independientes consideran que son necesarios 100.000.000.000 de euros para sanear las denominadas entidades financieras sistémicas. Este préstamo concedido no es directo a la banca privada, evitando así asumir el correspondiente riesgo de impago, sino que se hace a través del Estado, de tal manera que mientras se pague o no, el préstamo pasará a ser más deuda pública y el pago de intereses se hará con cargo al déficit público. Para entender las consecuencias de este “rescate”, no obstante, es preciso relacionarlo con la aprobación de una reforma constitucional, acordada –como siempre– en el verano pasado por PP y PSOE y hurtada a la discusión popular, que da prioridad a los pagos de la deuda por encima de cualquier gasto social. Este es el dato crucial que hace del rescate un verdadero chantaje y que abre las puertas de nuestra particular “memoria del saqueo”, que antes veíamos por la televisión sobre América latina. En sustitución de un presidente del gobierno insólitamente escondido y camino de la Eurocopa de fútbol, el ministro de Economía español y ex consejero de Lehman Brothers Luis De Guindos afirmaba que no habrá condicionantes macroeconómicos ni ajuste fiscal requerido ante tal préstamo, y ¿cómo contabilizará este trasvase de deuda privada a deuda pública en los próximos presupuestos? Por tanto, el viejo consenso de Washington se rejuvenece; el FMI vuelve a sus andadas augurando décadas sin democracia, ni económica ni política.

* Doctor en Economía, coordinador para América latina de la Fundación CEPS, y doctor en Ciencia Política, miembro del Consejo Directivo Fundación CEPS, respectivamente.

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