El representante de la Unasur en Haití, Rodolfo Mattarollo, fue, junto con el ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, el primero en enmarcar a la Masacre de Trelew entre los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado. Lo hizo en el mismo momento en el que sucedieron los fusilamientos de 19 presos políticos, el 22 de agosto de 1972. Tres de ellos sobrevivieron a la balacera que sufrieron en la Base Almirante Zar, pero hoy están desaparecidos o asesinados. “Fue un ensayo general del terror que sembró desde 1976 la dictadura de (Rafael) Videla y compañía”, no se cansa de repetir el ex abogado de presos políticos que compartió profesión y militancia con Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, entre otros tantos abogados víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Para él, la masacre formó parte de una batería de acciones que la dictadura de Alejandro Lanusse (1971-1973) comenzó a ensayar ante los movimientos contestatarios que se habían levantado desde los ‘60. “Es imposible analizar la masacre por fuera de lo que estaba ocurriendo en el país y de lo que ocurrió luego”, dijo, después de declarar en Chubut, la semana pasada, en el juicio por la masacre.

–Integraba la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, que nucleaba a más de 150 defensores de presos políticos sin distinción de ideología. Formábamos parte de ese gran movimiento antidictatorial que se forjó contra la dictadura de (Juan Carlos) Onganía y Lanusse. Nos preocupaba denunciar la represión y la tortura que sufrían los detenidos sólo por militar, por luchar por recobrar una democracia que se habían emperrado en arrebatarnos a los argentinos ininterrumpidamente desde 1930, con el inicio de la Década Infame. Las insurrecciones populares focalizadas que comenzaron a sucederse, el Cordobazo, el Rosariazo, el Mendozazo, alarmaron a los sectores más reaccionarios de la sociedad y derivaron en respuestas represivas nuevas. En ese marco aparece la lucha armada, organizaciones que sólo un par de años después, en 1972, protagonizan esa gran bofeteada al sistema de facto que fue la fuga de decenas de presos políticos de un penal de máxima seguridad como es la Unidad 6 de Rawson. En ese contexto debe entenderse la masacre y también la persecución que sufrió todo el andamiaje que había comenzado a construirse alrededor de los movimientos contestatarios. Cerca de 130 abogados de La Gremial están desaparecidos.

–La tortura adquiere carácter masivo en el país con Onganía. Apenas teníamos noticias de una detención, los abogados intentábamos colocar un hábeas corpus, una intervención inmediata que sabíamos permitía frenar la tortura y los malos tratos, o por lo menos dificultarlos. También llegamos a pedir pericias médicas a los presos que habían sido sometidos a picana en interrogatorios, por ejemplo. Nos rompíamos la cabeza pensando la manera de salvaguardar la integridad física de los detenidos en un clima generalizado de violaciones a los derechos humanos institucionalizadas.

–Esa situación es la que nos llevó a Duhalde, a Rodolfo Ortega Peña (un colega que fue asesinado por la Triple A en 1974) y a mí a hablar de terrorismo de Estado antes del golpe de 1976 y a caracterizar la Masacre de Trelew como un ensayo general de ese terrorismo que se generalizará a partir de entonces. Pero había más. Un año antes habían comenzado las desapariciones forzadas, el sistema preferido de los represores de 1976. La desaparición en 1971 del matrimonio de Marcelo Verd y Sara Palacios de Verd; el secuestro en el mismo año de Mirtha Misetich, de cuyo paradero tampoco hay noticia, y el asesinato en ese operativo de su esposo Juan Maestre. Por otro lado, nosotros tres defendíamos presos políticos confinados en Rawson al momento de la fuga frustrada del 15 de julio de 1972; algunos de ellos la protagonizaron y forman hoy parte de las víctimas del fusilamiento. Yo defendía a María Angélica Sabelli. Cuando nos enteramos de la fuga, viajamos a Rawson porque tuvimos la certeza de que había un peligro concreto de la pérdida de la integridad física de nuestros defendidos. Cuando llegamos encontramos un panorama de absoluta indefensión jurídica de nuestros procesados.

–Que desaparecía de hecho el estrecho margen de legalidad que existía bajo la dictadura de Lanu-sse. Entonces funcionaba el conocido Camarón, la Cámara Federal en lo Penal, a la que considerábamos un tribunal especial prohibido por la Constitución pero que, sin embargo, ofrecía un margen de reglas de juego que permitían representación jurídica, una luz de acercamiento entre los presos políticos y nosotros. Desapareció todo aquello cuando trasladaron a los presos políticos fugados y rendidos desde el aeropuerto a la Base Almirante Zar. No pudimos entrevistar a los jueces, no pudimos acceder al penal y mucho menos a la base. Las Fuerzas Armadas habían violado sin conflicto alguno el compromiso de llevar a los chicos al penal.

–Sentimos que se aproximaba una situación muy grave, tensa, peligrosa. Además de no poder verlos, de no poder tomar contacto con el Camarón, sentimos que nos perseguían... Un día estábamos almorzando en el Hotel Provincial de Rawson junto con el diputado Mario Amaya, hoy desaparecido, y el abogado local Hipólito Solari Yrigoyen. Nos detuvieron a todos y a Amaya lo pusieron a disposición del PEN. Decidimos volver a Buenos Aires, donde nos enteramos de los asesinatos de los chicos. Quisimos dar una conferencia de prensa en la sede de La Gremial, pero la volaron con una bomba. La hicimos en la calle.

–La detención de los chicos había sido pública y notoria en un aeropuerto lleno de testigos involuntarios. Era una situación imposible de negar; ellos no podían desaparecer. Los mataron para sembrar el escarmiento. Habían puesto a las Fuerzas Armadas en ridículo frente a toda la sociedad, con lo cual el fusilamiento fue una reacción de profundo resentimiento.