EL MUNDO › UNOS 50.000 MANIFESTANTES PROTESTARON CONTRA LA REPRESION MILITAR

Toledo se sentó sobre las bayonetas

La militarización de las calles de Lima y otras ciudades saltó ayer al centro del debate político en Perú, donde estallaron nuevas manifestaciones en protesta por la muerte de un estudiante. El presidente Alejandro Toledo guarda silencio.

 Por Carlos Noriega

Página/12
en Perú
Desde Lima

Miles de personas marcharon ayer, junto a las autoridades locales, por las calles de Puno, ciudad ubicada en el Altiplano, cerca de la frontera con Bolivia, en protesta por la violenta represión militar del día anterior, que dejó un estudiante universitario muerto (en un inicio fuentes del hospital de Puno reportaron dos muertos, pero luego corrigieron la versión señalando que uno de los alumnos dado por muerto no había fallecido, aunque se encontraba en estado “muy grave”) y unos 50 heridos. El congresista de izquierda Javier Diez Canseco, quien viajó a Puno luego de los violentos sucesos, señaló en diálogo telefónico con Página/12 que la protesta reunió a cerca de 50.000 manifestantes. “Es la marcha más grande que recuerdo haya habido en Puno en los últimos 25 años”, señaló.
Muchos de los manifestantes vestían de negro en señal de duelo, el cual había sido decretado por el gobierno regional, que también dispuso que el viernes fuera un día no laborable. Esta vez, policías y militares se recluyeron en sus cuarteles y la marcha fue pacífica. “Esto demuestra que si se hubiera dejado marchar a los estudiantes el día anterior no habría ocurrido ningún acto de violencia”, dijo Diez Canseco. Cuando las manifestantes pasaron frente a los locales policiales y de las fuerzas armadas se limitaron a gritar consignas contra el estado de emergencia y exigir sanción a los culpables de la represión del día anterior, pero no hubo ningún intento de agresión. Apenas hubo una breve trifulca, que no pasó de algunos empujones, entre los manifestantes y algunos periodistas.
Los puneños acusan a la prensa de tergiversar los hechos presentando a los estudiantes como los agresores.
Mientras los habitantes de Puno de volcaban a las calles exigiendo el levantamiento del estado de emergencia y el castigo a los culpables de la represión del jueves, el primer ministro, Luis Solari, y el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, se presentaban ante el pleno del Congreso para explicar lo sucedido. En una agitada cesión que se prolongó desde la mañana hasta cerca de las cinco de la tarde (siete de la tarde hora argentina), ambos insistieron en justificar la represión y culpar de lo ocurrido a los estudiantes. “No ha habido ningún exceso”, dijo Loret de Mola, a pesar de que cerca de 30 personas presentaban heridas de bala y varios de ellos habían recibido los impactos por la espalda. Loret de Mola volvió a acusar a los estudiantes de tener “armas blancas, armas de fuego y bombas molotov” y haber “cercado” a 15 efectivos militares, “los que tuvieron que disparar para defender su vida”, y repitió la versión oficial que pretende involucrar a los estudiantes de la Universidad de Puno, así como a los maestros en huelga, con Sendero Luminoso. “La versión de Loret de Mola no se sostiene por ningún lado, él debe asumir su responsabilidad y renunciar”, retrucó desde Puno Diez Canseco, quien asegura que “Sendero Luminoso no tiene nada que ver con lo ocurrido” y que “no se ha encontrado ningún indicio de que haya habido bombas molotov o armas en poder de los manifestantes”. La fiscalía de Puno confirmó lo dicho por el congresista. “Lo de Puno ha sido una barbarie, han disparado una cantidad impresionante de balazos a mansalva, la prueba es que muchos de los heridos son comerciantes que no tenían nada que ver con la marcha, es un milagro que solamente haya habido un muerto”, señaló Diez Canseco.
El oficialismo parlamentario apoyó cerradamente a sus ministros y la declaración del estado de emergencia, mientras el opositor partido aprista exigió que las fuerzas armadas sean retiradas de las calles. Sin embargo, el líder del APRA, el ex presidente Alan García (1985-90), dio un giro a la inicial oposición de su agrupación al estado de emergencia señalando que “esta medida puede mantenerse, pero estamos en contra que se le dé el control de la situación a las Fuerzas Armadas, porque su función no es controlar manifestaciones, para eso está la policía”. Y hasta el propio ministro del Interior, Alberto Sanabria, cuestionó la competencia de los militares para actuar en el control del orden interno: “Las FF.AA. no están preparadas para asumir esta función”, señaló, ante la sorpresa de los periodistas. Pero igual terminó defendiendo al gobierno.
Mientras la atención se centraba en las repercusiones de lo ocurrido en Puno, los maestros en huelga volvieron a salir a las calles de las principales ciudades del país. Se produjeron algunos enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas de seguridad y varias detenciones, pero esta vez no se repitieron los violentos sucesos de Puno. Varias ciudades del país, como Arequipa, Cuzco, Madre de Dios, Tacna, entre otras, serán escenario el martes 3 de mayo de sendos paros regionales exigiendo al gobierno central solución a las demandas de gremios como el de maestros, atención a sus reclamos por más recursos para obras locales y el levantamiento del estado de emergencia.
Paralelamente corren rumores de un posible paro policial, que las autoridades han desmentido, aunque el descontento entre los miembros de la policía por sus bajos sueldos (alrededor de 200 dólares mensuales para los suboficiales) resulta inocultable.

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Miles de manifestantes se congregan en Puno para protestar por la muerte del estudiante.
“Lo de Puno ha sido una barbarie, han disparado una cantidad impresionante de balazos a mansalva.”
 
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