EL MUNDO › ANTE LA PRESIóN POPULAR, EL CONGRESO ANULó EL NOMBRAMIENTO DE UN JUEZ FUJIMORISTA

Golpe de los indignados en Perú

Los legisladores del oficialismo, el fujimorismo, el partido de Toledo y la derechista Alianza por el Cambio dieron marcha atrás con la elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría y el Banco Central de Reserva.

 Por Carlos Noriega

Desde Lima

La presión de la calle le torció el brazo al Congreso. Las manifestaciones de protesta tumbaron el acuerdo político entre el oficialismo, el fujimorismo, el partido del ex presidente Alejandro Toledo y la derechista Alianza por el Gran Cambio, para repartirse los cargos en el Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva (BCR), elegidos en el Parlamento. Ayer, en medio de una amplia indignación ciudadana que tomó las calles para rechazar este acuerdo, bautizado popularmente como “repartija”, el Congreso, en una sesión extraordinaria que duró menos de veinte minutos, dio marcha atrás y anuló la elección de los nuevos miembros de estas instituciones. El Congreso retrocedió en su cuestionada elección, pero no ha nombrado a quienes reemplazarán a las autoridades desembarcadas antes de asumir sus cargos y tampoco ha anunciado qué mecanismos utilizará para que la próxima elección de estas autoridades no esté contaminada por el reparto político que desató la indignación ciudadana. En medio de la crisis política, ayer el presidente Ollanta Humala cambió a tres ministros: los de Desarrollo e Inclusión Social, Comercio Exterior y Turismo, y Cultura. Tres mujeres ingresan al Gabinete para ocupar esos cargos.

Con este retroceso del Congreso, presionado por la opinión pública, el encarcelado ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, ya no tendrá a su abogado, el ex congresista fujimorista Rolando Sousa, en el estratégico TC, máxima instancia judicial del país. La designación para el TC de Sousa, quien además de Fujimori tiene entre sus clientes a violadores de los derechos humanos, funcionarios públicos acusados de corrupción y procesados por lavado de dinero del narcotráfico, fue un factor clave que gatilló la indignación ciudadana. Sobre los otros cinco miembros designados por el Congreso para el TC existían diversos cuestionamientos: falta de independencia respecto del gobierno, carencia de formación constitucional para ejercer el cargo o, en un caso, ser abogado de un alcalde con múltiples denuncias de corrupción. La elegida para dirigir la Defensoría del Pueblo, Pilar Freitas, ex funcionaria pública en el gobierno del ex presidente Toledo, estaba cuestionada por las acusaciones de malos manejos en su contra. Para el BCR fueron elegidos tres directores que confirmaban el predominio en el manejo económico de la tecnocracia vinculada al empresariado y a las políticas neoliberales.

El mismo día que el Congreso selló el cuestionado acuerdo político, el miércoles de la semana pasada, la indignación se apoderó de las redes y llegó a las calles. Al día siguiente, el presidente Humala, sintiendo rápido el golpe del amplio rechazo popular al acuerdo político del cual su partido era parte, cuestionó la elección hecha por el Parlamento, pero, conocido el poder decisivo que Humala tiene sobre su bancada, su intento de desmarcarse de la votación de sus congresistas no fue convincente. La crisis ha debilitado al oficialismo en el Congreso, donde ha perdido cinco miembros. Ayer, argumentando su rechazo a la llamada “repartija” parlamentaria, cinco congresistas del partido del ex presidente Toledo, aliado del oficialismo en el Congreso, renunciaron a su bancada. Para alcanzar la mayoría necesaria para asegurar la mesa directiva del Congreso en la elección de esta semana, el oficialismo ha debido buscar el apoyo de bancadas menores de derecha. Pero no solamente Humala y el gobierno han sido afectados, el descrédito alcanza a la mayor parte de la clase política, incluyendo a casi toda la oposición. La izquierda, que tiene una pequeña representación en el Congreso, que estuvo al margen de este acuerdo político, el cual ha criticado con dureza, se ha sumado a las protestas ciudadanas.

El lunes en la noche se dio la protesta más grande. Convocados por las redes sociales bajo el lema “toma la calle”, más de cinco mil manifestantes, la mayoría jóvenes, marcharon por las calles del centro de Lima exigiendo la nulidad de la cuestionada elección hecha en el Congreso. Los cánticos contra Humala, Fujimori, Toledo y Alan García se sucedían entre la multitud. “Y dónde está, dónde está, el gobierno popular y nacional”, era el coro que se repetía recordándole a Humala las promesas de campaña incumplidas. Fue una marcha pacífica, pero la policía la reprimió con violencia, lanzando gases, agua y golpeando a los manifestantes. Ese día, la movilización ciudadana se repitió en las principales ciudades del país. Dos días después, el Congreso dio marcha atrás y anuló la elección que desató la ira ciudadana.

El escándalo golpea al gobierno a pocos días de que el presidente Humala cumpla, el domingo 28, dos años en el poder. Se anuncia una celebración agitada, con marchas de protesta convocadas para ese fin de semana. Los sindicatos se movilizarán en contra de una ley recientemente dictada por el gobierno que restringe los derechos laborales de los empleados públicos. Y los médicos y enfermeras de la salud pública se encuentran en huelga hace nueve días exigiendo aumento de sueldos.

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El Congreso, en una sesión que duró menos de veinte minutos, dio marcha atrás con la “repartija”.
 
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