EL MUNDO › EXIGIO QUE ESPAÑA EXTRADITE A CUATRO ACUSADOS POR LA JUEZA SERVINI

Amnistía apoya juzgar al franquismo

Según un comunicado de la organización internacional de DD.HH., España, que hasta ahora no ha colaborado con la Justicia argentina, debe cambiar de actitud y proceder con las extradiciones pedidas por la jueza Servini.

Tropas falangistas en Salamanca, 1936. Servini juzga los crímenes del franquismo.
Imagen: EFE.

Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión de la Justicia argentina de ordenar la detención de cuatro españoles sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. El fallo de la jueza María Servini de Cubría obliga a España a conceder la extradición de los sospechosos a Argentina. “Si, por algún motivo de índole legal tal obligación no pudiera ser satisfecha, España está obligada a proceder con la investigación de tales crímenes ante sus propios tribunales de Justicia”, destacó AI. Pero existe la posibilidad de que España burle el derecho internacional y se niegue a extraditar a sus ciudadanos, para así poder mantener el caso en su jurisdicción.

“Hasta ahora, España no ha demostrado voluntad de investigar y tampoco ha colaborado con la causa en la Argentina”, explicó a Página/12 Mariela Belski, directora de AI Argentina. “La obligación de España de conceder la extradición surge del derecho internacional. El tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal obliga al gobierno español a tramitar, una vez presentado, el pedido de extradición de la Justicia argentina.” De hecho, la Justicia española ha impedido que se esclarezcan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura que instauró Franco hasta su muerte en 1975. “España hasta ahora no ha demostrado voluntad de investigar y tampoco ha colaborado con la causa en la Argentina. Esa actitud debe cambiar ahora: España debe cumplir con el pedido de la Justicia argentina deteniendo y extraditando a los imputados”, agregó Belski.

Servini de Cubría basó su decisión en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los países están habilitados para investigar las violaciones a los derechos humanos, sin importar el lugar donde se cometieron o la nacionalidad de los victimarios. El pedido de extradición a España recae sobre cuatro de sus ciudadanos, relacionados con las fuerzas de seguridad durante los años en que Francisco Franco ejerció el poder. Para Belski, la resolución sienta un precedente al reafirmar el valor del principio de jurisdicción universal para investigar presuntos actos de tortura.

Servini de Cubría ordenó la detención de Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y José Ignacio Giralte González, todos ellos vinculados con las fuerzas de seguridad durante el franquismo. Los cuatro hombres están sospechados de haber torturado física y psicológicamente a opositores o sospechosos de serlo. Abascal, de 78 años, fue custodio personal del dictador y fue absuelto por la Justicia española por un crimen cometido en 1969. Veinte años más tarde, ya en democracia, fue nombrado comisario jefe de Seguridad Ciudadana. Giralte González, de 71 años, fue miembro de la Brigada Político Social (BPS), la policía del régimen franquista acusada de haber infligido castigos físicos a sus víctimas.

AI le había pedido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que recibiera a los familiares de las víctimas del franquismo durante su visita a Buenos Aires este mes. Era una oportunidad para realizar algún gesto en el país que desde 2010 inició una causa penal para esclarecer lo ocurrido. “AI ha documentado que múltiples acciones de los distintos poderes del Estado español se encaminan a evitar la investigación de los crímenes de la guerra civil y el franquismo”, expresó el organismo días antes de la llegada de Rajoy.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU investigará si la Justicia española está cumpliendo con su deber de investigar los crímenes del franquismo. En 2002, 28 años después de la muerte de Franco, se consideraron las primeras denuncias de tres ciudadanos desaparecidos entre 1947 y 1950. En 2004, el Grupo de Trabajo admitió que la falta de cooperación de las autoridades estancó el desarrollo de la investigación de las tres desapariciones. La decisión de la Justicia argentina es un aporte esencial para acelerar los juicios y reparar a las víctimas. “Para los familiares es una esperanza de lograr verdad, justicia y reparación, y comenzar a poner fin a la impunidad de los crímenes de esa época”, señaló Belski.

Informe: Patricio Porta.

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