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Las elecciones municipales de mañana serán una prueba de fuego para el sistema de partidos tradicionales, que lucha por sobrevivir en Bolivia y, por otro lado, significará la consolidación de la participación ciudadana en la vida democrática del país más pobre de la región. El proceso electoral de seis semanas se ha visto afectado por una media decena de atentados con explosivos de dinamita que causaron algunos daños materiales, registrados en las ciudades de La Paz y Cochabamba.
Los comicios, los primeros del siglo en esta nación de casi nueve millones de habitantes, tendrán lugar en 327 municipios. Están en juego 3626 concejalías, que disputarán 13.416 candidatos inscriptos pertenecientes a 17 partidos políticos, 337 agrupaciones ciudadanas y 62 agrupaciones de pueblos indígenas, que esperan acaparar los votos de cuatro millones y medio de electores inscritos, según los datos proporcionados por la Corte Nacional Electoral.
Los partidos políticos afrontan el reto de supervivencia, tras haber soportado las más duras críticas ciudadanas por el manejo en el reciente pasado no solamente de las instituciones democráticas, sino también de las mismas organizaciones partidarias, sin transparencia y con innumerables denuncias de corrupción y tráfico de influencias. La Ley de Agrupaciones Ciudadanas, promulgada en julio pasado por el gobierno del presidente Carlos Mesa, ha otorgado una nueva dinámica al juego democrático, con la presencia de cientos de agrupaciones ciudadanas que desean participar en el manejo del poder municipal, lo mismo que las agrupaciones de pueblos indígenas, deseosas de asumir su destino. Los analistas políticos, sin embargo, apuntan como riesgo principal de este nuevo ordenamiento a la dispersión del voto ciudadano, que obligará –ya que no existe una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos– a las negociaciones entre concejales electos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.