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Por J. J. B.*
Desde Cali
Cada uno de los 66 frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene asignada su cuota de semillas para la plantación de coca a partir de un esquema de autosuficiencia económica. Más aún, la principal guerrilla del país, que se califica de marxista-leninista y que cuenta en sus filas con unos 20.000 hombres en pie de guerra, cuatro veces más que la guerrilla del guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), procesa la coca en tres frentes de guerra.
Los frentes son: el de Arauca y Norte de Santander que dirige el hermano del Mono Jojoy, el de Los Llanos Orientales, el de Guaviare y sur del país, lo que le permite multiplicar sus ingresos. La exportan al mundo a través de las organizaciones narcos que les pagan con dólares o con armas.
Hace menos de un mes, la policía encontró tres contenedores repletos de dólares supuestamente destinados a la guerrilla. ¿Cuántos dólares caben en un contenedor?
Hay, pues, un auténtico cartel de la guerrilla y una pregunta en el aire. El proceso de degeneración de las FARC, ¿ha llegado al extremo de desnaturalizar completamente su fundamento ideológico? Hay respuestas diferentes. Un taxista de Bogotá le dirá que 40 de los 42 millones de colombianos están convencidos de que la metamorfosis es total. “Son narcoguerrillas, los guerrilleros cobran más que los policías y militares.”
Los entendidos en la materia, sin embargo, desde expertos gubernamentales a responsables de las ONG que trabajan en los distintos campos, pasando por los antiguos guerrilleros reciclados en la actividad política o las causas humanitarias, piensan que no se debe reducir a la nada el fundamento político, que late todavía en ese mundo. “Hay una degradación, sí, pero todavía pesa más la convicción política, aunque es evidente que las bases ideológicas han ido difuminándose. No creo que pueda decirse sin más que son una banda de mafiosos. Lo del narcotráfico es, hoy por hoy, todavía una relación funcional”, indica un antiguo guerrillero del EPL (Ejército Popular de Liberación) de inspiración maoísta, grupo que abandonó la violencia en el ‘84 tras la tregua pactada con el gobierno de Virgilio Barco. “El componente político de las FARC ha ido debilitándose a partir del momento en que decidieron construir un verdadero ejército. Ya no existe el freno político que había antes. La calidad política de la militancia es ahora muy baja porque han crecido mucho y no se nutren ya de los cuadros urbanos universitarios del PC, sino de la gente del campo donde practican las levas de jóvenes. Necesitan mucho dinero para mantener ese poderoso aparato militar y responder al fuerte compromiso económico adquirido con las familias de los combatientes, pero a su vez tienen un nivel de deserción altísimo porque todos los años se les van entre 400 y 600 militantes. Además –añade–, tras la caída de la URSS están completamente descolocados. No sintonizan con el momento político y la gente cada vez está más hastiada de ellos. No entienden que con la desaparición del muro de Berlín los derechos humanos y la democracia se han convertido en valores universales.”
El antiguo guerrillero ve a medio plazo en las FARC una clara tendencia a la disgregación. “La política de fumigación de cultivos del Plan Colombia hace que las plantaciones sean cada vez más numerosas pero más pequeñas. Eso y la autonomía financiera de los frentes permite suponer que cada vez van a tener más problemas internos. Cuando las órdenes vienen de arriba pero el dinero sale de abajo, lo normal es que se produzca fraccionamiento”, concluye.
Un antiguo miembro del PC que conoce personalmente a varios dirigentes de la guerrilla afirma que la catalogación de las FARC y el ELN como organizaciones terroristas o narcoterroristas no ayuda demasiado. “Lo son, claro, pero si no les dejamos una salida, si no les recordamos sus responsabilidades políticas, ellos seguirán deslizándose por el camino de la lumpenización, esto seguirá sin tener un final.” ¿Y cuál es la alternativa?, le pregunto. “A medio y largo plazo, la única salida es la legalización de la droga –responde–. Hay que negociar con la guerrilla pero después de que el Estado colombiano pueda atacar eficazmente a las mafias. Uribe tiene que combatir a todos, castigar los tres frentes del FARC que se dedican a procesar la coca. La comunidad internacional debería darle los 10.000 millones de dólares que necesita para hacer ese trabajo y presionar a las FARC para que abandonen la droga y los secuestros, exigirles que respeten los derechos humanos. Sin eso y sin la legalización posterior de la droga yo no le veo el final a todo esto.”
El presidente electo Alvaro Uribe se opone, sin embargo, a la legalización, al igual que EE.UU. Uribe no se priva de criticar la legislación colombiana actual que permite el consumo individual. “La consecuencia es que tenemos un millón de consumidores. ¿Alguien cree que esa cifra va a disminuir si legalizamos el cultivo y el tráfico?” Ciertamente, Colombia carece de los recursos públicos que permiten asistir a los toxicómanos en los países europeos y en EE.UU. Como carece de recursos para hacer frente al nuevo azote que se perfila en el horizonte: las mutilaciones por las minas antipersonal. “El número de víctimas que provocan las minas, militares en un 60 por ciento y el resto civiles, sobrepasa ya con 800 casos anuales las bajas que se producen directamente en los combates –apunta un alto responsable gubernamental–. Hay que pensar que dentro de 10 años tendremos unos 250.000 discapacitados por efecto de las minas y que la curación y la asistencia que precisa cada uno de estos casos es tan costosa que se encuentra fuera de nuestras posibilidades.”

* Especial de El País.