EL PAIS › HOY SE CUMPLEN TREINTA AñOS DE LA CLAUSURA DE LA OPINION Y CRONICA

Cuando la dictadura cerró dos diarios

El 21 de abril de 1978 dos decretos prohibían la circulación, distribución y venta de los diarios durante tres días por haber informado que Jorge Videla sería designado presidente por un nuevo período. El contraste en la reacción de los demás medios de prensa.

 Por Gustavo Veiga

Hace hoy treinta años, el 21 de abril de 1978, la dictadura militar clausuraba de manera simultánea los diarios Crónica y La Opinión por informar –como señaló el Buenos Aires Herald en un editorial– “que el Ejército planeaba proclamar ‘cuarto hombre’ al general Videla”. Según el medio más crítico de aquella época, que dirigía el inglés Robert Cox, la noticia socavaba “el principio sobre el cual descansa el gobierno, es decir, el poder compartido por las tres fuerzas armadas a través de los tres comandantes que integran la Junta”. Con la firma del general Jorge Rafael Videla, los decretos 936 y 937 prohibieron la distribución, circulación y venta de La Opinión y Crónica, respectivamente, por espacio de tres días, entre el 22 y 24 de abril. Comparar de qué modo se pronunciaron sobre estos hechos los otros medios gráficos que se publicaban en la Argentina del terrorismo de Estado es un ejercicio de revisionismo vital. Con una particularidad adicional: el diario de Jacobo Timerman (ya sin Timerman, quien había sido secuestrado el 15 de abril de 1977) estaba intervenido por la misma dictadura que lo clausuró.

Los decretos que ordenaron el secuestro de los ejemplares de Crónica y La Opinión con la noticia que molestó al régimen y la discontinuidad de las ediciones posteriores se firmaron el viernes 21 de abril del ’78 y se publicaron el martes 25. Cuando reapareció el segundo de los medios –a cuyo frente se encontraba el coronel retirado Francisco Basaldúa–, explicó en un pequeño recuadro de su tapa básicamente tipográfica: “La decisión gubernamental se fundó en el análisis de una información aparecida en esta página el viernes último, con el título ‘Definiciones en el Ejército’”.

El diario que en aquella época dirigía Héctor Ricardo García (hoy bajo prisión domiciliaria por delitos económicos) informó: “Esta fue la tercera vez en menos de quince años de vida de Crónica que el gobierno nacional la clausura”. En el mismo texto recordaba que el 23 de mayo de 1970 se había decidido la misma medida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía “por haber publicado una información procedente de la provincia de Córdoba sobre la muerte de un estudiante en incidentes callejeros durante el denominado Cordobazo”. Y, por último, señalaba que el 20 de diciembre de 1974, “cuando María Estela Martínez Cartas de Perón (Isabel) era la titular del Ejecutivo, por medio del decreto Nº 1961, se nos volvió a clausurar”. Crónica difundió que, en ese caso, “los argumentos utilizados entonces fueron que nuestra campaña para recuperar las Islas Malvinas creaba conmoción interna”.

El artículo que provocó el cierre de La Opinión sostenía: “Los altos mandos del Ejército proclamarán hoy formalmente presidente de la Nación para un nuevo período al teniente general Jorge Rafael Videla según trascendió anoche en esferas castrenses”. Lo firmaba Victorio Sánchez Jonoy. El autor, al igual que el director Luis Clur y el jefe de redacción Abel Maloney dejaron momentáneamente de cumplir tareas en La Opinión cuando volvió a circular porque, según otros medios, Basaldúa les pidió que renunciaran. Clur y Maloney optaron por solicitar ante el Círculo de la Prensa la constitución de un Tribunal de Etica para que juzgara cómo habían actuado en la publicación de la noticia.

Mientras tanto, a Crónica lo habían clausurado por dos artículos que trataban la misma información publicada en La Opinión y de la que surgía, según el decreto 937, “la evidencia de que la difusión de una noticia, a título de trascendido, constituye una temeraria afirmación sobre decisiones unilaterales de una institución que por la naturaleza trascendente de su objetivo, no sólo es de competencia exclusiva de la Junta Militar, sino que de modo alguno aquella institución se ha atribuido”.

El texto firmado por Videla finalizaba con una cínica explicación jurídica: “...conforme lo ha admitido la jurisprudencia de la Corte Suprema, la clausura y secuestro de una publicación se encuentra dentro de las facultades privativas del Poder Ejecutivo, acordadas por el artículo 23 de la Constitución nacional”.

No faltaron por entonces los repudios de la SIP y de las cámaras empresarias del sector, como Aedba, Adepa y Adira, que le enviaron telegramas al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Las clausuras de Crónica y La Opinión no serían las únicas, las primeras ni tampoco las últimas. Dos meses antes, el 25 de febrero del ’78, a La Razón le suspendieron sus ediciones por un día. “La sanción aplicada a uno de los diarios más antiguos de Buenos Aires se produjo a raíz de la publicación de un cable de una agencia noticiosa extranjera por el cual se suministraban noticias referidas a nuestro país. Si fuera por ello, prácticamente no habría una sola edición de un solo diario de circulación nacional y provincial que pudiera evitar el castigo del gobierno”, sostuvo el diario cuando reapareció.

Crónica y La Opinión, por cierto, dos medios gráficos de contenidos muy diferentes, ya habían sufrido ataques antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Cuando fue clausurado el 21 de abril del ’78, el diario de García sostenía que “durante su vida periodística, Crónica fue secuestrada en reiteradas oportunidades; se procesó a sus directores y máximos directivos; se le quitó la publicidad oficial y se “congelaron” los pagos de la ya publicada y se llevó a prisión a sus conducciones. Esto durante casi quince años y bajo diez gobiernos”, resaltaba en negrita la última línea.

El periodista Carlos Ulanovsky, en su libro Paren las rotativas (el más completo trabajo sobre la historia de los medios gráficos argentinos), escribió sobre las consecuencias de una convocatoria que formuló Crónica en 1974 para reclutar voluntarios que recuperaran las Malvinas: “Aunque se pensó que el diario de Héctor Ricardo García había cometido delito de sedición, el gobierno decidió pasar por alto la Constitución (en donde esa falta está prevista) y, sin recurrir a la Justicia, mediante el decreto ley 16.970, ordenó la clausura definitiva del diario”.

Con La Opinión había ocurrido algo parecido entre 1974 y 1975, pero con el agravante de que dos de sus periodistas, Pedro Barraza y Jorge Money, habían sido asesinados. Al primero lo mataron el 13 de octubre de 1974 y el cadáver del segundo apareció en un descampado de Ezeiza el 19 de mayo de 1975. La Triple A ya imponía el terror con cobertura del Estado y ensayaba de civil lo que después del golpe harían de uniforme los militares. Enrique Raab y Edgardo Sajón, entre otros periodistas que pasaron por el diario, están desaparecidos desde 1977. Lo demás es historia conocida. Timerman fue expulsado del país el 25 de septiembre de 1979. Un año y dos meses después, el 26 de noviembre de 1980, se remataban las instalaciones del diario. La Opinión dejaba de salir para siempre con su edición 3026.

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El director de La Opinión, Jacobo Timerman, había sido secuestrado justo un año antes de la clausura.
 
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