EL PAíS › LA CAUSA POR LA FUGA DEL REPRESOR JULIAN CORRES SE COMPLICA CON LA LLEGADA DEL JUEZ ALCINDO ALVAREZ CANALE

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Pidieron la recusación del juez por su relación con el jefe de la Federal en Bahía Blanca, quien, como adelantó Página/12, quedó detenido el miércoles, junto a su segundo. Investigan la complicidad de dos militares, uno retirado y otro en actividad.

 Por Diego Martínez

Las esperanzas de las autoridades judiciales y policiales de avanzar en la cadena de complicidades que permitieron la fuga del represor Julián Corres se hicieron trizas con el retorno, a Bahía Blanca y a la causa, del juez federal Alcindo Alvarez Canale. A la mañana, mientras en la calle trescientas personas le reprochaban no haber garantizado el traslado del torturador a la cárcel antes de irse de vacaciones, el magistrado transparentó involuntariamente su relación con los ex jefes de la Policía Federal sospechados de facilitar la fuga. Los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron la recusación del juez por su íntima amistad con el comisario Gustavo Ariel Scelsi, que incluía comilonas hogareñas y a quien hoy a las nueve debería indagar junto al subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Se trata del jefe y subjefe de la delegación local de la Policía Federal que, tal como adelantó ayer PáginaI12, fueron detenidos el miércoles.

Alvarez Canale, que luce en su despacho un retrato del general Julio Roca dedicado por “amigos del Cuerpo V”, tenía previsto volver de sus vacaciones a mediados de agosto. El miércoles a la noche invocó “la responsabilidad que me cabe” para reasumir su competencia. Su primera medida fue citar como testigos a tres de las personas que el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, los fiscales y sus auxiliares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria investigaban por su relación con Corres. La medida desbarató el trabajo de inteligencia que hubiera posibilitado acceder a una cadena de vínculos y complicidades.

Uno de los citados es Héctor Basilio Lapeirade, ex ejecutivo de YPF y directivo de la firma Chañares Herrados SA, la petrolera donde Corres trabajó durante el año y medio que estuvo prófugo y donde presta servicios el represor Luis Alfredo Zarattini. Corres salía de las oficinas de esa firma cuando Interpol lo capturó, en abril. Alvarez Canale no asentó que conoció a Lapeirade cuando se desempeñó como juez en Caleta Olivia, entre 1972 y 1984.

Los otros dos potenciales imputados que gracias al juez se convertirán en simples testigos son el teniente coronel Roque Jorge Cocco y el coronel retirado Rubén Darío Villano, ambos integrantes de la Jefatura II de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, el mismo destino de Corres cuando cometió los secuestros, torturas y asesinatos por las cuales lo procesó la Justicia. Ambos militares visitaban a Corres en su alojamiento VIP. Cocco suele participar de actos oficiales con autoridades que la prensa tradicional denomina “fuerzas vivas”, incluido juez, comisario y obispo, y fue quien asistió con camas, colchones, mantas y comida a los represores bahienses. El jefe de inteligencia del Ejército de quien dependen es el general César Milani. Una alta fuente de Defensa informó que la ministra Nilda Garré solicitó ayer al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y al del Cuerpo V, general Oscar Roberto Gómez, “que analicen y deslinden responsabilidades sobre la fuga de Corres”.

Mientras en la vereda una multitud escuchaba a la diputada Victoria Donda y al secretario de la APDH local, Eduardo Hidalgo, Alvarez Canale declaró ante un periodista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Según el relato de quienes debían custodiar a Corres, se percataron de su ausencia a las 8.45. Es decir que el juez, de vacaciones, se enteró 45 minutos antes y ordenó, todo indica que a su amigo el comisario Scelsi, cortar algunas rutas.

El juez también dijo que el 6 de junio ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo. No es cierto. Aquel día dispuso que “oportunamente” lo lleven al penal de Marcos Paz. Recién después preguntó si había cupo. El 18 le respondieron que sí y el 25, por razones desconocidas, ordenó que lo llevaran... a Campo de Mayo. “La responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal. Yo no lo podía llevar”, ironizó ayer. El director del SPF, Alejandro Marambio, informó que el traslado de Corres se frustró en dos oportunidades, el 11 y el 18 de julio, por “excesos de movimientos internos”. Aún no dio explicaciones.

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El juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale.
 
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