Desde Santa Fe

El Tribunal Oral Federal definió la fecha del juicio oral y público a siete presos por delitos de lesa humanidad en Santa Fe: será el 1° de septiembre. Las audiencias sentarán en el banquillo al único militar que sigue bajo proceso: el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco policías: los ex comisarios Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, Mario José Facino, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex oficial de Inteligencia, Eduardo Ramos.

El tribunal apartó del juicio al principal responsable del aparato represivo en el período más sangriento de la dictadura: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, a quien la semana pasada la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad por el “agravamiento ostensible de su salud”, que lo obliga a estar postrado y asistido por un respirador.

El juicio a Brusa y compañía será el segundo en Santa Fe. El primero comenzará el 30 de junio, cuando sea juzgado el ex gremialista de la Uocra Horacio Américo Barcos, que operó como personal civil del Ejército.

La investigación a los siete presos por delitos de lesa humanidad se remonta a 2002, fue la primera en la que el juez federal Reinaldo Rodríguez –después apartado de la causa– declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, acumuló miles de fojas, decenas de pruebas y el testimonio de más de cien testigos, que ahora volverán a declarar en las audiencias públicas.

Los siete imputados están presos desde hace cuatro años, desde principios de 2005, pero sólo tres detenidos en cárceles: Brusa y Ramos, en Las Flores, y Aebi, en la Estación de Tránsito. Los otros cuatro: Marcellini y los comisarios Colombini, Perizzotti y Facino tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde entonces están procesados por varios cargos: “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos”, en distintos grados. Y seis ellos –excepto Marcellini–, imputados por “asociación ilícita”, aunque esta causa fue desdoblada, está en la etapa de instrucción y aún no fue elevada a juicio por el conjuez Ricardo Lazzarini, lo que significa que después de este proceso habrá un segundo debate oral y público.

Después de varias vicisitudes, el Tribunal quedó integrado por dos conjueces: Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna y el juez del Tribunal Oral de Paraná, Roberto Manuel López Arango, quien reemplazó al abogado santafesino Martín Gutiérrez, que pidió apartarse del cargo por sentirse “coaccionado” por el Gobierno para condenar a los acusados por violaciones a los derechos humanos. Gutiérrez solicitó que lo eximan de su obligación de juzgar a Brusa y los demás por considerarse objeto de “violencia moral y psíquica, producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado nacional”, dijo. La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó su renuncia, pero confirmó a los otros dos conjueces que también habían sido recusados por la defensa de Brusa.

En la resolución que convoca a las audiencias, el Tribunal apartó también del juicio al coronel Rolón con el argumento del “deterioro ostensible de su salud”. “En función de los certificados médicos recibidos corresponde suspender la tramitación de la causa respecto al procesado Juan Orlando Rolón, al igual que los términos de la citación a juicio”, dice el decreto que firman Alberto de Creus y sus colegas Renna y López Arango.