EL PAíS › LAS CIFRAS Y LOS NOMBRES DEL HAMBRE

De vida o muerte

El hambre en un país que produce alimentos suficientes para alimentar a una población diez veces mayor constituye un escándalo imperdonable. Pero no ocurre por azar ni se debe a una catástrofe natural. Sus cifras y los nombres de sus responsables están al alcance de quien quiera conocerlos. La solución no es un asunto de asistencia social sino de política económica. El 10 por ciento más pobre de la población perdió este año nada menos que 630 millones de dólares o 2.200 millones de pesos de sus ingresos, que entre 1989 y 2002 cayeron del 2,3 al 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto.

 Por Horacio Verbitsky

La discusión sobre el hambre y las respuestas que se proponen desde el sistema político (pero también desde sectores bienintencionados de la sociedad civil) eluden en forma sistemática cualquier consideración sobre las causas de ese proceso vergonzoso. En apenas un cuarto de siglo la sociedad más armónica e integrada de Latinoamérica, sólo comparable en su estructura social con algunas europeas, se convirtió en una típica sociedad dual, de las que la sociología de 1950 ejemplificaba con el caso de Venezuela. Es decir, una isla de prosperidad y modernidad rodeada por el océano de la privación y la miseria, con todas las consecuencias que ya no es necesario imaginar porque forman parte de la vida cotidiana. Si no se toma en consideración la creciente asimetría en la distribución del ingreso y se adoptan para revertirla medidas tan conscientes y activas como las que llevaron a esta situación, en el mejor de los casos se aplicarán algunos paliativos que aliviarán por unos días la situación de unos pocos. En el peor, las medidas asistenciales provocan un doble efecto perverso: transmutan la desesperación popular en materia prima electoral para perpetuar este estado de cosas y consolidan la depreciación del ingreso, al bajar un escalón más el piso salarial. Esto produce también una degradación ética al instalar la dependencia crónica de la caridad como única forma de sobrevivencia. No está mal auditar el destino de cada moneda destinada a socorros de emergencia y ninguna defensa razonable puede hacerse del gobernador de Tucumán ni de muchos de sus colegas. Pero limitarse a eso es conformarse con una imagen fuera de foco. El caso extremo es el de aquellos medios de comunicación que en sus secciones de Buena Conciencia impulsan programas asistenciales y en sus análisis económicos reclaman continuar con los programas de ajuste estructural.
De abajo hacia arriba
El problema que hoy confronta a la sociedad argentina con una imagen de sí misma que la asusta, no se resuelve con medidas asistenciales, sino de política económica. Este proceso lo comenzó la dictadura militar a culatazos y lo continuaron los gobiernos de origen electivo a partir de 1983. Las políticas de unos y otros han diferido en muchos aspectos y las responsabilidades no han sido homogéneas. Pero todos han hecho su aporte al empobrecimiento popular, que se refleja en un dato irrefutable. En 1974, a la muerte del ex presidente Juan D. Perón, el 10 por ciento más pobre de la población percibía un 2,3 por ciento del ingreso nacional. Hoy, mientras gobierna un senador del mayoritario bloque justicialista, a cargo en forma interina del Poder Ejecutivo, esa participación se redujo al 1,1 por ciento. El sociólogo Artemio López, de la Consultora Equis, calculó qué magnitudes económicas implica esa transferencia de ingresos desde la base hacia la cúpula de la pirámide socioeconómica del país. A pedido del autor de esta nota, López fijó una atención especial en los años en que hubo cambios de gobierno, para discernir políticas y consecuencias específicas.
El análisis se ceñirá al denominado Gran Buenos Aires (que incluye tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a los partidos del conurbano de la Provincia de Buenos Aires). Se trata del aglomerado urbano más importante del país, que representa al 36 por ciento de la población total argentina y el 50 por ciento del ingreso total del país, por lo que su representatividad no es dudosa. El cuadro 1 muestra cómo decayó la participación del ingreso de los más pobres en comparación con los más ricos y la brecha de ingresos existente entre ambos en cada cambio de gobierno desde 1974.
Una observación cuidadosa del cuadro señala en qué momentos se produjeron los quiebres fundamentales. Durante la dictadura militar y el alfonsinismo, la participación de los sectores de menores ingresos se mantuvo, y el incremento de ingresos del vértice de la pirámide ocurrió a expensas de los sectores medios, con lo cual la brecha entre los dos extremos mostró un crecimiento moderado, de 12 a 15 veces. Fue Menem, con su promesa de la revolución productiva y el salariazo quien tomó por asalto los bolsillos de su base electoral. Al concluir su primera presidencia, con las políticas desarrolladas por sus gordos ministros Roberto Dromi y Domingo Cavallo la participación de los más desfavorecidos había caído del 2,3 al 1,7 por ciento y la brecha con los más ricos se había ampliado a 22 veces. La segunda presidencia, con el equipo económico ultraliberal del CEMA, profundizó esa tendencia. El ingreso de los más pobres siguió cayendo y la brecha volvió a crecer.
Apenas dos años le bastaron a la Alianza entre Fernando de la Rúa y Carlos Alvarez, y menos de uno al Senador Eduardo Duhalde para agravar todos esos males. En mayo de este año la participación del último orejón del tarro apenas llegaba al 1,1 por ciento del ingreso y la del decil lujoso había vuelto a crecer, al 37,6 por ciento, con una brecha de más de 34 veces entre ambos. Comparada con las 12 veces de diferencia en 1974, esa brecha creció nada menos que un 178 por ciento. Entre esos extremos queda apresada la tragedia argentina. A lo largo de un cuarto de siglo, el decil más rico es el único cuya participación creció.
Hablando en plata
López intentó medir ese impacto en pesos actuales, asignando valores a esos porcentajes sobre el Producto Interno Bruto. Para eso partió de los valores del Producto Interno Bruto para diciembre de 2001 y los corrigió por los índices que miden el retroceso de la economía y la inflación acumulada. Así pudo medir la pérdida sufrida por el decil más pobre, sobre un PIB de 105 mil millones de dólares, a valores constantes de 2002. Es un cálculo aproximado, pero permite representarse la magnitud de la caída.
Como se advierte, a partir de 1995 la pérdida de ingresos de los sectores indigentes ha ido en aumento. El último año de la primera presidencia de Menem fue la verdadera bisagra entre dos épocas para los niños pobres que tienen hambre. Para los niños ricos que tienen tristeza ese punto de inflexión se produjo mucho antes. El mejoramiento de sus ingresos comenzó a la muerte de Perón, con el rodrigazo y el golpe militar. Esos 630 millones de dólares de participación en el ingreso que los sectores del 10 por ciento más postergado de la población perdieron sólo este año en comparación con los ingresos que percibieron cada año entre 1974 y 1990, equivalen a 525 dólares por año por persona o 43,75 dólares por mes por persona o 1,45 dólar por día. O, convertido a la devaluada moneda local (a $ 3,50 por dólar), más de 1800 pesos por año por persona, o 153 por mes por persona o cinco pesos perdidos por día y por persona. Esa es la explicación irrefutable del hambre, más y menos urgente. Su restitución cubriría de modo holgado la demanda de ingreso requerida para una alimentación adecuada.
A este decil de ingresos pertenecen todos los niños desnutridos, esos muertos en vida cuyas imágenes saturan las pantallas y las páginas de los medios de comunicación, con títulos tan notables como “Ya son 13 los chicos fallecidos por desnutrición en Tucumán” (desde que el Gobierno y los medios decidieron mirar hacia allí, hace unos días). La denuncia presentada hace meses por el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consigna que antes del gran descubrimiento, los chicos muertos por desnutrición en todo el país superaban los diez mil al año.
El jueves, sin discursos ni reflexión sobre lo sucedido, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, para niños de hasta 14 años, mujeres embarazadas, discapacitados y ancianos a partir de los 70 años en situación de pobreza. La prioridad establecida son las mujeres embarazadas y los niños de hasta cinco años de edad. El financiamiento provendrá de una partida especial de hasta 1.500 millones de pesos o 428 millones de dólares, es decir que aun luego de su aplicación, la pérdida de ingresos del sector más necesitado seguirá siendo de más de 200 millones de dólares o 700 millones de pesos al año.
Esa pérdida marca la diferencia entre la vida y la muerte. En octubre de 2002 el INDEC valuó la línea de indigencia para un adulto varón de entre 30 y 59 años, en $ 3,43 por día. Es decir que cada día de este año el 10 por ciento más pobre de la población, y en particular los niños que son tan numerosos en los hogares más pobres, transfirió una canasta y media básica de alimentos a los menos necesitados. El hambre tiene responsables y sus principales nombres son los de aquellos que gobernaron a partir de 1989, entre ellos los dos infatigables rivales en las pugnas internas del justicialismo.

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