La querella solicitó 25 años de cárcel para el ex juez Víctor Brusa y los cinco policías que son juzgados por delitos de lesa humanidad: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos. En el arranque de los alegatos, el abogado Horacio Coutaz, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acusó a Brusa por ocho casos de “apremios ilegales” y a sus compañeros de banquillo por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos” en distintos hechos. Y retrucó la teoría de los perejiles. “Se ha dicho que los que están sentados aquí no son los ideólogos del terrorismo de Estado, pero sí estoy convencido de que ha quedado probado en este juicio que se está juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores”, afirmó.

Coutaz pidió también que se amplíe la investigación a otros denunciados en el debate oral, entre ellos tres militares del Destacamento de Inteligencia Militar 122; tres miembros del Poder Judicial: la jueza de Rosario Laura Cosidoy; el ex secretario del Jugado Federal de Santa Fe Víctor Montti, que ya es investigado, y el ex sumariante Jorge Núñez, que acompañaba a Brusa a tomar declaraciones en centros clandestinos. Y una decena de policías: el ex jefe de la comisaría 4ª Ricardo Ferreyra, que sucedió a Facino; dos laderos de Ramos: Juan Eduardo González y Víctor Hugo Cabrera, que participaron en la detención de uno de los querellantes, José Schulman, el 22 de noviembre de 1977, y los jefes de la seccional 1ª en 1976.

Coutaz alegó durante cinco horas por todos los hechos y todas las víctimas y al final solicitó la pena máxima prevista para estos delitos: 25 años de prisión para Brusa por ocho casos de “apremios ilegales” y el mismo castigo para los cinco policías por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos” en distintos casos. El abogado lamentó el desguace del juicio por la muerte de dos militares imputados (el ex jefe del Area 212 coronel Juan Orlando Rolón y el experto en Inteligencia Militar Nicolás Correa) y la decisión del Tribunal de apartar a un tercero (el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 coronel Domingo Manuel Marcellini) por problemas de salud. “Lamentamos no tenerlo a Marcellini, porque habría sido el primer egresado de la Escuela de las Américas en llegar a juicio”, dijo Coutaz.

“La querella sostiene que no media ningún tipo de atenuante para las conductas” de Brusa y compañía. Porque todos –explicó– formaron “parte de manera voluntaria y convencida del plan sistemático de terror y de una maquinaria estatal que concentró el poder absoluto, que tuvo un control absoluto de las instituciones” que hace difícil que uno pueda imaginar “algún condicionamiento para hacer lo que hicieron”. No hubo “ninguna fuerza mayor, externa o interna y ningún estado de necesidad” que pueda disminuir un ápice el grado de responsabilidad que les cabe”.

“Por el contrario, todo lo que uno encuentra cuando se acerca a estos tristes y lamentables hechos es un agravante.” Ellos eran “funcionarios públicos con la suma del poder, que mancillaron las instituciones, se ensañaron con seres indefensos, se solazaban con el dolor (de sus víctimas) y aprovecharon estas circunstancias para dar rienda suelta a acciones incalificables”.

Coutaz dijo que ninguno de los acusados demostró algún “tipo de arrepentimiento o siquiera un esbozo de culpa, más bien todo lo contrario”. Y se preguntó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles reservó el legislador el máximo de la pena?”. “La gravedad de estos delitos, la crueldad demostrada por los autores, las secuelas psicofísicas de las víctimas, la condición de policías y miembro del Poder Judicial, deben ser tomados en cuenta.”

Coutaz rebatió la teoría de los perejiles. “Se ha dicho mucho que aquí no están sentados los máximos responsables. No son las víctimas las que tienen que explicar por qué se ha enjuiciado hasta ahora sólo a seis personas. Más bien es la Justicia la que tiene que dar esta explicación”, dijo. “También se ha dicho ‘éstos no son los ideólogos del terrorismo’, pero sí estoy convencido de que ha quedado probado en este juicio que se está juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores.”

En el petitorio, Coutaz solicitó que se abrieran causas a los denunciados en el juicio. Entre ellos, a los siguientes:

• Héctor Melitón Martínez y Julio César Domínguez. Oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Los denunciaron Daniel García, Alba Sánchez y Andrea Trincheri.

• Domingo Morales. Otro oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Ya está procesado en la megacausa. Recientemente se agregó una investigación por las torturas que denunció María Cecilia Mazzetti, y ahora Coutaz reclamó que se lo investigara por la denuncia de Roberto Cepeda, a quien Morales trasladó desde un centro clandestino de Córdoba a la comisaría 4ª.

• Laura Cosidoy. Jueza del Tribunal Oral de Rosario. Era defensora oficial ante la Cámara Federal de Rosario durante la dictadura. La denunció uno de los ex presos políticos, Francisco Klaric, que declaró en el juicio. Coutaz pidió que se profundizara la investigación “sobre la presunta comisión de delitos como defensora oficial de Klaric”.

• Víctor Montti. Las declaraciones de Barquín y (del ex secretario del Juzgado Federal, Luis Rodolfo) De Aguirre en la causa 540/07 del Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Penal, respecto de Montti. Y copias certificadas de los hábeas corpus de García y Sánchez para “investigar la presunta comisión de delitos por parte de Montti”.

• Jorge Núñez. Sumariante del Juzgado Federal. Declaró en el juicio como testigo. Coutaz solicitó que le abrieran dos causas. Una por las denuncias de Klaric, Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Carlos Pacheco, entre otros. Y otra, por falso testimonio.