La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) querellará al Estado uruguayo en el caso por la desaparición forzada de la nuera del poeta Juan Gelman, en un proceso que puede hacer tambalear la Ley de Caducidad, que garantiza la impunidad en ese país desde el fin de la última dictadura y que fue confirmada por el voto popular en un referéndum a fines del año pasado. Luego de que se venciera, sin novedades, el plazo de un año concedido por la CIDH a Uruguay para que cumpla con las recomendaciones emitidas en su informe sobre el tema, el organismo decidió elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, secuestrada en Buenos Aires y desaparecida en Montevideo, en el marco del Plan Cóndor de cooperación entre las fuerzas represivas del Cono Sur. Es el primer caso contra Uruguay que llega a esta instancia, la más importante dentro de la Organización de Estados Americanos.

María Claudia y su marido, Marcelo Gelman, fueron secuestrados juntos de su casa de Buenos Aires por una brigada de hombres armados el 24 de agosto de 1976, cinco meses después del golpe de Estado en la Argentina. Ella tenía 19 años y esperaba una hija: estaba embarazada de siete meses. Tras el secuestro fueron separados. María Claudia fue llevada por militares uruguayos hasta Montevideo, donde el 1º de noviembre dio a luz una niña. La beba fue entregada a la familia de un policía uruguayo dos meses más tarde, pero se desconoce qué pasó con su madre. Marcelo Gelman permaneció en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Su cuerpo fue hallado en 1989 en una fosa colectiva sin nombre, junto a otros siete cadáveres. En 1999, tras 23 años de búsqueda, el poeta Juan Gelman, padre de Marcelo, encontró a su nieta, que pudo recuperar su identidad.

El proceso que se iniciará contra Uruguay busca poner en tela de juicio la vigencia de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –conocida como Ley de Caducidad–, el mecanismo de ingeniería legal implementado en ese país para garantizar la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura. La norma fue aprobada en 1986, un año después del regreso de la democracia y pocos días antes de la fecha estipulada para el comienzo de los primeros juicios contra miembros de las fuerzas armadas, en medio de un clima de temor y amenazas de desacato generalizadas de los militares a la Justicia civil.

Aunque la Ley de Caducidad fue refrendada dos veces en plebiscitos, una en 1989 y la otra durante las últimas elecciones presidenciales que consagraron a José Mujica como presidente, muchos consideran ilegal supeditar la decisión sobre la búsqueda de la verdad y el castigo a responsables de crímenes de lesa humanidad a la voluntad popular. Además, la norma entra en contradicción con la Constitución uruguaya, al entregarle al Poder Ejecutivo la facultad de decidir qué casos están amparados por ella, en una clara violación de la separación de poderes, y con la jurisprudencia histórica de la Corte Interamericana, que ha establecido que disposiciones presentes en el derecho interno de los Estados no pueden eximirlos de su obligación de investigar y penar a los responsables de violaciones de derechos humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a la víctima, al igual que parte de la sociedad uruguaya y sectores importantes del oficialista Frente Amplio, esperan que este litigio deje sin efecto la ley, y de esta manera quede destrabada la situación planteada tras el último referéndum, donde la anulación de la norma fue rechazada por un pequeño margen, complicando otros caminos internos para terminar con la impunidad.