Viernes, 11 de febrero de 2011 | Hoy
EL PAíS › EMPEZO EL JURY AL SUSPENDIDO CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET POR SU ACTUACION EN LA DICTADURA
En la primera jornada del juicio político por “su actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad”, el camarista mendocino dijo que “no omitió investigar” sino que “postergó prudentemente” hacerlo. Está acusado por no denunciar torturas.
El juez Luis Miret está dispuesto a dar pelea. “Pese a la perplejidad que me produce que todos los estamentos del Consejo de la Magistratura votaron en mi contra y a quienes me dicen ‘lo tuyo es indefendible’, incluidos ex amigos de los cursillos de la cristiandad”, según confesó ayer, el suspendido juez de la Cámara Federal de Mendoza acusado por su “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” se explayó durante la primera audiencia de su juicio político sobre el “turbio contexto” de 1975, aseguró que rechazó una oferta para ser juez federal titular porque no quería ser “un juez impotente”, que prefirió “liberar a los presos” como defensor oficial y que después les aconsejaba: “Hacete humo, andate del país”. Sobre la acusación de no actuar frente a denuncias de torturas y violaciones en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza explicó que “no omití investigar: postergué prudentemente las investigaciones en procura de reunir más elementos de juicios”.
La audiencia comenzó con la lectura de la acusación y de las “justificaciones” del juez por parte del consejero Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo. Los primeros cargos son por omitir investigar y/o denunciar torturas a un grupo de personas detenidos en el D2 en agosto de 1975. Ordiales destacó el caso de Luz Faingold, de 17 años, violada durante su cautiverio en el D2, que dependía del brigadier Julio Santuchione. Sostuvo que Miret admitió los hechos y que su condición de subrogante no atenuaba su responsabilidad. Rechazó la posible prescripción por tratarse de “un proceso de naturaleza política” y explicó que la propia Corte Suprema admitió la imprescriptibilidad de delitos cometidos al amparo del Estado antes del golpe de 1976. “El argumento de que no hubo omisión de denuncia sino demora” en investigar las torturas “no resiste el menor análisis”, dijo.
El cuarto cargo, por mal desempeño, es por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad pese a su amistad con un ex jefe militar, el general Juan Pablo Saa. El consejero acusador recordó que Miret sí se había excusado en 1987, cuando admitió la relación con Saa, y sugirió que “la amistad no varía según la entidad del proceso”. El último cargo es por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar la identidad de la hija de una pareja de desaparecidos, delito no amparado por las leyes de impunidad. “Miret invocó una carta manuscrita en la que Laura Terrera le dice a su padre ‘estamos bien y retornamos en los próximos días’. Para el juez fue prueba suficiente de que no estaban secuestrados”, explicó, y destacó que debieron pasar veinte años hasta que Celina Manrique Terrera logró conocer su identidad. Ordiales calificó los descargos de Miret como “meras excusas sin sustento, más propias de un lego que de un magistrado”.
Tras la acusación se inició la defensa, primero a cargo del abogado Jorge Luis Falco, luego del propio Miret. Falco repasó la carrera judicial de su cliente, destacó que en agosto de 1975 era defensor oficial y “es falaz decir que actuó como juez” porque “todos sabemos la solvencia que debe tener un magistrado” (sic). Pidió contextualizar las omisiones de denuncia en “las turbulencias de 1975 y los atentados de la extrema derecha y la extrema izquierda”. El archivo de la causa para investigar el destino de una hija de desaparecidos fue para Falco “un error absolutamente subsanable” con sólo desarchivarla. Sobre las violaciones en el D2, destacó que el novio de la víctima la escuchó gritar que “dejaran de ultrajarla” y justificó la actuación de Miret en “la amplitud del concepto: ultrajada tiene muchas acepciones”, dijo.
Antes de iniciar su exposición, Miret pidió un cuarto intermedio y fumó un cigarrillo. Sus primeras palabras fueron para el ex consejero Héctor Masquelet, mentor de la acusación. “Excelente trabajo técnico” pero “con falacias y exageraciones”, dijo. “Fui defensor de los derechos humanos antes, durante y después del proceso”, advirtió, en referencia a la última dictadura. “Soy inocente, estoy tranquilo con mi conciencia”, aseguró. Aclaró en tercera persona que “Miret está dispuesto a responder pero necesita ser escuchado”. “Llegó la hora de la tolerancia. Si me escuchan verán que no fui ni soy su enemigo”, abundó. Dijo que “Mendoza tiene al mejor equipo de defensores de derechos humanos del país” y que “no se equivocaron en los ideales pero sí en la persona que han atacado”.
Ante la primera pregunta se explayó cuarenta minutos. Recordó “el clima enrarecido” de 1975 y destacó que “no había un plan sistemático sino un loco de la guerra” que “azotaba a prostitutas, travestis y zurdos”, en referencia a Santuchione. Sobre los detenidos de agosto de 1975, pidió que se considerara que “fue el primer grupo en Mendoza al que se adjudicó ser subversivos”. “Luego supe que eran aprendices, aunque tenían armas y panfletos”, dijo. Para justificar su actuación destacó que hablaba en privado con los abogados de los presos, que “ninguno denunció apremios ilegales” y que él mismo les sugirió: “No seamos imprudentes porque la van a pasar peor”.
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