EL PAíS › DOS REFLEXIONES

El camino hacia las elecciones

Opinión

Kirchnerismo, juventud y política

Por Sebastián Artola *

Desde la llegada al gobierno, el 25 de mayo de 2003, hasta el presente, el kirchnerismo atravesó tres momentos. Una primera etapa marcada por el liderazgo de Néstor Kirchner, y la tarea casi en soledad de reconstruir una autoridad pública y relegitimar una representación política tras la debacle de 2001, caracterizada por una adhesión social mayoritaria y multicolor, unida por el interés compartido en lograr estabilidad institucional y superar la crisis económica. Un segundo momento que se inicia con la puja redistributiva frente a las patronales agrarias, cuyo saldo será lo que algunos denominaron como “minoría intensa”, una base de apoyo activa, militante, ideológica, con creciente presencia juvenil, pero reducida con relación al conjunto social, que va a quedar más que claro en las elecciones de 2009. Y una tercera etapa que se abre con el impulso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasando por el impacto de la Asignación Universal por Hijo; la recuperación económica después del sacudón internacional, sobre la base de políticas de promoción del empleo y el poder adquisitivo; las torpezas de la oposición política; la aprobación del matrimonio igualitario; los festejos del Bicentenario; y, por supuesto, la multitudinaria despedida a Néstor Kirchner, protagonizada por los cuerpos y las voces del pueblo, con sus trabajadores, amas de casa, profesionales, productores y, principalmente, jóvenes que lo reconocieron como el “único héroe en este lío”, que darán forma a una nueva mayoría social de respaldo al gobierno.

Esta renovada adhesión, en cuyo fondo late el quiebre de la hegemonía del discurso mediático dominante, sin dejar de ser heterogénea, pero con una conciencia política sustantiva sobre las conquistas alcanzadas en estos años, pasará a articularse en torno de la “defensa del modelo”, del “Nunca menos” y de la expectativa variada pero común respecto de que éste es el rumbo que más cerca puede estar de dar respuesta a las necesidades aún pendientes y a las llamadas “demandas de segunda generación”, lo que se expresó con contundencia en los resultados de las primarias.

Ahora bien, el emparejamiento de la batalla cultural y la fractura del discurso hegemónico como relato único lejos están de significar una hegemonía cultural del kirchnerismo (como escribió Beatriz Sarlo), o que las corporaciones mediáticas no sigan teniendo un papel activo en la puja política y en la modelación de una parte no menor del sentido común social. De ahí los renovados desafíos para el próximo período de gobierno. Lo dijo Cristina en marzo pasado: “Profundizar la organización popular” e “institucionalizar el frente nacional, popular y democrático”. Traducir la adhesión mayoritaria al Gobierno en fuerza y construcción política constituye una tarea prioritaria, que interpela a las organizaciones en el desafío de habilitar a que los sectores populares se constituyan no sólo en destinatarios de las políticas pública sino, y centralmente, en sujeto activo y protagónico del proyecto nacional.

Más que nunca la organización popular debe proyectar la articulación entre las demandas sociales y el Estado, promoviendo la necesaria iniciativa desde abajo, la traducción de las necesidades en propuestas políticas que permitan conquistar nuevos derechos y el anclaje del Estado en el seno de la comunidad a través de garantizar el arribo de las políticas públicas a los sectores más necesitados. Institucionalizar supondría estructurar el arco de apoyos sociales, políticos y culturales bajo la forma de un frente político y social que vaya más allá de la competencia electoral. Por un lado, a través de crear un lugar permanente de elaboración de políticas públicas, formación y preparación para el ejercicio de gobierno. Por el otro, construyendo un espacio que defina conceptualmente el proyecto nacional, otorgue unidad a las ideas y realice la síntesis del paradigma nacional y popular. Ambos planos hacen a los elementos de continuidad y superación de la etapa de cambios en curso: fuerza política propia y conciencia popular de transformación.

Por último, la clara decisión de Cristina de renovar la dirigencia política y hacer realidad el “puente entre las viejas y nuevas generaciones” plantea a las militancias juveniles un desafío con pocos precedentes en nuestra historia política. Para que esta posibilidad abierta signifique un salto cualitativo del proyecto nacional, en términos de recrear una representación política más consustanciada con el pueblo, debería fundarse sobre las militancias con sus prácticas diarias enraizadas en la vida popular, la realidad social y la experiencia tallada por la contienda política de estos años. Lo cual desafía a los colectivos juveniles a poner en debate cierta “lógica de gestión” que hace a los claroscuros de la construcción política, entendiendo por la misma la práctica circunscripta a la mera administración de las cosas, acrítica, despolitizada y, en consecuencia, inhibida del potencial transformador que tiene todo lugar institucional en el marco de un proyecto político popular; sin por ello dejar de entenderla como parte de las tensiones y contradicciones de todo proceso popular real.

Ahora bien, si la renovación de la representación nacional y popular debe realizarse sobre las prácticas militantes para desplegar toda su potencialidad de cambio, éstas a su vez tienen el desafío de reelaborar una nueva idea de militante que no niegue la gestión sino que la incorpore, imprimiéndole politicidad, dimensión colectiva, inscripción social y una ética pública de la transformación. Una noción de compromiso militante integral que conjugue dualidades muchas veces planteadas en términos dicotómicos: gestión-transformación; crítica-convicción; pasión–responsabilidad. En fin, el dilema weberiano de la política entre “ética de la responsabilidad” y “éticas de la convicción”, como opuestos y complementarios. Néstor Kirchner fue eso, presidente y militante. O mejor dicho, militante y presidente. Su ideario ético quedó grabado a fuego en la ya conocida frase de su discurso de asunción: “No vengo a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. Eso lo convirtió en el presidente que corrió la línea e hizo posible lo que parecía imposible en la Argentina democrática post-1983. De cómo se recoja ese legado y se resuelvan estas encrucijadas queda atada buena parte de las posibilidades de transitar un horizonte de nuevas conquistas sociales para nuestro pueblo, y de seguir avanzando hacia un horizonte democrático más pleno.

* Licenciado en Ciencia Política; profesor de la UNR.


Opinión

CFK y la unidad nacional

Mónica Peralta Ramos *

La lluvia de votos en las elecciones primarias consagró el liderazgo indiscutible de la Presidenta sobre su partido y mostró su gran influencia sobre vastos sectores sociales de todo el país. Conocidos los resultados, CFK convocó a la unidad nacional para concretar un proyecto nacional que, según sus palabras, se sintetiza en tres conceptos: patria, libertad e igualdad. Muchos factores han contribuido a este éxito electoral. Aquí nos interesa destacar la capacidad de la Presidenta para interpretar las demandas de cambio y de participación de la población –especialmente de la juventud– y su coraje para adoptar medidas destinadas a lograr una renovación de los cargos electivos del partido. Esto significó un enfrentamiento implícito con los pilares tradicionales del poder peronista: los sindicatos y la burocracia del partido. Dato no menor: muchos de estos dirigentes ocupan posiciones claves no sólo en el sindicalismo, sino también en distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. El triunfo de CFK en las PASO significó pues algo más que un reconocimiento a su gestión y apunta a la renovación de las instituciones políticas como canales de expresión de las reivindicaciones populares.

Ante la inminencia de otro fracaso en las elecciones de octubre, la oposición ha quedado más dividida y desarticulada que nunca. Ha tratado de desvirtuar los resultados de las PASO. Ha alertado sobre el peligro que implica para la institucionalidad un éxito electoral contundente del oficialismo. Ha amenazado con una inminente catástrofe económica en los próximos meses como consecuencia de los desaciertos de la política actual. No parece casual que se tema por la institucionalidad del país luego de un éxito electoral de esta magnitud, ni tampoco parecen casuales las amenazas de una futura catástrofe económica. Desde la caída de la última dictadura militar que impuso el terrorismo de Estado para “controlar la gobernabilidad”, la desestabilización de la democracia ha tomado la forma de desabastecimiento, inflación, corridas cambiarias y especulación financiera. Sectores importantes de la oposición intentan ahora limitar la “profundización” del modelo encauzándolo en la búsqueda de una “racionalidad” cuyo norte principal sería una “licuación” de políticas destinadas a reducir la autonomía en las decisiones de gobierno y a neutralizar las demandas de mayor participación popular. Esta nueva estrategia es protagonizada, entre otros, por dirigentes empresarios y representantes de grandes empresas que hasta hace poco tiempo se deshacían en críticas de todo tipo a la política económica oficial.

Desde los orígenes de nuestra independencia el país se ha visto sacudido por un enfrentamiento no resuelto entre los que tienen más y los que tienen menos, y entre Buenos Aires y el resto del país. Finalizada la guerra civil, a mediados del siglo XIX se articuló un proyecto de país que impulsó los intereses de los sectores económicamente más poderosos sobre los intereses del resto de la población. A poco de andar se hizo evidente que este proyecto era incapaz de conciliar entre sí las distintas reivindicaciones económicas y políticas de los segmentos dominantes, o de legitimarse ante el conjunto de la sociedad conciliando el objetivo de crecimiento económico con las necesidades de los más rezagados. Esto derivó en una sistemática incapacidad por parte de los que tienen más de llegar al poder político a través de la vía democrática. Y como la historia de un país no puede ser controlada a perpetuidad utilizando la mera coerción, los sectores sociales rezagados –que siempre son mayoritarios– encontraron la vía por la cual llegar al Estado y expresar desde allí sus demandas de inclusión económica, social y política. El yrigoyenismo primero, y luego el peronismo, constituyeron los movimientos sociales que –impulsados respectivamente por las clases medias y los sectores populares– utilizaron en distintos momentos el camino electoral para llegar al control del Estado. Sendos golpes militares terminaron con estos intentos de cambio de la estructura de poder.

Se configuró así una paradoja que explica el estancamiento económico a lo largo de casi un siglo: el recurrente enfrentamiento entre sectores económicos dominantes y entre éstos y los sectores populares en un contexto político en el que los últimos podían llegar al control del Estado y sus recursos a través del sistema electoral. De ahí la endémica crisis de legitimidad de las instituciones argentinas y la expresión cruda y sin atenuantes de la voluntad de poder a través de las organizaciones corporativas y militares. Los más privilegiados económicamente no han sabido formular un proyecto político que, teniendo como meta el interés general, pueda expresar una conciliación entre sus propios intereses y entre éstos y los del resto de la población. Conciliar intereses implica hacer concesiones, postergar o renunciar parcial o totalmente a ciertas ventajas económicas y políticas, pensar en el futuro del país como un todo, buscar alianzas donde todos los involucrados conceden algo inmediato para lograr un beneficio común, más general. No parece que estas pautas hayan regido el accionar económico o político de los sectores sociales más poderosos. En este contexto no puede extrañar la incesante fragmentación de los partidos de oposición, ni tampoco la presión política ejercida crudamente a través de las grandes empresas y asociaciones empresarias de mayor peso, y de medios de comunicación controlados monopólicamente. Los resultados de las PASO muestran una vez más la relevancia y vigencia de esta paradoja. Sólo que ahora todo es más explícito. Y lo es, en parte, porque nuestros dos últimos presidentes han demostrado tener vocación de cambio y –en sus propias palabras– no abandonaron sus convicciones a las puertas de la Casa Rosada. Esto les ha reportado una legitimidad de representación que se expresó en las PASO. Pero hay algo más: la política de derechos humanos y muchas de las políticas económicas tomadas en los últimos ocho años –al apuntar a la integración nacional y a la inclusión social– han traído al primer plano del escenario político las raíces estructurales de la dominación haciendo posible la movilización de vastos sectores sociales en pos de demandas que desnudan las diferencias sociales y provocan el temblor de las estructuras de poder. La búsqueda de inclusión social y participación política y la convocatoria a la unidad nacional explicitan las limitaciones de esa estructura de dominación, vuelven posible su discusión y la búsqueda de un camino alternativo para el crecimiento económico. Las políticas económicas impulsadas por el kirchnerismo han logrado despertar la adhesión de vastos sectores populares y el rechazo de los que temen perder posiciones de poder. Las características de la acumulación del capital en el país y la coyuntura internacional imponen límites estructurales al crecimiento con inclusión social y plantean la necesidad de profundizar el modelo actual. La legitimación de la gestión oficial en las próximas elecciones le dará al gobierno de CFK el poder que necesita para enfrentar los obstáculos a la profundización del modelo. La movilización y participación activa de la ciudadanía en la discusión de políticas y en el control de gestión constituyen la mejor garantía de que el rumbo emprendido podrá ser profundizado. De ahí la importancia de la apertura de nuevos canales institucionales para el ejercicio de la participación popular y del control de gestión.

* Autora de La economía política argentina (FCE), entre otros libros.

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