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Guido Carlotto y la jefa del SPB

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, y la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, se reunieron ayer para “articular políticas para la transformación del sistema penitenciario provincial”, según se informó a través de un comunicado. La Secretaría de Derechos Humanos sostuvo que el objetivo es “seguir trabajando para erradicar prácticas institucionales, estructuras y paradigmas autoritarios violatorios de los derechos humanos desde el desarrollo de políticas de seguridad democrática integrales para el sistema penitenciario bonaerense”. Uno de los ejes del encuentro fue la comisión de seguimiento de las medidas cautelares presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del SPB.

Carlotto señaló que el gobernador Daniel Scioli instruyó la elaboración de un proyecto de decreto para reactivar el programa de Prevención de la Tortura (PRE.TOR.) El PRE.TOR. funcionará en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y poseerá un consejo consultivo presidido por el organismo que preside Carlotto y que incluye a los ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Social, Salud, Gobierno, Niñez, el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y organizaciones de la sociedad civil. La secretaría señaló también que “desde mediados de junio, en el marco de una instrucción de Carlotto, la Secretaría de Derechos Humanos retomó las inspecciones a los centros de encierro” y que “trabajar en la formación de los agentes penitenciarios resulta clave para erradicar prácticas institucionales, estructuras y paradigmas autoritarios violatorios de los derechos humanos” y que, por eso, “la secretaría está empezando a trabajar en conjunto con el SPB en los diseños curriculares de la formación de los agentes penitenciarios, para garantizar una formación basada en los derechos humanos”. Carlotto destacó la decisión de la jefa del SPB de disolver la Unidad 29 de Melchor Romero como unidad de traslado. “Ese fue un reclamo histórico tanto de esta secretaría como de otros organismos de derechos humanos. Es necesario consolidar esta política en el sistema”, aseguró Carlotto.

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