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El 0-800 que el macrismo puso en funcionamiento a través de su ministro de Educación y que ayer defendió el propio jefe de Gobierno evidencia dos cuestiones: las contradicciones entre lo que dice y lo que hace y su particular concepción de cómo la participación y la ciudadanía se ponen en juego en la comunidad educativa.

“La verdad (es) que estoy totalmente a favor del 0-800. Vamos a poner, hemos habilitado redes sociales y todo tipo de sistemas para que la gente denuncie lo que esté pasando en su escuela y no le gusta (sic)”, dijo ayer Mauricio Macri.

“Si no le gusta la nota con que calificaron una evaluación de su hijo llame al 0-800, si no le gusta la sanción que le pusieron a su hijo llame al 0-800, si no le gusta la tarea que le dieron a su hijo llame al 0-800”; ¿es este acaso el modelo de comunidad educativa que promueve el PRO? El macrismo se llena la boca hablando de diálogo, de familia, de respeto a los docentes. Una de las cosas que más dijo Macri en su campaña en el 2007 fue que venía a restituir la autoridad docente. Pues bien, esta medida que intenta llevar a cabo en la Ciudad no hace otra cosa que destruirla.

Quienes creemos en una sociedad democrática, concebimos al ciudadano como un sujeto que construye y comparte con otros un espacio común. La lógica de la denuncia no permite la formación en valores democráticos. Si en lugar de resolver los problemas, proponemos que el padre denuncie a la comunidad educativa, ¿qué escuela estamos construyendo?

Es claro lo que podemos esperar de un jefe de Gobierno que se jacta de decir que un libro como El Eternauta no entrará más en las escuelas; aunque luego corriera a desdecirse rápidamente. Probablemente porque algún asesor le habrá informado que prohibir la circulación de un libro es delito (según el artículo 161 del Código Penal) y que esta acción le significaría un nuevo procesamiento penal.

La escuela tiene la misión de formar a los alumnos para acceder a los estudios superiores, al mundo del trabajo y construir una cultura ciudadana democrática. Para ello debe promover la participación de los jóvenes, el desarrollo de debates y la discusión política; pero no para el proselitismo sino, como expresó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para generar compromiso e interés por lo público, por lo colectivo, por el país.

En el proceso de aprendizaje es necesario que los padres estén presentes y que se comprometan con el proyecto educativo. Lo dice la propia Ley de Educación Nacional Nº 26.206 en el sentido de “asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones de todos los niveles”. La forma en que los padres se vinculan con la escuela y resuelven los conflictos también es formativa. Si un padre encuentra una dificultad, lo primero que debe hacer es ir a la escuela, conversar con directivos, docentes, pedir que se reúna el Consejo de convivencia. Participación y compromiso.

El gobierno porteño, en cambio, no habla de participación ni tampoco promueve el acercamiento de los padres a los colegios para resolver, desde el diálogo, cualquier problema que se suscite. “¡Llame ya y reclame!”, es el mensaje, que no está dirigido a una familia comprometida, sino a personas en su calidad de consumidores de bie-nes o servicios. Claro está que no se trata de un gobierno confundido, sino simplemente de un modelo de gestión que continúa reafirmando su identidad.

Una de las cuestiones que siempre decimos los educadores es que hay que formar ciudadanos críticos (que no es lo mismo que criticones). Ciudadanos críticos son aquellos que analizan, debaten, comparan, cuestionan, participan. Es sabido que los jóvenes aprenden más de lo que hacemos los adultos que de lo que decimos. Enseñémoles a nuestros alumnos que participar no tiene nada que ver con hacer una denuncia por teléfono.

* Diputada nacional del Frente para la Victoria.