EL PAíS › ARTURO PURICELLI ORDENó QUE SE LE DEJE DE PAGAR EL RETIRO A EDUARDO ALFONSO

Sin haberes para financiar su fuga

El ex secretario general del Ejército del gobierno de la Alianza está prófugo, acusado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El ministro de Defensa dio la orden tras una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo.

 Por Irina Hauser

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, ordenó dejar de pagar los haberes de retiro militar al ex secretario general del Ejército del gobierno de la Alianza, Eduardo Alfonso, quien los seguía cobrando hasta ahora pese a estar prófugo desde mayo en una causa en la que se lo acusa de haber participado en el operativo que terminó en la desaparición de Beatriz Recchia y el asesinato de su marido, Domingo García, durante la última dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado la semana pasada esta situación, en una presentación en la que advertía que el Estado no estaba haciendo más que “financiar la fuga” del represor.

Alfonso percibía 8016,71 pesos por mes. Se los depositaba una mutual, la Sociedad Militar Seguro de Vida, en una cuenta suya en el Banco Macro, donde evidentemente en los últimos meses alguien retiraba el dinero por él. El pago era enviado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que depende de la cartera de Defensa, que esta semana recibió la orden de dejar de girárselo. La indicación surgió de un dictamen jurídico del propio ministerio, que dice que la primera falta que cometió Alfonso, en contra de lo que dispone la reglamentación interna del Ejército para los militares relevados, fue no informar su cambio de domicilio. Esa irregularidad se castiga con el cese del pago.

En el ministerio consideran que en este tipo de casos debería ser el juzgado donde tramita la causa el que disponga cortar el pago, algo que no sucedió en el expediente contra Alfonso, que tramita la jueza Alicia Vence. En otros dos casos de represores prófugos, la iniciativa fue judicial: para el teniente coronel Angel García Moreno, fue el fiscal de Bahía Blanca Abel Córdoba el que planteó el cese de los haberes; para el coronel Carlos Alfredo Sabattini lo pidió el juzgado de Santa Rosa, La Pampa. En Defensa señalan, además, que no puede haber una orden general que disponga hacerlo automáticamente cuando un militar se fuga, sino que la Justicia debe evaluar las distintas circunstancias.

En su reclamo, Abuelas de Plaza de Mayo planteaba la “irregularidad” de que el dinero del retiro pudiera “ser utilizado por el imputado o por otras personas de su círculo cercano que colaboran con él para financiar su fuga y mantenerse al margen de la acción de la Justicia”. También señalaban como una contradicción el hecho de que se hubiera ofrecido una recompensa de 100 mil pesos a quien pudiera aportar datos de Alfonso y que a la vez se le siguiera “depositando mes a mes el dinero que puede utilizar para continuar prófugo”.

El 12 de enero de 1977, un grupo de tareas formado por cerca de treinta militares, irrumpió en la casa donde vivían, en Villa Adelina, Beatriz Recchia, Domingo García y su hija Juliana, de tres años. A él lo mataron en el patio. A su esposa, que estaba embarazada de cinco meses, la secuestraron y sigue desaparecida. En cautiverio dio a luz una niña, a quien su hermana Juliana buscó hasta que la encontró, en 2009. Las pruebas de que Alfonso, cuando era teniente, participó en ese operativo, estaban en su propio legajo personal. Allí había un informe de Calificación que daba cuenta de que ese 12 de enero obtuvo un parte de enfermo, con un diagnóstico que decía “herida de bala con perforación intestinal”. En el Boletín del Ejército 4148, del 6 de julio de 1977, figura una condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo y haber quedado “herido en combate”. En diciembre de 2008, Alfonso fue procesado como partícipe necesario de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado. Fue detenido y liberado poco después. Luego, la Sala I de la Cámara de San Martín le dictó falta de mérito, con el curioso razonamiento de que tal vez no conocía “la finalidad” del grupo operativo que integraba. Su defensa había argumentado que de lo que participó fue de un operativo de tránsito. El 22 de mayo último, la Cámara de Casación Penal anuló aquella decisión, devolvió la causa a primera instancia y la jueza Vence ordenó detenerlo e indagarlo. Pero Alfonso ya se había ido. Interpol lo busca y aún no lo encuentra. Sigue fugitivo, pero con un ingreso menos.

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Eduardo Alfonso en el momento en que se lo detuvo por los delitos de los que se lo acusa.
Imagen: Rafael Yohai
 
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